Existen momentos históricos en que la política exterior de una nación deja de responder a los intereses permanentes del Estado para transformarse en un mero apéndice ideológico de potencias extranjeras. La reciente firma de adhesión de Chile al denominado “Escudo de las Américas”, la iniciativa hemisférica tutelada directamente por la Administración de Donald Trump, representa uno de los capítulos más serviles y deshonrosos de nuestra historia diplomática reciente. Bajo la excusa propagandística de la lucha contra el crimen organizado transnacional, el Gobierno de José Antonio Kast entregó parcelas sustanciales de nuestra autonomía estratégica, subordinando la seguridad nacional a los dictámenes geopolíticos de la Casa Blanca.
La escena montada en suelo estadounidense no fue un acto de cooperación internacional equilibrado. Fue una escenificación del sometimiento. Fieles a esa antigua tradición de las élites conservadoras continentales, siempre dispuestas a buscar la validación del imperio de turno mientras imponen el rigor del garrote a sus poblaciones, Kast y su Cancillería firmaron un acuerdo cuyas cláusulas operativas ignoran o tuercen en forma flagrante la institucionalidad chilena. La pretensión oficial de calificar este compromiso como un mero “memorándum de entendimiento” o un acuerdo administrativo, para eludir el control del Congreso Nacional, es una cortina de humo jurídicamente insostenible y políticamente deshonesta.
El fraude constitucional y la amenaza a la soberanía
Desde la perspectiva del Derecho Constitucional, este acto bordea y vulnera los cimientos de nuestra Carta Magna. El Artículo 54 N° 1 de la Constitución reserva como atribución exclusiva del Congreso Nacional la aprobación o rechazo de los tratados internacionales antes de su ratificación. Al asumir compromisos en materia de inteligencia, coordinación policial de fronteras e intercambio de información sensible, el Ejecutivo no ha realizado un simple acto de gestión: ha incurrido en un auténtico fraude de etiqueta para sustraer del debate democrático lo que sustancialmente es un tratado internacional.
Esta maniobra compromete el Artículo 5° de la Constitución, el que consagra que la soberanía reside esencialmente en la Nación. Entregar la potestad de priorizar metas de seguridad e inteligencia a agencias o marcos regulatorios diseñados en Washington constituye una cesión inconstitucional de jurisdicción y una violación al principio de legalidad establecido en los Artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental.
Cuando el Ejecutivo asume compromisos de esta envergadura a espaldas del Poder Legislativo y sin amparo legal, no solo vicia sus actos de nulidad de derecho público: sienta los antecedentes para que la representación nacional evalúe la responsabilidad política y constitucional del Presidente de la República por comprometer gravemente la seguridad y el honor de la Nación.
La Doctrina Monroe en versión digital y policial
Detrás del rótulo retórico del “Escudo” no hay mecanismo paritario, sino la actualización de la centenaria Doctrina Monroe: la nefasta premisa de “América para los americanos”, hoy reconfigurada bajo la impronta de la doctrina “Donroe”. La iniciativa fija objetivos operativos, prioridades y listas unilaterales de enemigos diseñadas en Washington, obligando a los Estados firmantes a hipotecar su neutralidad estratégica. Para un país como Chile, cuya riqueza y desarrollo han dependido históricamente de una política multilateral abierta, soberana y pragmática, encadenarse a la agenda de seguridad de Trump implica ponerse de rodillas en el tablero geopolítico global.
Esta subordinación ideológica ignora de manera supinamente irresponsable la realidad económica del país. Al forzar la alineación con los intereses estadounidenses, la Administración de Kast tensiona de forma directa la relación con nuestros principales socios comerciales en Asia y América Latina. No hay en esta firma un solo cálculo que beneficie la matriz productiva de Chile, la transferencia tecnológica o la protección de sus recursos estratégicos.
Es la ideología del alineamiento ciego por encima del interés nacional.
El impacto directo sobre las y los trabajadores chilenos
La cesión de soberanía nunca es un concepto abstracto; sus consecuencias las pagan siempre las familias trabajadoras. El ingreso de Chile al “Escudo de las Américas” supedita la inteligencia y las fuerzas de seguridad del Estado a doctrinas extranjeras de “enemigo interno” y “seguridad nacional” represiva. Históricamente, cuando las directrices de seguridad son redactadas en Washington y acatadas sin reserva por los gobiernos de turno, el aparato del Estado termina reorientando la persecución ya no solo hacia las bandas criminales, sino hacia la protesta social, el sindicalismo organizado, la defensa del territorio, la protección del medio ambiente y las demandas laborales.
Asimismo, el intercambio no regulado de datos personales e inteligencia vulnera en forma directa las garantías constitucionales a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones consagradas en el Artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución. Mientras el costo de la vida sofoca a la clase trabajadora, los salarios se estancan y la precarización laboral se profundiza, el Gobierno destina valiosos recursos públicos a integrarse a una infraestructura de control y patrullaje dictada desde el exterior. El dinero de todas y todos los chilenos servirá para financiar una agenda ajena, convirtiendo al país en un peón de la contención geopolítica norteamericana.
La deshonra patriótica de la derecha “nacional”
Resulta paradójico y profundamente revelador observar cómo los que se autoproclaman “patriotas” y únicos defensores de la patria, los que embanderan sus discursos con símbolos nacionales y apelan constantemente al patriotismo, son los primeros en ceder la dignidad del Estado nacional ante mandatos extranjeros. La verdadera postura patriótica no consiste en desfilar con mantitas y discursos chauvinistas en los territorios locales mientras en los salones de Nueva York o Miami se rinde pleitesía a Donald Trump. El verdadero patriotismo radica en la defensa irrestricta de la autodeterminación, la neutralidad estratégica y el respeto a la soberanía popular.
La adhesión al “Escudo de las Américas” carece de amor por Chile. Denota una ignorancia supina de la historia diplomática de la República o, lo que es peor, una consciente voluntad de entregar la independencia nacional a cambio de apoyo político transnacional. Frente a esta diplomacia de la genuflexión, las fuerzas sociales, populares y patrióticas tenemos la obligación moral y política de denunciar este zarpazo a nuestra dignidad. Chile no es el patio trasero de nadie, ni su soberanía se remata en las oficinas de la Casa Blanca. La defensa de la patria exige hoy romper las cadenas del vasallaje ideológico y recuperar una política exterior con vocación latinoamericana, soberana y al servicio de las mayorías.

Por Marco Enrique Hernández Mariángel. El autor es abogado.
Santiago, 27 de septiembre de 2026.
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