Imagen: Río Amazonas, entre Belém y Santarém, en el estado de Pará. Foto: Sofía Kortysz Vaz
Sofía Kortysz Vaz, desde Santarém
La Diaria, 19-9-2026
Correspondencia de Prensa, 20-9-2026
Pueblos indígenas, quilombolas y trabajadores rurales que se han enfrentado a los gobiernos de Lula en distintas oportunidades priorizan hoy la reivindicación de sus políticas públicas ante la posibilidad de caer nuevamente en una administración afín al agronegocio, la minería ilegal y la entrega de recursos naturales a manos extranjeras.
“Ya vi caer a muchos líderes, a la hermana Dorothy Stang, a Maria do Espírito Santo y Margarida Alves. Es como si se hubieran llevado un pedazo de mí. Ese dolor me lastima hasta ahora porque nadie reparó en ello”, lamenta entre lágrimas Ivete Bastos, la presidenta del Sindicato de Trabajadores Rurales de Santarém, estado de Pará. En diálogo con la diaria, se refiere a los asesinatos de tres mujeres referentes de la lucha de los campesinos en 2005, 2011 y 1983, respectivamente. No es extraño que nadie haya reparado en eso, porque el norte de Brasil ha sido históricamente relegado. La Amazonia todavía es una zona olvidada y pobre.
¿Por qué una semana en el norte?, me preguntó una militante de izquierda de Bahía, refiriéndose a mi viaje por Pará, donde viven unos 80.000 indígenas, lo que confirma que los pueblos que habitan la región amazónica todavía tienen que pelear por tener un lugar, por conseguir que sus demandas sean visibilizadas, como si lo que está en juego en este momento no fueran sus territorios. Es el norte del país, atravesado por el río Amazonas, donde esas poblaciones resisten, donde las quilombolas pelean por sus tierras, donde los agricultores familiares se enfrentan al crecimiento del agronegocio, a la minería ilegal, a la deforestación.
Son nueve los estados de Brasil que forman parte de la Amazonia, y los dos más grandes son Amazonas y Pará. La capital de Pará, sin embargo, no está en el corazón de la selva, sino en Belém, donde la arquitectura europea deslumbra: la arquitectura de la colonización. Hasta allí se trasladaron pueblos indígenas del bajo Tapajós (una parte del río que lleva ese nombre) para presentar sus demandas durante la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).
Es de ahí de donde salen grandes embarcaciones que navegan diariamente el Amazonas para transportar cargamentos hacia localidades más pequeñas del estado y hacia otras no tan pequeñas, como Santarém, donde viven más de 300.000 personas. También hacia Manaos, capital de la Amazonia. Transportarse en barco es, muchas veces, la única alternativa para los locales. Viajar en avión es más costoso y las rutas terrestres no siempre son una opción. Pueden estar en mal estado o ni siquiera existir para llegar a algunas aldeas. Como todavía no hay un turismo masivo como en otros estados, la mayoría de los pasajeros del barco llamado Amazonas que va de Belém a Santarém son paraenses que se ven obligados a transportarse hasta la capital estadual para hacerse un examen médico, recibir un tratamiento o concretar un trámite.
Para eso pueden navegar un día, dos, tres. Son de Gurupá, de Prainha, de Monte Alegre, todas localidades que se encuentran en la ribera del río. Para ellos, vivir “cerca de Santarém” es vivir a unas ocho horas. Las noches las pasan en las redes, lo que en Uruguay conocemos como hamacas paraguayas, de donde cuelgan los enchufes para cargar los celulares. Viajan 72 horas con no menos de 32 grados y sin brisa.
A lo largo del río se encuentran muchas aldeas donde sobrevive la agricultura familiar, en las que los cultivadores de açaí recorren cada día varios kilómetros para vender los frutos de su tierra. Tienen la destreza de acercarse en canoas a motor que aferran a los barcos para saltar adentro, donde ofrecen sus productos. Todo sin que el barco se detenga.
Muchos de los pasajeros les compran porque es más económico que desayunar, almorzar y cenar en el comedor. Pero no son los vendedores los únicos que se agarran al barco. Los niños que nadan en el río juegan a prenderse de la parte trasera y ser arrastrados por unos metros para luego volver a la orilla.
