Pronunciamiento del Centro de Estudios Populares (CEESP)
Junio de 2026
Bolivia atraviesa un momento doloroso y de mucha complejidad. Lo que está en disputa no es solo el desenlace de un conflicto coyuntural, sino una pregunta que ningún gobierno puede eludir. ¿Quién asume los costos de la crisis económica, social y política que el país arrastra desde hace años, y a quién elige proteger el Estado mientras esos costos se reparten?
El país lleva seis semanas de conflicto. Hay casi un centenar de puntos de bloqueo activos, desabastecimiento creciente en varias ciudades, al menos nueve personas muertas, decenas de heridos y centenares de detenidos. La zozobra y el agotamiento se suman a una crisis que no comenzó con los bloqueos sino mucho antes, y que estos han hecho imposible seguir ignorando.
Como advertimos en Santa Cruz S.A. El mito empresarial y la realidad depredadora (2025), ya durante la campaña electoral se instaló un falso consenso según el cual la única salida a la crisis pasaba por concesiones al capital extractivo —con el agro cruceño en el centro—, una doctrina de shock que convertía el miedo al colapso en aceptación de medidas regresivas. Un año después, ese escenario se ha confirmado y distintos sectores sociales se han movilizado para hacerle frente.
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Ante este panorama, señalamos cuatro problemas de fondo.
Primero. El traslado de los costos de la crisis a los sectores populares
En octubre de 2025, el binomio Paz-Lara ganó las elecciones presentándose como una opción moderada frente a las alternativas de Quiroga y Velasco. Prometió mantener el subsidio al combustible del transporte público, no acudir al FMI —ni siquiera con medidas paliativas—, y establecer o consolidar bonos, jubilaciones ampliadas y un salario universal para la mujer. Esa moderación, sin embargo, fue más electoral que programática. No expresaba un proyecto de país sino un conjunto de ofertas dispersas, diseñadas para captar votos sin transparentar el rumbo económico que el gobierno terminaría adoptando.
A junio de 2026, cada una de esas promesas ha sido incumplida. El subsidio al transporte público fue eliminado. El gobierno negocia con el FMI un megapréstamo de rescate de USD 5.000 millones que durante meses negó públicamente. Las medidas paliativas adoptadas tienen un alcance mucho más restringido que el anunciado. Lo que estos incumplimientos revelan no es improvisación sino la orientación deliberada de un plan económico funcional a los sectores empresariales, financieros, agroindustriales y extractivistas; cuyos costos recaen sobre quienes votaron al gobierno esperando una respuesta económica menos regresiva.
En otras palabras, lo que hoy se disputa en las calles es quién paga la crisis, quién recibe el apoyo del Estado y quién carga con las consecuencias del modelo que nos trajo hasta aquí.
Segundo. La estigmatización social y la ola reaccionaria
Frente a la crisis, el gobierno ha optado por el desgaste antes que por el diálogo. Aparenta negociar con organizaciones paralelas afines mientras cierra los espacios reales de interlocución con los sectores movilizados. Esa estrategia tiene un efecto previsible: a medida que el conflicto se prolonga, el malestar social deja de dirigirse hacia sus causas y se vuelca contra quienes bloquean.
Este desplazamiento no solo debilita la legitimidad pública de las protestas sin abordar las demandas de fondo, sino que activa procesos de estigmatización, racismo y desprecio de clase que fracturan a sectores populares afectados por una misma crisis. El propio gobierno alimenta esa dinámica cuando reduce el descontento a categorías descalificadoras —“masista”, “narcoterrorista”—, y con ello profundiza divisiones sociales que existen de larga data, que no fueron resueltas en las últimas décadas y que hoy se ven agravadas por narrativas de odio envueltas en retórica “ultrapatriótica”.
Rechazamos categóricamente las expresiones racistas, clasistas y regionalistas que han recrudecido durante este conflicto y que vuelven a exponer, dolorosamente, las heridas e injusticias profundas de la sociedad boliviana.
Es importante considerar que, además, estos procesos de deslegitimación no ocurren en el vacío. Se inscriben en una ola reaccionaria regional. El apoyo manifiesto del gobierno de Trump a Rodrigo Paz, el ascenso de candidatos con discursos violentos en países cercanos y la reactivación de la “guerra contra las drogas” —a través del Escudo de las Américas— están legitimando una nueva generación de gobiernos autoritarios, aliados al sector militar y sin capacidad ni voluntad de diálogo. Intentar replicar ese modelo en Bolivia sería un desacierto histórico que profundizará las tensiones sociales existentes.
Tercero. La desinformación y la producción de confusión
En este contexto de polarización, el papel de los medios de comunicación y las plataformas digitales resulta especialmente preocupante. La difusión intencional de relatos parciales, la invisibilización selectiva de información relevante y la instrumentalización del miedo no son prácticas inocuas. Profundizan la desconfianza, alimentan prejuicios y contribuyen a deshumanizar a quienes piensan diferente. Este tratamiento informativo tiende además a invisibilizar la diversidad de actores movilizados y dificulta la comprensión de las causas estructurales del descontento, erosionando las bases del diálogo y la convivencia.
