Han pasado catorce años desde la última huelga general estatal (2012). Mención aparte merece la huelga general feminista de 2018 que tantas repercusiones tuvo. También cabe destacar que en Euskadi hubo dos convocatorias propias el 30 de enero de 2020, por parte de la mayoría sindical vasca, y el 17 de marzo de 2026, por un salario mínimo propio de 1.500 euros; CCOO y UGT, minoritarios en ese territorio, no convocaron ninguna de las dos, y en la feminista de 2018 solo lo hicieron dos horas por turno, a diferencia de otros sindicatos que lo hicieron por 24 horas como las convocantes. La jornada del 11-N ha demostrado que existe una capacidad considerable de movilización cuando las reivindicaciones laborales se articulan con problemas que afectan directamente a las condiciones materiales de vida. Su principal novedad ha sido esa articulación: la lucha por los salarios y los derechos laborales se ha unido a la reivindicación del derecho a la vivienda, convirtiendo el encarecimiento de los alquileres y del coste de la vida en cuestiones centrales del conflicto social. El encarecimiento de la vivienda no solo reduce el salario real disponible, sino que incrementa la dependencia económica de los trabajadores respecto de los propietarios inmobiliarios. La libertad, no ya la supervivencia cotidiana, queda completamente pisada.

Medir el seguimiento: cuatro indicadores

El balance de seguimiento puede incorporar distintos indicadores: el seguimiento en los centros de trabajo, el consumo eléctrico, la movilidad y la dimensión de las manifestaciones. Ofrecen resultados diferentes, pero complementarios.

En el conjunto del Estado no existe una estadística única, actualizada y desglosada de seguimiento. CCOO y UGT hablaron de éxito sin ofrecer una cifra global y situaron la participación entre el 41 % en Castilla-La Mancha y Extremadura y más del 80 % en Cataluña y Andalucía (según recogió RTVE, 11/11/2026); la CEOE, por su parte, redujo la incidencia a menos del 5 %. Por sectores, los sindicatos citan el 90 % en los puertos, el 80 % en el metal, el 75 % en química y textil y el 70 % en el transporte aéreo, con una incidencia menor en sanidad y administración pública.

La distancia entre ambos extremos se repite en cada territorio. En Madrid, CCOO comunicó un 65 % en los turnos de noche y de mañana. En Valencia, las estimaciones van del 60 % que apuntan los sindicatos al 2,57 % de la parte empresarial. Renfe, que impuso servicios mínimos de hasta el 75 %, comunicó un seguimiento de entre el 6,8 % y el 9 % según la fuente consultada.

En Cataluña la disputa de cifras es especialmente aguda. CCOO y UGT estimaron el seguimiento en el 84 %; las patronales lo situaron entre el 7 % (Foment del Treball) y el 8,3 % (Pimec), y calcularon que una cuarta parte de las empresas redujo su actividad, en parte por las alteraciones de los accesos y desplazamientos (El Món, 11/11/2026). En el sector público, la Generalitat contabilizó un 12,6 % de seguimiento entre sus empleados, un 21,9 % entre los docentes (más de 19.000) y un 6,9 % en la sanidad pública; UGT atribuye un 35 % al sector sanitario.

La demanda eléctrica es el indicador indirecto más utilizado, porque la paralización industrial tiene una incidencia mensurable en el consumo. Según Red Eléctrica, la demanda estatal cayó un 7,5 % hasta las 11:00 respecto a la previsión para un miércoles sin huelga y la reducción en el conjunto de la jornada fue del 7,46 % (Directa, 11/11/2026). La mayor diferencia se registró entre las 10 y las 11 h, con un descenso del 15,49 %, y hasta las 18 h la caída acumulada respecto a la previsión era del 4,87 % (512.090 MWh frente a los 538.324 MWh previstos) (ACN/Betevé y El Diario de Madrid, 11/11/2026). El consumo industrial, que es el que mejor refleja el paro, descendió un 25,6 % durante la mañana respecto al miércoles anterior (Euronews, 12/11/2026).

