escribe Mauricio Vargas
Nueva York, 22 de septiembre de 2026. La 81ª Asamblea General de Naciones Unidas eligió como lema «Restaurar la confianza».
Irán llegó a Nueva York para informar que ya era tarde.
Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores, no pidió más confianza, ni tiempo para reconstruirla.
Dijo:
«La confianza en las Naciones Unidas ha sido destruida».
La coincidencia habría sido una buena ironía si no hubiera 168 niños muertos de por medio.
Minab. Provincia de Hormozgán.
Escuela Primaria Al-Shajarah Al-Tayyibah.
Había 264 estudiantes en clases cuando fue atacada. Naciones Unidas registra la denuncia iraní: 168 escolares de entre siete y doce años, además de profesores y padres, murieron; más de 96 personas resultaron heridas.
Araghchi había llegado con esa lista.
Y con una acusación.
«Ciertos países creen que pueden hacer lo que les plazca».
Abbas Araghchi tampoco solicitó auxilio.
Puso sobre el atril, algo bastante más incómodo que una petición.
Un diagnóstico.
No pidió que el Consejo de Seguridad actuara.
No convocó a la comunidad internacional a salvar a Irán. Tampoco presentó una propuesta para reformar la organización.
Dijo que ya no confiaba en ella.
Y decidió decirlo allí.
En Naciones Unidas.
La diferencia importa.
Porque Irán todavía necesitaba ese atril para denunciar que el atril había dejado de servir.
Después habló de algo todavía más perturbador: qué muertos conmueven al mundo y cuáles no. «Si un individuo en Irán enfrenta un problema, derraman lágrimas de cocodrilo y arman un escándalo. Sin embargo, ante los crímenes cometidos contra nosotros, no vemos ninguna condena seria».
No estaba describiendo solamente una guerra.
Estaba acusando a la institución que tenía delante de haber perdido la vara con que debía medirla.
Porque el derecho internacional tiene un problema serio cuando necesita conocer primero la nacionalidad del muerto para decidir cuánto vale.
Y los derechos humanos dejan de ser universales en el instante en que necesitan saber quién lanzó la bomba antes de decidir si corresponde indignarse.
Ese era el expediente que Irán llevó a Nueva York.
No hacía falta esperar demasiado para agregar otra página.
Donald Trump habló después.
Desde el mismo lugar.
Y planteó públicamente la posibilidad de «aniquilar» a Irán si no aceptaba un acuerdo.
No sancionarlo.
No derrotar a su ejército.
Aniquilarlo.
Reuters registró la amenaza. Trump la vinculó a las condiciones estadounidenses para terminar la guerra y sostuvo que podía destruir rápidamente a la República Islámica si no había acuerdo.
El hombre que podía ordenar aquello estaba hablando desde la tribuna de Naciones Unidas.
La organización creada en 1945 para que aquello que una potencia puede hacer no sea necesariamente aquello que una potencia tiene derecho a hacer.
No ocurrió fuera de la ONU.
Ocurrió dentro.
Y esa diferencia es parte de la autopsia.
Porque Araghchi acababa de acusar a determinadas potencias de creer que podían hacer lo que les plazca.
Trump no respondió a la acusación.
La dejó resonando detrás suyo.
Y siguió hablando. Habló de Venezuela.
Hasta ahora, buena parte de la intervención estadounidense allí había sido explicada mediante otras palabras:
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Terrorismo/droga.
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Narcotráfico.
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Narcoterrorismo.
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Carteles.
Pero frente a la Asamblea General, Trump agregó otra explicación.
«Nuestras acciones en Venezuela son prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas a América obtengan un punto de apoyo en ninguna parte del Hemisferio Occidental».
Y enseguida:
«Si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar inigualable para asegurar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos».
No lo dijo un adversario de Washington.
Lo dijo Trump.
Y agregó otra frase que merece conservarse porque elimina cualquier trabajo interpretativo:
«Al vencedor pertenecen los despojos».
