En otro atropello a los derechos adquiridos y avasallamiento sobre las minorías más vulnerables, el gobierno de Javier Milei eliminó la protección legal con que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos de sus tierras ancestrales de propiedad comunitaria.

La medida fue tomada a través del decreto 1083/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial y declara el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, dispuesta en la Ley 26.160 sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner.

En ese mismo decreto presidencial firmado prácticamente por todo el Gabinete de gobierno se dejó sin efecto el artículo 2 de esa ley, que suspendía la ejecución de sentencias y actos administrativos tendientes al desalojo de esos territorios.

La disputa por la propiedad de la tierra

La decisión que deja en situación de fragilidad a los pueblos originarios de todo el país que viven en tierras autóctonas que están en disputa judicial entró en vigencia a partir de hoy. Permite que el Estado falle a favor de privados (personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras) que poseen títulos de propiedad irregulares por haber sido expedidos posteriormente a propiedad ancestral.

Es decir que hace pesar una espada de Damocles sobre centenares de familias que reclaman los derechos ancestrales sobre los predios donde vivieron sus antepasados. Varios de esos territorios fueron parcelados y vendidos a privados de manera ilegal por parte de los estados nacional o provinciales.

El decreto de Milei fogoneado por su ministro privatista Federico Sturzenegger choca de frente con el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica” de los pueblos indígenas en la Argentina y garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

La ley que garantizaba el cumplimiento de ese derecho es la 21.160, que a través de sucesivas prórrogas abría un paraguas de protección sobre aquellas propiedades comunitarias que, a pesar de ser declaradas “enajenables” por la Constitución, habían sido vendidas o cedidas avasallando el derecho de propiedad ancestral.

El decreto firmado por Milei y su séquito reconoce la existencia de la manda constitucional, pero así y todo elimina la prórroga de la 21.160 establecida hasta noviembre de 2025. Según sostiene, su vigencia en favor de las comunidades “avasalla los derechos de la ciudadanía y agravia las prerrogativas soberanas del Estado”.

Es más, interpreta maliciosamente que las prórrogas permitieron la proliferación de comunidades indígenas inscriptas como demandantes, que no cumplían “las mínimas condiciones” como peticionantes.

Además, a tono con el discurso de demonización de las comunidades indígenas, las acusa de “usurpar” tierras y de “ejercer la violencia” para ello. Es más, las sugiere como autoras de “daños ambientales, sobre todo con incendios intencionales y reiterados”.

Según el texto del DNU, existen 254 hechos judicializados de ese tipo, pero no da ninguna documentación ni precisión más al respecto.

La respuesta de las comunidades

Desde el Parlamento de Naciones, Pueblos y Comunidades indígenas de Jujuy anticiparon que van a «defender el territorio con ley o sin ley». «Esta es una nueva acción de genocidio, etnocidio, ecocidio, que se constituye como un delito de lesa humanidad, violentando y avasallando los derechos de la madre tierra, el territorio y las naciones indígenas que habitamos estos territorios desde tiempos inmemorables», expresaron en un comunicado. Desde el Sur, también repudiaron la medida. El werken y referente indígena del Pueblo Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, dijo que se trata de «una práctica genocida, que se aleja de la democracia y es pasible de ser considerada delito de lesa humanidad».

La senadora salteña de Unión por la Patria, Nora Giménez, repudió el decreto y alertó sobre el impacto que tendrá: «Lo más grave es que retrotrae la situación al año 2006, cuando decenas de esas comunidades estaban al borde del desalojo judicial, sin ofrecer ninguna propuesta». Además, indicó que el Gobierno desconoce el relevamiento territorial realizado en los últimos 18 años, en el que se identificaron y mensuraron las tierras de más de 900 comunidades en todo el país, más de 70% del total de las existentes. 

La «inseguridad jurídica» según Milei y Sturzenegger

Los considerandos del decreto son más que provocadores. Aducen caprichosamente que la vigencia de los derechos garantizados por esa ley genera “inseguridad jurídica” y causa “una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños” que, claro está, para el Gobierno no son los pueblos indígenas.

Quien inmediatamente salió a defender la suspensión de derechos de las minorías y el avance del Estado contra los derechos ancestrales fue el ministro Federico Sturzenegger, quien en otro de sus extensos, antojadizos y aburridos mensajes por la red X hizo una arbitraria defensa del decreto que él mismo alentó.

Dijo que la ley 26.160 que prohíbe los desalojos “impidió el accionar de la justicia” y “motivó la proliferación de tomas”. Celebra “la voluntad (de Javier Milei) de poner las cosas en su lugar” y falazmente sostiene que el decreto publicado hoy no “lesiona” ni “disminuye” los derechos de las comunidades.