Niños a los que se les ha arrebatado su lengua y de quienes se han burlado. Karlison Borari, un adolescente del pueblo Borari, tuvo que ir a la escuela con niños que no eran indígenas. Lo llamaban “indio” y lo tomaba como una broma. Ahora que se reencontró con sus raíces, advierte que llamarlo como los llamaron “los colonizadores” era “bullying”.
Como defensor de los derechos de su pueblo, de los ríos y la floresta, fue parte de la ocupación que pueblos indígenas de la región mantuvieron a comienzos de este año, durante 33 días, del puerto de Cargill, empresa estadounidense instalada en más de 16 países, que en América Latina se dedica, fundamentalmente, al transporte de soja. La suspensión de las actividades en el puerto que la empresa construyó en 1999 en Santarém tenía como objetivo terminar con el decreto del actual gobierno brasileño que incluía segmentos de ríos amazónicos en el Programa Nacional de Desestatización, lo que podía derivar en el dragado de ríos como el Tapajós. Esa ocupación fue uno de los primeros pasos de Karlison en las batallas que esos pueblos dan a diario. Cuenta con dulzura que siempre recordará esos días porque fue donde su familia le festejó sus 15 años.
No ha enfrentado por el momento las amenazas a las que han estado expuestos otros entrevistados. A Bastos casi la atropella un auto el año pasado. Asegura que es por haberse opuesto públicamente al agronegocio. Al presidente del Consejo Indígena Tapajós Arapiuns (CITA), Lucas Tupinambá, lo amenazaron dos veces. Explica que los líderes que se oponen a empresas como Cargill y se reúnen a negociar con las altas esferas quedan muy expuestos. Solicitó hace ocho meses un escolta, pero todavía no ha tenido respuesta.
El CITA reúne a 14 pueblos indígenas que, sumados, dan una población de 20.000 personas. En menos de dos años le hicieron frente al menos tres veces al gobierno estadual y federal. Además de ocupar las instalaciones de Cargill y de protestar en la sede de la COP30, en enero de 2025 ocuparon la Secretaría estadual de Educación para manifestar su oposición a una ley que pasaría, entre otras cosas, de la enseñanza presencial a la enseñanza remota en territorios indígenas. El gobierno estadual tuvo que dar marcha atrás. En Cargill las negociaciones con el gobierno federal fueron arduas, pero también de ellas salieron victoriosos.
Ser reconocidos
El vínculo de los pueblos indígenas, los trabajadores rurales y las organizaciones quilombolas con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva está lejos de ser idílico, pero a las puertas de la elección de octubre en la que nuevamente la disputa es entre continuar con el actual gobierno o volver a la extrema derecha, todos estos colectivos reivindican las políticas públicas llevadas adelante y pensadas para sus territorios durante los tres mandatos de Lula. Sin ir muy lejos, fue al comenzar esta gestión que se creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas.
“Con su gobierno tenemos una amplia posibilidad de dialogar. Cuando ocupamos Cargill, el gobierno de Lula reculó, cosa que la extrema derecha bolsonarista no haría”, dice Tupinambá, que define la relación como “diplomática”. “Todos los gobiernos de la historia de Brasil, sin excepción, afectaron a los pueblos indígenas, pero cuando gobernó Jair Bolsonaro, fue la época de mayor extracción de madera en la historia de nuestra región”, explica. Fue también la época en la que disminuyó la fiscalización y creció la minería ilegal, que afecta las aguas claras del río Tapajós. “Ahora todavía existe”, aclara, “pero vemos una política de combate” a esa práctica.
Tupinambá piensa en el impacto que la derrota de Lula podría tener no solo en el país, sino en el mundo, al sumarse a la ola de extrema derecha. Su preocupación es que el presidente estadounidense, Donald Trump, “tiene la mira puesta en las tierras raras del Amazonas porque son las que impulsan la inteligencia artificial”. Ve al actual gobierno como aquel que se opone a las políticas de Trump y que está abierto a pensar junto con las comunidades que cuidan sus territorios cómo manejar las riquezas que son parte de esos lugares.
En un tono parecido, Bastos reconoce que la deforestación continuó durante las administraciones de Lula, pero pone el foco de la crítica en la coalición que debió armar “porque no puede gobernar solo”. Culpa al Congreso, al que tilda de “perverso”, porque cuando el presidente veta una ley de la extrema derecha, “ellos van y levantan el veto”. Aun así, entiende que hay cierto muro de contención a la arremetida de la extrema derecha. Por el contrario, que vuelva a ganar “un presidente afín a ese congreso que hincha solo por el agronegocio”, dice en referencia a Flávio Bolsonaro, implicaría una lucha “mucho más grande”.