Como referencia histórica, el 14 de noviembre de 2012 la demanda cayó un 11,8 % y en el paro del 29 de marzo de aquel año un 16,1 %, según Red Eléctrica (Euronews, 12/11/2026); otras mediciones por franja horaria hablaron de una caída cercana al 20 % a las 17 h en marzo de 2012 (ACN/Betevé, 2026).

En Cataluña, el Govern cifró la caída en torno al 15 % respecto al día anterior, mientras que Foment del Treball la rebajó al 11 % (Crónica Global, 11/11/2026). En el caso de UGT Catalunya, el consumo acumulado entre las 22 h y las 13 h fue de 407.057,8 MWh, más próximo al del sábado 7 de noviembre (399.045 MWh) que al del miércoles 4 (439.437,9 MWh) (UGT Catalunya, 2026).

Conviene subrayar una cautela metodológica: estos porcentajes no son directamente comparables, porque unos toman como base la previsión oficial, otros el día anterior y otros la semana anterior, y varía también la franja horaria. Además, el consumo mide sobre todo la actividad industrial, de modo que infravalora una huelga cuya fortaleza estuvo también en la calle y en los servicios.

El transporte fue uno de los ámbitos con efectos más visibles en todo el Estado. Renfe suprimió el 24 % de los trenes de alta velocidad y larga distancia y el 10,17 % de Cercanías y Media Distancia, y se cancelaron 263 vuelos (El Espectador, 11/11/2026). Los cortes de accesos a polígonos industriales se registraron, entre otros lugares, en Valencia y Cataluña.

En Cataluña, la Generalitat contabilizó más de cincuenta afectaciones viarias, especialmente en la AP-7, la A-2 y la C-58, así como en los accesos a Barcelona, a los puertos y a los polígonos industriales. En el área metropolitana, las salidas de vehículos cayeron un 45 % (65.000 vehículos menos) y las entradas un 52 % (87.000 menos) respecto a la referencia del año anterior. En Rodalies, el cumplimiento de los servicios mínimos fue del 78 %, con incidencias y supresiones puntuales, mientras que FGC y TMB cumplieron los servicios establecidos (El Món, 11/11/2026). Los cortes de carretera y las interrupciones del transporte público condicionaron la movilidad durante buena parte de la jornada.

Que fue una huelga general con mucha participación es difícil de poner en duda. Además, la interpretación exclusivamente cuantitativa precisa ser complementada. La huelga se desarrolló en condiciones particularmente difíciles para los sectores más precarios, precisamente los que sufren con mayor intensidad el encarecimiento de la vivienda. Para una parte importante de las personas trabajadoras, especialmente jóvenes, migrantes y empleados de sectores con escasa organización sindical, perder una jornada de salario o exponerse a represalias empresariales es un coste difícilmente asumible. La participación en las manifestaciones, por tanto, no siempre se tradujo en la posibilidad material de secundar el paro. Ello vuelve a poner de manifiesto la importancia de las cajas de resistencia y de la organización sindical en los sectores más vulnerables.

Una movilización territorialmente extensa

En Euskadi y Navarra la huelga tuvo una incidencia particularmente importante. ELA y LAB, mayoritarias en Euskadi, y otras organizaciones sindicales vascas se incorporaron a la convocatoria, aunque mantuvieron sus propias movilizaciones y una orientación sindical diferenciada de las manifestaciones de CCOO y UGT. La paralización fue especialmente visible en la industria, el comercio y los servicios privados. Empresas como Petronor funcionaron prácticamente con servicios mínimos, Mercedes y la ACB de Sestao redujeron considerablemente su producción y CAF mantuvo sus talleres parados. En Bilbao, unas 50.000 personas participaron en las manifestaciones de la mañana, según las estimaciones difundidas durante la jornada. En Navarra, el seguimiento alcanzó el 85 % según CCOO y UGT, con especial incidencia en Volkswagen.

