Los trabajadores del IMSS: una lucha histórica
Saúl Escobar Toledo, México
En poco más de un mes, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social
han encabezado varias manifestaciones y actos de protesta levantando un
conjunto de reivindicaciones. Su importancia puede entenderse mejor si tomamos
en cuenta varios aspectos.
En primer lugar, ha sido una respuesta a la política de austeridad que ha ejercido
la administración púbica en los últimos años. Aunque el presupuesto destinado al
IMSS no ha disminuido en términos reales, tuvo ligeros aumentos entre 2019 y
2023. Destacan los años del COVID porque los recursos no se incrementaron
sustancialmente. En los últimos tres años las cosas han mejorado y para 2027 el
PPEF (proyecto de presupuesto de la federación) propone un incremento
sustancial (alrededor de 9.8% en términos reales). Este tratamiento se distingue
de las restricciones que han sufrido otras instituciones públicas incluyendo la
secretaría de salud. El gasto público federal en este rubro fue de 2.8% del PIB en
2024, de 2.7% en 2025, y de un estimado 2.6% para el cierre de 2026. Para el
próximo año se calcula que aumentará al 2.7%
Las mejoras en el presupuesto del IMSS no se han reflejado en los salarios. De
acuerdo con información proporcionada por los trabajadores, entre 2019 y 2025
recibieron un aumento acumulado de 24 por ciento directo al tabulador en
términos nominales, el cual, comparado con la inflación ocurrida en esos mismos
años, representa una disminución en términos reales de 10%.
Las administraciones de López Obrador y Sheinbaum han aplicado una política
salarial restrictiva en las empresas públicas y las dependencias
gubernamentales. Por ejemplo, según datos del Banco de México, en septiembre
de este año los incrementos de los salarios contractuales (promedio por
trabajador) fue de 4% para los empleados en las empresas públicas y de 7.1%
para los trabajadores de las empresas privadas lo que representó, descontada la
inflación, una disminución de los salarios para los primeros de casi 0.4% y un
aumento de poco más del 2.5% para los segundos. Además, las cosas son peores
para los trabajadores al servicio del estado que se rigen por el apartado B del 123
constitucional ya que carecen de contratos colectivos y las prestaciones y salarios
son dictadas por el responsable del área (secretario de estado o director de
empresa descentralizada). De esta manera, las adiciones a sus ingresos han sido,
en general, menores a la inflación y se han fomentado condiciones laborales
precarias: sin seguridad social y sin estabilidad ya que se trata de contratos por
honorarios o por tiempo parcial. Hay, igualmente, contratación de personal por el
llamado capítulo 3000, como si se tratara de prestadores de servicios ajenos a las
instituciones en las que laboran, lo que redunda en una falta absoluta de
reconocimiento de derechos laborales.
La lucha de los trabajadores del IMSS es notable entonces por su resistencia a
estas políticas de austeridad, las cuales han afectado sus ingresos y condiciones
de trabajo.
Por otro lado, la protesta de los trabajadores del IMSS es importante debido a que
ha impugnado una estructura y una dirección sindical excesivamente centralizada
y, según los trabajadores que se han manifestado en las calles, antidemocrática y
sorda a los reclamos de sus bases.
Hay que mencionar que se trata de la primera movilización, en el sector público,
que logra echar atrás una decisión de las cúpulas sindicales. Las reformas
laborales acerca de la democracia sindical de 2017-2019 habían tenido efecto en
sindicatos de empresas privadas, particularmente en la rama de las manufacturas,
en algunos casos apoyados por el MLRR (mecanismo laboral de respuesta rápida)
acordado entre Estados Unidos y México. No obstante, en las grandes empresas o
institutos púbicos que cuentan con cientos de miles de afiliados, las
organizaciones laborales mantienen las inercias del pasado corporativo:
elecciones contraladas por cúpulas añejas; ausencia de consulta con las bases
acerca de las revisiones salariales; y obediencia de los líderes a las decisiones de
los funcionarios, lo cual frecuentemente se “compensa” con la corrupción.