Frente a ello, los medios de comunicación, periodistas, plataformas digitales y actores con capacidad de amplificación pública tienen la responsabilidad de informar con rigor, pluralidad y sentido democrático, evitando convertir el conflicto social en espectáculo, amenaza o caricatura. A la sociedad, por su parte, le corresponde ejercer activamente su derecho a una información crítica: contrastar fuentes, verificar hechos antes de compartirlos y sostener una lectura humana de los acontecimientos, por difícil que esto resulte mientras el conflicto escala. Solo una sociedad informada, que reconoce la complejidad del momento, podrá reducir las brechas que hoy la dividen.
Cuarto. Los efectos humanitarios del conflicto
Las consecuencias materiales de seis semanas de bloqueos recaen, sobre todo, en los sectores más precarizados de la sociedad boliviana. El desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal afecta primero a quienes dependen del ingreso diario y no pueden acopiar, a los pequeños comerciantes, a los trabajadores informales, a las mujeres a cargo de cuidados familiares y, en particular, a quienes requieren atención médica urgente.
Entre las personas fallecidas durante el conflicto, varias murieron por la represión estatal; otras, porque no pudieron acceder a atención de salud a tiempo. En ambos casos, son las mismas familias —las que viven al límite, las que no pueden pagarse alternativas— quienes ponen el cuerpo. El conflicto pasa por encima tanto de los sectores que sostienen las movilizaciones como de quienes aún no han salido a las calles. Ningún actor político puede ignorar esto.
Por otra parte, las acciones legítimas de protesta y resistencia no pueden, bajo ninguna circunstancia, servir de contexto o de excusa para actos de violencia y acoso sexual contra personas que transitan las zonas de conflicto. Esto es innegociable y debe ser condenado sin ambigüedad por todas las partes.
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A pesar de todo lo anterior, las movilizaciones actuales —con sus contradicciones, tensiones y riesgos de instrumentalización— expresan algo que no debe ser desestimado. En ella persiste una capacidad de presión desde abajo frente a políticas estatales injustas. Esa capacidad es valiosa, especialmente después de dos décadas de debilitamiento, cooptación y fragmentación de las organizaciones sociales.
Reconocemos también los riesgos. Hay actores que intentan capturar este malestar legítimo para fines propios. Evo Morales, lo intenta hacer para reabrir su camino de retorno al poder; los cooperativistas mineros, para arrancar más privilegios al Estado; y la derecha empresarial, para imponer una terapia de shock aún más brutal y seguir robusteciendo su capital. Nombrar estos riesgos no debilita las movilizaciones y menos las deslegitima; protege lo que tienen de valioso.
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Desde esa lectura, hacemos los siguientes llamados.
Al gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara
Le exigimos abrir espacios reales de diálogo con los sectores movilizados y reconocer los límites que las calles ya le han impuesto. Le exigimos desistir de cualquier salida represiva. Declarar un estado de excepción militarizado no resolverá la crisis; profundizará las heridas y consolidará la imagen de un gobierno que solo escucha bajo presión y que gobierna para los sectores que históricamente han concentrado la riqueza del país.
Le exigimos, también, abandonar el discurso de odio, la promoción del enfrentamiento entre civiles y la criminalización de la protesta. Ganó las elecciones, pero su legitimidad descansa sobre un mandato construido con promesas que hoy está incumpliendo.
A las dirigencias de las organizaciones movilizadas
Las convocamos a valorar lo conseguido en estas semanas, que es sustantivo: la abrogación de la Ley 1720, la contención del paquete del Decreto Supremo 5503, entre otras cuestiones. Ese piso reconfigura los términos del conflicto y debe ser resguardado. Las dirigencias bolivianas tienen experiencia probada en leer los momentos en que la fuerza desplegada exige una reorganización estratégica, para no quedar atrapadas en los tiempos del adversario ni en los cálculos de quienes buscan capitalizar la fuerza popular para fines ajenos.
Sabemos que las organizaciones actúan hoy en condiciones que no eligieron, tras años de debilitamiento institucional, cooptación y fragmentación. Los procesos internos que cada organización y sus bases lleven adelante para enfrentar esas condiciones son prerrogativa exclusiva suya. De ninguna forma pueden ser instrumentalizados para criminalizar a actores de la sociedad civil, para denigrar el rol que estas organizaciones han asumido en defensa de sus reivindicaciones, ni para despojarlas de su condición de interlocutoras políticas.
A los medios de comunicación
Les exigimos mayor responsabilidad en sus prácticas informativas. Verificar la información antes de difundirla. Distinguir con claridad entre noticias y opinión editorial. Asumir que la forma en que se cubre este conflicto tiene consecuencias directas. La estigmatización de sectores indígenas y empobrecidos, la profundización del racismo y la polarización social son también resultado de decisiones editoriales. Informar no es solo transmitir hechos; es decidir cuáles se muestran, cuáles se omiten y desde qué marco se narran. Esa responsabilidad, en un momento como este, no puede ser eludida.
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Lo que está en juego en Bolivia hoy no se agota en el desenlace de este conflicto. Es la capacidad de una sociedad de impedir que los costos de la crisis se distribuyan de la forma más injusta posible, de sostener —a pesar de todo— espacios de organización y de voz, y de defender la vida como principio irrenunciable. La presencia militar no es una opción y no puede normalizarse como parte de la cotidianidad boliviana. Aprendiendo de nuestra historia, sabemos que una sociedad regulada por cuerpos armados no es una sociedad en paz.
Lo urgente hoy es resguardar lo conseguido, evitar la pérdida de más vidas humanas, y a la vez evitar que los costos más altos de esta crisis sigan cayendo sobre quienes ya están pagando demasiado.