En Galicia, el sindicato mayoritario, la CIG, también convocó la huelga general, que tuvo una repercusión considerable, sobre todo en la industria: destacó la paralización de buena parte de la automoción en Vigo y O Porriño y la incidencia en los astilleros de Navantia en Ferrol. Los sindicatos situaron el seguimiento en torno al 70 %. A Coruña registró manifestaciones multitudinarias, con más de 45.000 asistentes según los datos municipales difundidos por EFE.

En Madrid, la jornada se vivió sobre todo en la calle y en los focos de tensión de la madrugada, como Mercamadrid y las cocheras de la EMT. La manifestación principal, entre Atocha y la Plaza de España y bajo la lluvia, reunió a 120.000 personas según la Delegación del Gobierno, frente a las 400.000- 600.000 según las cifras difundidas por el Sindicato de Inquilinas, convocante (elDiario.es y Democrata, 11/11/2026). La comparación con huelgas anteriores resulta ilustrativa: el 14 de noviembre de 2012 la Delegación contabilizó 35.000 manifestantes en la capital frente a más de un millón según los sindicatos, y en la huelga del 29 de septiembre de 2010 unos 40.000 frente a los 500.000 de CCOO y UGT. La brecha entre cifras oficiales y convocantes es, por tanto, una constante, y la movilización de 2026 supera con holgura, en el cómputo oficial, las de aquellas jornadas.

En Andalucía, la Delegación del Gobierno situó la manifestación de Granada como la más multitudinaria, con 25.000 asistentes, seguida de Málaga (14.000), Sevilla (8.000) y Almería (3.550). En Valencia, la huelga concluyó con una manifestación masiva, cargas y detenciones. Los sindicatos situaron el seguimiento por encima del 80 % en Andalucía.

En Cataluña la incidencia fue especialmente elevada, con importantes interrupciones en la automoción, la logística, el transporte y la industria. La actividad de SEAT en Martorell, de Ebro y de Mercabarna quedó fuertemente afectada. La manifestación de Barcelona fue uno de los momentos centrales de la jornada: la Guardia Urbana calculó 55.000 asistentes, mientras que el Sindicat de Llogateres elevó su estimación a 400.000; según El Món (2026), otras 10.000 personas se manifestaron en distintos puntos del país, y en Girona se contaron unas 20.000 (Vilaweb, 11/11/2026). Para el conjunto de Cataluña, el Sindicat de Llogateres, la COSHAC y la CGT hablan de más de medio millón de personas (ACN/Eix Diari, 2026).

La discrepancia entre cifras es notable, y no existen recuentos oficiales homogéneos que permitan una cifra estatal consolidada de asistentes, pero la dimensión de la movilización fue indiscutible en las principales ciudades. Estas diferencias territoriales no invalidan el carácter general de la convocatoria. Reflejan la distinta implantación sindical, la estructura productiva y las condiciones concretas de cada mercado laboral: allí donde existe mayor tradición de organización colectiva, la capacidad de paralización ha sido más elevada. Nada nuevo bajo el sol.

Las reivindicaciones: del salario a la vivienda

Las demandas se articulan en dos niveles. El primero es el núcleo habitacional, que la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, resumió en contratos de alquiler indefinidos, prohibición de la especulación inmobiliaria, un gran parque de vivienda pública y una rebaja clara de los alquileres (Eix Diari, 2026). El sindicato reclama además la expropiación de viviendas de grandes tenedores, bancos y fondos de inversión, y la reducción de los alquileres a la mitad (Llibertat.cat, 2026).

El segundo nivel es el manifiesto conjunto. Incluye la bajada de los precios del alquiler, la prohibición de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa, la expropiación de viviendas de bancos y fondos buitre, un parque público robusto financiado con un impuesto a la riqueza, el reconocimiento de derechos sindicales en materia de vivienda, un salario mínimo de 1.600 euros con pensiones equivalentes y la jornada de 35 horas semanales sin reducción salarial (Racó Català, 2026). Otras fuentes añaden la regulación de los contratos de temporada y por habitaciones, así como la movilización de las viviendas vacías.

