El Ciudadano
«Por izquierda y derecha parece olvidado algo básico: el problema no es la conducta temeraria de un puñado de ejecutivos. El problema son las AFP y el sistema previsional que tenemos en Chile (…) La propia Superintendencia de Pensiones ha reconocido que en este sistema nunca ha existido una garantía de rentabilidad. El riesgo siempre es de quien cotiza. La comisión, en cambio, se cobra igual».
Estas semanas, miles de personas descargaron su cartola para sumarse a la demanda colectiva que como organizaciones sociales, junto a la Coordinadora NO + AFP, vamos a ingresar contra las administradoras de fondos de pensiones después de que estas perdieran más de US$7.700 millones de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras de Chile.
Mientras tanto, las siete AFP, a las que entregamos forzosamente una parte de nuestro salario, ganaron $449.880 millones entre enero y septiembre. Si se descuenta el encaje, sus utilidades crecieron un 5,4%.
Por izquierda y derecha parece olvidado algo básico: el problema no es la conducta temeraria de un puñado de ejecutivos. El problema son las AFP y el sistema previsional que tenemos en Chile.
Enhorabuena que el proyecto “Devuelvan la plata” se declarara admisible con votos desde el Partido Comunista hasta la UDI. Pero resulta desolador que ese consenso cómodo sea lo único que se escucha en la élite política, y que se acepte, otra vez, como la forma de cerrar el episodio sin tocar el modelo.
Primero, esto no es un hecho aislado. En 2008, el Fondo A cayó más de un 40%. En 2021, el propio Fondo E perdió un 13,11%. No son accidentes: es el diseño.
La propia Superintendencia de Pensiones ha reconocido que en este sistema nunca ha existido una garantía de rentabilidad. El riesgo siempre es de quien cotiza. La comisión, en cambio, se cobra igual.
Segundo, ¿dónde está el Estado? La Constitución lo obliga a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. La Superintendencia conocía el riesgo: en abril limitó estas operaciones, pero les dio a las AFP 210 días para ajustarse, y las pérdidas ocurrieron justo dentro de ese plazo.
El ministro Quiroz reconoció que esto se venía observando desde hace años sin mayores medidas. Si la supervigilancia no basta, ¿no es hora de que el Estado garantice este derecho de forma directa?
Tercero, uno podría pensar que resulta difícil plantear la reforma de un sistema respaldado por la ciudadanía, sin embargo basta con mirar los datos para concluir que un 51% quería eliminarlas en 2022 (Chile Dice) y un 56% en 2024 (Pulso Ciudadano).
Ese mismo año, Cadem mostró que un 63% apoyaba crear un administrador estatal y que un 77% quería poder elegir entre el Estado y una AFP. Esa opción, hoy, no existe.
Quien crea que la reforma de 2025 selló un consenso sobre la continuidad de las AFP se equivoca. Pudo ser lo posible con la correlación de fuerzas de ese momento, pero eso no libera a los sectores de cambio de seguir levantando el fin de un modelo que tanto abuso ha significado para las y los trabajadores.
Vamos a tribunales para que respondan por lo que perdimos. Pero vamos a seguir en la calle, marchando este 28 de noviembre, en los sindicatos, en los gremios y en el debate público por lo que nos corresponde: un sistema de pensiones que no apueste con la vejez de quienes trabajan.
NO + AFP no fue la consigna de una época. Sigue siendo una tarea pendiente.
Myriam Barahona Torres










