por Franco Machiavelo
Colonia Dignidad no fue una comunidad agrícola, ni un inocente proyecto religioso, ni un rincón pintoresco de la geografía chilena. Fue un enclave del horror, un territorio donde la barbarie se vistió de respetabilidad, donde la obediencia sustituyó a la libertad y donde la perversidad encontró protección bajo las sombras de la dictadura de Pinochet.
Allí se cometieron abusos sexuales contra menores, separaciones forzadas de familias, torturas, secuestros y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Sus instalaciones también fueron utilizadas por la DINA como centro de detención, interrogatorio y tortura de opositores políticos. Hubo asesinatos, desapariciones forzadas y ocultamiento de cuerpos.
Durante décadas, aquel territorio fue una herida abierta en la conciencia nacional. Una vergüenza que no desaparece porque se cambie el nombre de sus instalaciones, se organicen celebraciones o se intente convertir el horror en una postal turística.
Y aquí aparece la controversia política del presente.
El gobierno de Gabriel Boric impulsó la expropiación de aproximadamente 117 hectáreas para construir un sitio de memoria, preservar evidencias y garantizar que las nuevas generaciones conocieran lo ocurrido.
Pero llegó el gobierno de José Antonio Kast y decidió revertir ese proyecto de expropiación, argumentando razones económicas y presupuestarias, además de proponer una intervención de menor alcance.
¡Qué curiosa manera de administrar las prioridades nacionales! Para algunas cosas siempre falta presupuesto, pero para otras parece que la austeridad descubre repentinamente una generosa vocación de servicio.
Por supuesto, es legítimo discutir los costos de una expropiación, las condiciones de los residentes y las dimensiones de un proyecto. Lo que no resulta aceptable es utilizar esas dificultades para debilitar la recuperación de un lugar que representa una de las expresiones más atroces de la complicidad entre el poder económico, el fanatismo y el terrorismo de Estado.
Porque hay algo que conviene recordar: los terrenos pueden tener propietarios, las propiedades pueden tener escrituras y los gobiernos pueden cambiar de orientación política, pero la historia no se transfiere mediante una compraventa inmobiliaria.
Colonia Dignidad no necesita una operación de maquillaje turístico. Necesita verdad, justicia, investigación, reparación y memoria.
Y resulta particularmente vergonzoso que un espacio asociado a la tortura y la desaparición de seres humanos pueda terminar convertido en escenario de celebraciones y actividades recreativas sin que se garantice primero el respeto que merecen sus víctimas.
¿Acaso hemos llegado al extremo de considerar que la rentabilidad turística puede convivir tranquilamente con el olvido de los desaparecidos?
La memoria no es un capricho de la izquierda, ni una bandera partidista, ni una propiedad ideológica de quienes gobernaron ayer. Es una obligación democrática y moral del Estado chileno.
Los familiares de los desaparecidos no necesitan explicaciones contables para comprender el valor de esos terrenos. Necesitan saber dónde están sus seres queridos, qué ocurrió con ellos y quiénes fueron responsables.
Y los sobrevivientes no necesitan que se les explique que el país tiene otras prioridades. Durante demasiado tiempo sus vidas fueron tratadas como una prioridad secundaria por quienes tenían el deber de protegerlos.
La historia nos enseña que los crímenes de Estado no terminan necesariamente cuando desaparecen los verdugos. También sobreviven cuando las instituciones relativizan sus responsabilidades, cuando los gobiernos administran el olvido y cuando la memoria se convierte en una molestia presupuestaria.
El verdadero problema no es solamente lo que ocurrió en Colonia Dignidad. Es lo que una sociedad está dispuesta a hacer hoy para impedir que vuelva a ocurrir.