Dentro de ese núcleo habitacional, el sindicato reclama también poner fin a la acumulación de vivienda en pocas manos, regular los alquileres de temporada y por habitaciones, y que las personas inquilinas sean reconocidas como sindicalistas con capacidad para negociar huelgas de alquileres (El Nacional, octubre de 2026). Ya ante el Congreso, en 2024, Arcarazo resumió el planteamiento en cuatro soluciones: bajar los alquileres un 50 %, contratos de duración indefinida, viviendas destinadas a uso residencial y fin de la acumulación (Tercera Información, 2024).

El impuesto a las grandes fortunas es la pieza con la que el sindicato responde a la pregunta de quién paga ese programa. Tras la caída de los decretos de vivienda en el Congreso, Arcarazo defendió en una entrevista en 3Cat (recogida por Europa Press, 3/10/2026) un impuesto a la riqueza capaz de financiar la adquisición masiva de vivienda de alquiler para el parque público, junto a la reducción drástica de los alquileres, los contratos indefinidos y la prohibición de las compras especulativas. Lo volvió a plantear al inicio de la manifestación de Barcelona en la que convocó la huelga general, esta vez para ampliar de manera sustancial el parque público y figura también en el manifiesto conjunto de la huelga.

Arcarazo inscribe el impuesto en una lógica más amplia: construir vivienda pública es necesario, pero apostarlo todo a la oferta no hará bajar los precios del mercado privado, de modo que hace falta además una política fiscal más agresiva contra el desuso de viviendas y contra su acumulación. Como precedente cita que se puede penalizar fiscalmente la acumulación, como se hace en Francia o en Austria, donde la fuerte subida de impuestos llevó a grandes propietarios a vender fincas.

Esta alianza responde a una transformación objetiva de las condiciones de vida de la población trabajadora. La evolución de los salarios no puede analizarse al margen del coste de la vivienda: una parte creciente de las rentas salariales se transfiere a los propietarios inmobiliarios mediante los alquileres, lo que reduce la capacidad adquisitiva y la autonomía material de los hogares. El problema de la vivienda deja así de ser una cuestión sectorial para convertirse en un elemento central de las relaciones laborales y de la distribución de la renta.

Uno de los resultados más relevantes del 11-N ha sido, por ello, la consolidación de la alianza entre el sindicalismo de clase, por moderado y pactista que se quiera considerar, y las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda. El éxito de la convocatoria no puede medirse solo por las horas de trabajo perdidas o por la reducción de la actividad económica: debe evaluarse también por la capacidad de construir organización independiente, establecer alianzas entre colectivos y sectores sociales y extender la conciencia de que vivienda, salarios y coste de la vida forman parte de un mismo conflicto de clase.

El 11-N ha demostrado que la unidad entre sindicatos mayoritarios, organizaciones sindicales alternativas y movimientos de vivienda puede producir una movilización de alcance muy superior al que cada organización conseguiría por separado. Las diferencias políticas y estratégicas entre las convocantes no deberían ser un obstáculo para preservar esa cooperación. Es posible mantener la crítica al pactismo sindical de CCOO y UGT sin ignorar que su participación ha sido determinante para la extensión de la huelga. La unidad de acción no exige uniformidad política.

La interpelación a la izquierda institucional

Uno de los elementos políticamente más significativos de la jornada fue el discurso del Sindicat de Llogateres dirigido no solo a la derecha, sino también a la izquierda. Al inicio de la manifestación de Barcelona, Arcarazo afirmó que se había llegado a una huelga general porque existe una “izquierda cobarde” que no se ha atrevido a plantar cara a los poderes económicos (ON Economia, 11/11/2026), y añadió que, si no cambia, “la gente no entenderá que exista” (El Món, 11/11/2026). Dirigió el mismo mensaje a la derecha, a la que advirtió de que la clase trabajadora le pasará por encima.