Todo esto han puesto en entredicho los trabajadores del IMSS. Su logro, hasta
ahora, ha consistido en obligar a los dirigentes sindicales y al gobierno a una
consulta democrática que resultó con un voto ampliamente mayoritario que
rechazó el aumento del 2.9 por ciento ya acordado. Una cosa así no había
sucedido en la historia del sindicalismo desde hace varias décadas. Por lo anterior,
el triunfo del NO a la revisión salarial abre el camino a una democratización del
sindicato.
La lucha de los trabajadores del IMSS también adquiere una dimensión muy
destacable por el papel que ha jugado el Instituto en la vida nacional desde su
fundación en la primera mitad de los años cuarenta del siglo pasado.
Posteriormente, en los 50s, 60s y 70s, el IMSS fue una institución modelo para
América Latina y el mundo. A pesar de la corrupción, de obras mal planeadas y de
algunas administraciones deficientes, el IMSS ha cumplido un papel fundamental
para la clase obrera mexicana, prestando servicios en caso de enfermedades
generales, riesgos de trabajo, maternidad, invalidez y jubilaciones. Por cierto, esta
última prestación fue mutilada en 1995 con la reforma a la ley correspondiente. Se
pasó de un sistema solidario y púbico a otro de cuentas individuales y bajo
administradoras privadas (Afores), lo que ha redundado en una mayor carga en el
presupuesto público.
Junto a esta contrarreforma, el IMSS sufrió ajustes presupuestales en los años
neoliberales, lo que llevó al deterioro de los servicios y de las condiciones de
trabajo.
Hoy, el IMSS tiene afiliados a casi 23 millones de trabajadores y atiende, además,
a sus familiares, por lo que sus servicios son estratégicos para una porción
considerable de la población nacional. Igualmente, gracias a su extensión a nivel
nacional, el IMSS juega un papel fundamental en el mantenimiento de la
estabilidad y la paz social.
Finalmente, hay que advertir que la respuesta de las autoridades ha sido positiva
en la medida en que reconocieron la decisión de los trabajadores y la legitimidad
de sus protestas. Debe subrayarse que la inconformidad no se limita a los magros
incrementos salariales; se debe, asimismo, a la falta de material de trabajo, de
medicinas y de equipo, y a las sobrecargas de trabajo. Todo esto se hizo patente
durante la pandemia del COVID hace unos años. Los trabajadores de la salud,
incluyendo los del IMSS, fueron reconocidos como “héroes nacionales” por cumplir
con su deber y su exposición directa al contagio del virus, lo que causó un elevado
número fallecimientos de doctores, enfermeras y personal de apoyo en clínicas y
hospitales. Ese reconocimiento, sin embargo, no se reflejó en mejoras a sus
ingreso y condiciones de trabajo. Por ello, la explosión social de septiembre-
octubre debe obtener frutos tangibles. Los diputados, según informes de la prensa
nacional, están pensando en un aumento sustancial al que propuso el gobierno
federal en el PPEF. Ya veremos si esta voluntad se refleja finalmente en el
presupuesto aprobado (PEF). No obstante, es indispensable que también veamos
un sindicato más representativo. Las autoridades deben perderle el miedo a la
democracia sindical cuando ésta se manifiesta en el sector público. Respetar y
alentar la voz de los trabajadores obliga a las autoridades a reconocer fallas y, al
mismo tiempo, a mejorar su desempeño. A, quizás, gastar más de lo que se tenía
planeado, pero igualmente a brindar a la población mejores servicios de salud, los
cuales son derechos constitucionales.
La lucha de los trabajadores del IMSS ya se ha ganado un lugar destacado en la
historia del sindicalismo mexicano. Esperemos que sirva para abrir nuevos
cauces a la democracia en las organizaciones gremiales del sector público, y a la
construcción de un Instituto más fuerte y digno al servicio de las familias
mexicanas.
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