Venía hablando del acuerdo petrolero alcanzado después de la operación militar en Venezuela.
Según Trump, Estados Unidos y Venezuela reúnen ahora más del 60% del petróleo mundial bajo ese entendimiento.
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Droga.
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Petróleo.
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Intereses nacionales vitales.
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Potencias extranjeras.
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Hemisferio.
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Fuerza militar.
Las palabras estaban todas en el mismo discurso.
No hace falta decidir cuál de ellas era la verdadera.
Hay que leerlas juntas.
Porque unas horas después Trump se reunió con los gobiernos del Escudo de las Américas.
Y Chile estaba allí. Hasta ese momento, la explicación entregada por el gobierno en Chile había puesto el acento en
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El crimen organizado.
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Cooperación internacional.
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Intercambio de inteligencia.
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Capacitación.
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Fronteras.
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Carabineros.
-
PDI.
Una iniciativa de seguridad que el Gobierno de José Kast sostuvo que no constituía un tratado internacional y que, por lo mismo, no requería pasar por el Congreso. En la misma conferencia, Kast también descartó que permitiera operaciones militares estadounidenses en territorio chileno.
Pero después de la reunión apareció el documento.
No en La Moneda.
En Estados Unidos.
Se llama Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica y fue suscrita por quince países incluyendo Chile.
Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago son los adherentes.
Y se definen tres pilares para el Escudo de las Américas:
Economía, seguridad y coordinación multilateral.
No solamente seguridad.
Economía. En ese capítulo los gobiernos se comprometen a explorar mecanismos de revisión de inversiones.
A proteger las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes «diversificadas y confiables».
Y a promover regulaciones de «proveedores confiables» para infraestructura digital.
Entonces el Escudo comenzó a parecerse bastante menos al que se había explicado en Chile.
Porque nuestro problema ya no era solamente saber qué información compartirían Carabineros o la PDI con sus equivalentes.
Chile es el mayor productor mundial de cobre después de la República Democrática del Congo y posee algunas de las mayores reservas de litio del planeta. China es nuestro principal socio comercial.
Y el documento al que acaba de adherir Chile habla precisamente de inversiones, minerales críticos e infraestructura digital.
No dice China.
No necesita decirla para que Chile tenga que preguntar qué significan esos compromisos.
¿Qué inversiones pretende revisar?
¿Qué entiende por una fuente «confiable» de minerales críticos?
¿Quién calificará a los proveedores confiables de nuestra infraestructura digital?
¿Estados Unidos?
¿Cada país?
¿El Escudo?
¿Y qué ocurre cuando un proveedor, un inversionista o el principal comprador de nuestros minerales pertenece a la potencia que Washington considera su principal competidor estratégico?
Eso todavía no está respondido.
Pero hay más.
El tercer pilar es la coordinación multilateral.
Y allí aparece una sigla que tampoco figuraba en la explicación policial del Escudo: TIAR. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 1947.
El sistema de defensa colectiva montado en los primeros años de la Guerra Fría.
La declaración suscrita por Chile propone solicitar al Consejo Permanente de la OEA la convocatoria de su Órgano de Consulta para discutir acciones colectivas frente a organizaciones calificadas como narcoterroristas.
Eso no autoriza automáticamente una intervención militar.
No significa que tropas estadounidenses puedan desembarcar mañana en Chile.
Kast ha negado expresamente esa interpretación. Como ha negado tantas otras metáforas.
Pero tampoco es intercambio de información policial.
Es otra cosa.
El crimen organizado entra en la arquitectura de seguridad colectiva del hemisferio. Y eso ocurrió el mismo día en que Trump definió a los carteles como «el ISIS del Hemisferio Occidental», y donde dijo que sus integrantes debían ser muertos, expulsados o detenidos como combatientes enemigos y reivindicó decenas de ataques estadounidenses contra embarcaciones acusadas de transportar drogas.