Las declaraciones posteriores confirman esta línea. En la rueda de prensa de balance, el portavoz Enric Aragonès advirtió a los partidos de que, a derecha e izquierda, “se les ha acabado la paciencia”, y sostuvo que la huelga solo tendrá efecto si se sigue luchando (Vilaweb, 12/11/2026). Anunció que habrá nuevas huelgas de alquileres y, si nada cambia, nuevas huelgas generales: “Gobierne quien gobierne, si no nos escuchan, lo volveremos a hacer” (ACN/Eix Diari, 2026). Marta Espriu (COSHAC) se dirigió directamente al PSC y avisó de que, si cree que esto termina hoy, “esto no ha hecho más que empezar” (Vilaweb, 2026). Por su parte, la CGT calificó la huelga como un punto de inflexión y un aviso para los partidos que han gobernado y para los que gobernarán.

Este discurso tiene una implicación política y organizativa importante. El movimiento por la vivienda no se presenta como una correa de transmisión de ningún partido, ni siquiera de los afines en el terreno programático, y fija como criterio la respuesta efectiva a sus demandas, no la afinidad ideológica de quien gobierna. Ello encaja con su trayectoria previa: ya en septiembre, tras la caída de los decretos de vivienda en el Congreso, Arcarazo sostenía que seis días de movilización habían bastado para desbloquear cuestiones que parecían imposibles tras años de bloqueo.

La actuación policial y los incidentes

La jornada también estuvo marcada por la actuación policial contra piquetes y manifestantes. El balance conjunto de las policías estatales y autonómicas, según los datos del Ministerio del Interior, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, fue de 74 detenidos (según recogió El País). En Madrid, las intervenciones policiales fueron especialmente graves: la Policía Nacional cargó de madrugada en Mercamadrid, donde 13 personas fueron atendidas por contusiones e irritaciones por gas pimienta, y en las cocheras de la EMT, y hubo tensión en la Gran Vía, con tiendas que cerraron por los incidentes. También se registraron incidentes en Valencia y en Zamora. Los sindicatos consideran desproporcionadas varias de estas actuaciones; CCOO y UGT anunciaron acciones legales por lo que consideran vulneraciones del derecho fundamental de huelga. También se cuestionó la extensión de los servicios mínimos, que en determinados sectores habría limitado considerablemente la efectividad de la convocatoria.

Hay, además, un elemento especialmente grave que merece investigación. La CGT denunció el 12 de noviembre que había identificado, en imágenes grabadas durante los incidentes y difundidas por La Directa, a agentes policiales de paisano que actuaban junto a personas encapuchadas. Según la organización, uno de ellos llevaba una bandera y distintivos de la CGT mientras desenfundaba una defensa extensible. El sindicato considera que ello puede constituir un intento de criminalizar a la organización y a sus afiliados, y anunció que emprendería acciones para exigir responsabilidades políticas y policiales. La presencia de policías de paisano utilizando simbología sindical durante unos disturbios alimenta una narrativa de criminalización de la protesta.

En Barcelona hubo incidentes, con varios detenidos, cuando los organizadores habían dado por finalizada la manifestación. Una valoración de estos hechos exige prudencia y conocimiento de quienes fueron los que convocaron estas acciones. Los disturbios fueron iniciados, según las informaciones policiales, por un grupo de personas encapuchadas y vestidas de negro, con una estética asociada al black bloc. Esta caracterización no implica, sin embargo, que pertenezcan a una organización determinada ni demuestra la existencia de una dirección organizada de los incidentes. Preguntado por los incidentes post manifestación, Aragonès sostuvo que, si se quiere orden y paz, la respuesta no es policial, sino acabar con el acaparamiento y repartir la riqueza.