Lo resume así: “La Amazonia es un problema para ellos, el bosque en pie es un problema para ellos. Todo lo bueno para nosotros es malo para ellos”. Los estragos del cambio climático en el Amazonas, de la contaminación de las aguas y sus plantaciones, se hace carne en la vida cotidiana. “Antes sabíamos cuándo iba a llover, lo sabíamos todo solo mirando el paisaje. Ahora no, porque todo cambió”.
Es una lucha desigual la de los agricultores familiares contra el agronegocio. “Mientras preservamos un espacio, tenemos a otro con una máquina esparciendo veneno, deforestando. Son kilómetros y kilómetros de soja para exportar, un desierto en el que no se ve una lagartija”, afirma.
La postura de la Federación de Organizaciones Quilombolas de Santarém (FOQS) es similar. Aun bajo la vigencia de su mayor reclamo, que es quitar a los latifundistas las tierras que pertenecen a los quilombolas para tener su posesión y titulación definitiva, defiende al gobierno de Lula por haber retomado políticas para su población que el gobierno de Bolsonaro había trabado.
El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) ha vuelto a brindarles recursos y a invertir en proyectos específicos de sus comunidades. También, aunque se está lejos de reparar a esa población, este año el presidente firmó un decreto en el que “reconoce oficialmente a la tierra quilombola” y solicita al Incra la expropiación de tierras que están en manos de privados.
Con voz propia
A Karlison llegué por un video de Instagram en el que cuenta que hoy los niños indígenas aprenden a hablar sus lenguas en las escuelas. Él recién está incorporando algunas frases sencillas, como “buenos días”. Los avances en la educación en Santarém son uno de los aspectos más valorados de los gobiernos del Partido de los Trabajadores por parte de las poblaciones relegadas. La creación de la Universidad Federal del Oeste de Pará (Ufopa), en Santarém, en 2009, permitió que Tupinambá hiciera la carrera de gestión pública. Por eso nuestro encuentro fue en sus jardines. La alianza de la Ufopa con la FOQS también es muy fuerte. Por ese motivo, al trasladarme al punto acordado para hablar con su coordinadora, Miriane Costa, me encontré con que estaba terminando un almuerzo con algunos docentes.
Costa celebra que en la Ufopa hay muchos estudiantes quilombolas de grado y posgrado gracias a las becas que han recibido. “Un derecho que tienen, pero también se ganaron”, defiende. “Hoy podemos decir que tenemos un quilombola doctor, algo que antes era un sueño para nosotros. Tenemos abogados quilombolas, sabemos defendernos muy bien. Hoy nadie más habla por nosotros”.
En las aldeas indígenas sucedió un proceso similar. Hasta la segunda gestión de Lula, muchos docentes que daban clases allí no eran indígenas porque los indígenas no tenían formación. La educación era entonces “igual que la de los blancos”, recuerda Tupinambá. “Hoy, en el tercer gobierno de Lula, en el cien por ciento de las aldeas los profesores son indígenas”, afirma con orgullo. Incluso, cuatro profesores de la Ufopa lo son. Estos avances trajeron aparejados cambios en la currícula. La lengua materna le ha ganado terreno en el presente al aprendizaje de inglés y español. También existe ahora una educación diferenciada al dedicar parte del horario escolar a aprender a tejer y conocer las hierbas medicinales.
Ocupar todos los espacios
Varios integrantes de estos colectivos están en competencia de cara a los comicios del próximo mes. Por citar algunos ejemplos de la región de Tapajós-Arapiuns, Alessandra Korap, del pueblo indígena Munduruku, compite para ser diputada federal del Partido de los Trabajadores por Pará. También está en campaña para diputada del parlamento estadual Auricelia Arapiun, que se postula por el Partido Socialismo y Libertad, que para la presidencia respalda a Lula. Mientras tanto, la FOQS tiene en carrera para ese cargo a la activista quilombola Vanuza Cardoso. En la segunda vuelta de 2022, de los cuatro estados del norte donde Lula ganó, fue en Pará donde la victoria fue más contundente, al obtener un 52% de los votos frente al 40,4% que alcanzó Bolsonaro. Según la última encuesta de Quaest, publicada en agosto, Pará es uno de los estados en los que Lula triunfaría en octubre.