Reuters informó ese mismo día martes, que Trump presentó el Escudo como parte de un esfuerzo coordinado contra los carteles y habló de utilizar el poder militar estadounidense en el hemisferio.
Entonces… Ahora, las piezas empiezan a tocarse.
No porque alguien las fuerce.
Porque están escritas.
Trump habla de recuperar el poder estadounidense en el hemisferio.
Trump dice que utilizará su poder militar para proteger los «intereses nacionales vitales» de Estados Unidos.
Venezuela es presentada como demostración de esa doctrina.
El Escudo incorpora seguridad económica, minerales críticos, inversiones e infraestructura digital.
Y sus integrantes proponen recurrir al TIAR para discutir respuestas colectivas contra organizaciones narcoterroristas.
Chile acaba de firmar.
Ese es el Escudo que conocemos hoy.
Bastante más grande y complejo que el que conocíamos ayer.
Y mientras todo eso ocurría, José Kast también habló ante Naciones Unidas.
Dijo que había que detener las guerras.
Recordó que no derraman sangre solamente en los países que combaten y que terminan empobreciendo también a los demás.
Después salió.
Y una periodista le hizo una pregunta muy sencilla:
– ¿Qué le parece que el presidente Trump, en su discurso, haya amenazado hoy, en este mismo foro, con aniquilar a Irán?
Kast respondió:
«Nosotros no nos pronunciamos respecto de los discursos de otras naciones en la medida que no se toque a nuestra nación».
No es una reconstrucción. Es su respuesta.
Y entonces ocurrió algo que tampoco necesita adjetivos.
El propio Kast explicó de inmediato que la guerra sí estaba tocando a Chile.
«Lo que está ocurriendo en el mundo nosotros lo observamos, lo sufrimos, porque claramente esa guerra llegó a Chile a través del alza del precio del petróleo y del diésel».
Las dos frases pertenecen a la misma respuesta.
No nos pronunciamos mientras no se toque a nuestra nación.
La guerra ya llegó a Chile.
Entre una y otra no hay interpretación.
Hay apenas unos segundos.
No hay hipérboles que confundan.
Por eso… Quizás Araghchi llegó a Nueva York con razón en al menos una cosa.
No necesariamente en todas.
En una: Había un cuerpo sobre la mesa.
El Consejo de Seguridad paralizado demasiadas veces por el veto de sus miembros permanentes.
Una Asamblea capaz de condenar pero incapaz de obligar.
Un secretario general advirtiendo que el derecho internacional está siendo despreciado.
Un presidente amenazando con aniquilar a otro Estado desde el atril de la propia organización.
Una guerra que continúa mientras los delegados deliberan.
Y, alrededor de esa institución debilitada, nuevas estructuras que comienzan a ordenar seguridad, economía y alianzas por fuera de ella.
Araghchi lo llamó destrucción de la confianza.
Tal vez sea demasiado pronto para extender el certificado de defunción.
Hay una paradoja que impide hacerlo.
Irán viajó miles de kilómetros para decir ante Naciones Unidas que ya no confía en Naciones Unidas.
Trump necesitó Naciones Unidas para que el mundo entero escuchara su amenaza.
Pezeshkian necesitó Naciones Unidas para responderle.
Kast eligió Naciones Unidas para explicar la posición de Chile. Todos fueron. Todos hablaron.
Todos suponían que ese atril todavía importaba.
Por eso quizá lo que murió no fue sólo Naciones Unidas.
Fue algo bastante más vital: La certeza de que detrás de ese atril había una regla que también obligaba al más fuerte a cumplirla.
Ese puede ser el verdadero informe de esta defunción.
Y mientras alguien decide quién firma el certificado, Chile acaba de incorporarse a un Escudo cuyo alcance conocimos mejor leyendo lo que publicó Washington que escuchando lo que explicó el gobierno de Kast en Santiago.
De una vez, debiésemos saber exactamente qué estamos protegiendo.
Y de quién.
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