por Arturo Rodríguez
En las últimas semanas, cinco de los siete activistas de los CDR encarcelados el 23 de septiembre durante la llamada Operación Judas han sido liberados, con fianzas de entre 5.000 y 10.000 €, irrisorias para acusados de terrorismo. Y es que toda la causa se está derrumbando como un castillo de naipes, demostrando que esta era una nueva maniobra del Estado para criminalizar la movilización, intimidar a la juventud y acorralar la lucha por la autodeterminación de Cataluña.
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