Nuevas pruebas y la reciente incautación del celular del ex intendente Edgar Blanco refuerzan la investigación sobre un presunto fraude millonario en la compra de canastas de alimentos y mascarillas durante la pandemia. Con una cuantía de $4.000 millones—equivalente a 10 veces el Caso Convenios y 150 veces el Caso Karen Rojo—el Caso Canastas está bajo la lupa de la fiscalía y podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de la región.
21 de Septiembre de 2024
El Caso Canastas investiga un posible fraude millonario en la compra de canastas de alimentos en la región de Antofagasta durante la pandemia de Covid-19.
En 2020, pleno periodo de pandemia, el programa “Alimentos para Chile”, lanzado por el gobierno, buscaba entregar canastas de alimentos a las familias más afectadas por la crisis sanitaria.
En Antofagasta, la gestión del entonces intendente Edgar Blanco (RN) aprobó la compra directa de más de 100 mil canastas por un valor de más de $4 mil millones de pesos, distribuidos entre cuatro empresas.
Sin embargo, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en los contratos, señalando que algunas de las empresas no cumplían con los requisitos para ser contratadas como proveedores del gobierno.
En concreto, algunas de estas empresas fueron creadas apenas días antes de adjudicarse cuantiosas licitaciones. Un ejemplo fue la empresa La empresa Limpieza Industrial, que nació como sociedad el 25 de marzo del año 2020. Su dueño es Pablo Ormeño Fredes, conocido empresario antofagastino y amigo del ex intendente de Antofagasta y ex Subsecretario de Minería durante el gobierno de Sebastián Piñera, Edgar Blanco. Tan solo dos semanas después de su constitución, la empresa se adjudicaba una compra de mascarillas por $1.648 millones.
Otras empresas que recibieron estos contratos fueron EDS JCM Spa y Need Solutions, las cuales cambiaron sus giros pocos días antes de adjudicarse licitaciones por $1.665 millones de pesos.
Un factor que llama la atención de la fiscalía, es que se descubrió que los contratos fueron modificados justo antes de solicitar las cotizaciones, lo que levantó más sospechas sobre la transparencia del proceso y que existiera algún tipo de concomitancia.
De las cuatro empresas contratadas, una de ellas tiene a su propietario en prisión preventiva por el delito de estafa, mientras que otras dos fueron demandadas y declaradas en quiebra.
Esto ha generado preguntas sobre si el dinero público fue malgastado o desviado, lo que podría constituir un fraude al fisco cuya cuantía sería además la más millonaria que se recuerde en la historia reciente de Antofagasta. Equivale a 10 veces la arista inicial del Caso Convenios o 150 veces en comparación al caso Karen Rojo.
Incautan celular de ex Intendente
Tras permanecer sin mayores avances, en agosto de 2024, el Juzgado de Garantía de Antofagasta ordenó reabrir la investigación, lo que llevó a la Fiscalía a emitir nuevas órdenes de indagación.
En los últimos días la PDI incautó documentos y archivos digitales, incluyendo el celular del ex intendente Edgar Blanco, para buscar más pruebas sobre las posibles irregularidades en la compra de las canastas.
El caso ha generado gran atención porque involucra una gran cantidad de dinero público, y podría convertirse en uno de los mayores casos de corrupción en la región de Antofagasta.
El Caso Canastas no solo ha puesto en jaque la credibilidad de la gestión pública durante la pandemia, sino que también vuelve a abrir el debate sobre la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos en Antofagasta.
Con la investigación en curso y nuevas pruebas, se espera que se marque un precedente en la lucha contra la corrupción en el país. La comunidad espera investigación acuciosa e imparcial, respuestas claras y sanciones ejemplares si se confirma el mal uso de los recursos públicos.