Consecuencias políticas inmediatas

Las consecuencias políticas fueron inmediatas. La coincidencia temporal entre la huelga y la convalidación parlamentaria de determinadas medidas de vivienda puso de relieve la centralidad política alcanzada por esta cuestión. Sin embargo, conviene recordar que el Real Decreto-ley 29/2026 había sido aprobado por el Gobierno el 6 de octubre, antes de la huelga general, aunque la movilización por una vivienda digna viene de lejos. La presión social y sindical debe valorarse, por tanto, por su capacidad para condicionar el debate y las decisiones posteriores. La reacción del Partido Popular y de sus principales dirigentes ha sido reveladora. Las descalificaciones a los sindicatos, “basura sindical”, y las amenazas de excluirlos como interlocutores políticos expresan algo más que una discrepancia coyuntural sobre la oportunidad de una huelga: ponen de manifiesto la voluntad de debilitar a las organizaciones que representan colectivamente a los trabajadores y limitan el poder unilateral de las empresas. Lucha de clases.

El conflicto se inscribe, además, en un contexto internacional de creciente desigualdad, encarecimiento de las condiciones de vida, incertidumbre económica y debilitamiento de los mecanismos de protección social. Las perspectivas de austeridad presupuestaria y de aumento del gasto militar en Europa pueden aumentarán las tensiones distributivas, precisamente cuando amplios sectores sociales necesitan más servicios públicos, inversión en vivienda y políticas de redistribución. La continuidad de la movilización tiene ya un calendario europeo: los días 20, 21 y 22 de noviembre hay nuevas convocatorias en distintos países.

No son conclusiones, más bien son perspectivas

Quizá la principal lección de la jornada sea de carácter organizativo. La huelga ha demostrado que la defensa de los derechos sociales no puede depender exclusivamente de la orientación política del Gobierno de turno ni de los acuerdos parlamentarios. La capacidad autónoma de organización de trabajadores e inquilinos es una condición fundamental para conquistar derechos, conservarlos y ampliarlos. De ahí la enseñanza que debería orientar el trabajo posterior: gobierne quien gobierne, los derechos se defienden mediante la organización colectiva. La continuidad del acuerdo entre sindicatos de clase y organizaciones por el derecho a la vivienda, la incorporación de los sectores precarios y la construcción de cajas de resistencia son elementos imprescindibles para que la movilización no se agote en una jornada extraordinaria.

La huelga ha sido un éxito en términos de movilización social y de capacidad para situar el problema de la vivienda y el coste de la vida en el centro del debate público, aunque con un seguimiento laboral desigual por territorios y sectores, y por debajo, en términos de consumo eléctrico, de las huelgas de 2012. Ha abierto un espacio de organización y cooperación que sería un error desaprovechar. Puede ser prometedor. El reto consiste ahora en transformar la fuerza demostrada el 11-N en una capacidad estable de intervención social y política, capaz de condicionar las decisiones de cualquier Gobierno y de impedir que los derechos conquistados queden subordinados a los intereses de las élites económicas y políticas. Si puede o no frenar la prevista victoria de la extrema derecha y la derecha extrema españolas, pronto se verá. Que la movilización social es una condición indispensable para evitar esta posible victoria, está fuera de toda duda.

Me he referido a la declaración de Ayuso sobre la “basura sindical”, no puedo resistirme de apuntar que este odio de clase me trajo rápidamente al recuerdo la cita que Antoni Domènech expuso casi al principio de El eclipse de la fraternidad del libro Madrid de corte a checa escrito por el fascista Agustín de Foxá: “Pasaban masas ya revueltas; mujerzuelas feas, jorobadas, con lazos rojos en las greñas, niños anémicos y sucios, gitanos, cojos, negros de los cabarets, rizosos estudiantes mal alimentados, obreros de mirada estúpida, poceros, maestritos amargados y biliosos. Toda la hez de los fracasos, los torpes, los enfermos, los feos; el mundo inferior y terrible, removido por aquellas banderas siniestras”. Este odio contra los humildes que tan vivamente dibujaba Foxá hace varias décadas es el mismo que Ayuso, con menos pretensiones literarias, y todos los de su calaña expresan hoy. Forma parte de la lucha de clases.

Daniel Raventós