El rechazo hacia la propuesta de reforma jubilatoria del gobierno de Michel Temer movilizó a un millón de brasileños y logra aglutinar el descontento popular.
Marcelo Aguilar
Brecha, 17-3-2017
“Hoy Brasil amaneció con olorcito a huelga general”, gritaba una mujer desde uno de los tantos camiones que acompañaban la movilización en San Pablo, que el miércoles reunió a más de 200 mil personas y fue la más grande en Brasil. Y es que las movilizaciones del 15 de marzo contra la reforma de las jubilaciones, en las que participaron alrededor de un millón de personas en todo el país, con paro en varios sectores, encabezado por los docentes, fue una especie de ensayo de huelga general contra el gobierno de Michel Temer.
Las protestas empezaron bien temprano cuando 2 mil trabajadores del campo y la ciudad ocuparon el Ministerio de Hacienda en Brasilia. La popularidad de Temer se esfuma, y la propuesta de reforma de la caja jubilatoria consiguió lo que no había conseguido ni el propio proceso de impeachment contra la ex presidenta Dilma Rousseff: unificar a todas las corrientes sindicales y sectores de izquierda. Incluso se oponen a la reforma sectores que apoyaron el impeachment, como Força Sindical, sindicato liderado por el diputado Paulinho da Força del partido Solidaridade. Es que la reforma, en la práctica, implica la negación del derecho a la jubilación de los sectores más pobres. Entre otras cosas, el proyecto de Temer –que se jubiló con 55 años– fija la edad mínima para jubilarse en 65 años y la iguala para hombres y mujeres. Pero el punto más cuestionado de la reforma es la exigencia de 49 años de contribución para obtener la jubilación integral (19 años más que ahora). Según argumenta el gobierno, este es el “único camino posible para salvar al sistema del colapso”. “La sociedad brasileña está entendiendo poco a poco que es preciso apoyarla”, expresó Temer el miércoles, como una muestra más de su aislamiento.
Para João Paulo Rodrigues, de la dirección nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (Mst), “el golpe (el juicio político contra Dilma Rousseff) se hizo para hacer estas reformas y un duro ajuste fiscal”. “Esto es parte de lo pactado, y van a ir hasta el final, ya que es el momento, con un gobierno ilegítimo y una mayoría parlamentaria, para aprobarlo”, dijo a Brecha. Ricardo Gebrim, de Consulta Popular, partido integrante del Frente Brasil Popular (de izquierda), señaló a Brecha que la destitución de Rousseff ofrece una oportunidad inédita para el mercado, “con una incipiente jubilación privada, acceso al petróleo, yacimientos y una privatización del sector energético”. Por eso “una medida como esta, por más que sea antipopular, vale la pena, y sobre todo con un gobierno ilegítimo, que no pretende ser reelegido”, evaluó. Para Rodrigues esta movilización “es la más unificada de los trabajadores en los últimos cinco años” y “el primer paso para una huelga general con mucho apoyo popular”. Cuenta con dos aspectos nuevos: unificó a trabajadores de todos los sectores, independientemente de su corriente ideológica, y atrajo a personas que no habían salido a las calles a manifestar contra el impeachment. Mientras tanto, en el Congreso se han presentado hasta el momento cerca de 150 propuestas de modificaciones a la reforma, tanto de la oposición como de la base aliada del gobierno.
Los movimientos están intentando presionar para frenarla. Si lo logran, opina Gebrini, “esto fragilizará muchísimo al gobierno, porque los sectores del capital financiero y de la burguesía están bancando un gobierno golpista para que cumpla con estas medidas, que saben que son absolutamente antipopulares, y si no consigue hacerlo, no hay por qué sustentarlo”. Según él, si esto ocurre, el gobierno de Temer “se desmoronará mucho más rápido de lo que se está desmoronando”
