Estabilidad o crecimiento económico ¿un falso dilema?
Saúl Escobar Toledo, México
En materia de gasto e inversión pública, los gobiernos de Morena han sido más
bien conservadores, preocupados por mantener la estabilidad de la economía,
evitando devaluaciones bruscas del peso, cuidando el déficit fiscal, manteniendo
una tasa de interés relativamente alta en relación con la de Estados Unidos (para
frenar la fuga de capitales), y procurando que las reservas del Banco de México
mantengan cuantiosos niveles.
Esta política se ha aplicado desde el primer año de gobierno de López Obrador y
va a continuar en 2027 si nos atenemos al proyecto de presupuesto de egresos de
la federación (PPEF) que envío el gobierno hace unos días. La “austeridad
republicana” seguirá siendo la norma, como lo ha sido en todos estos años con la
excepción de 2024, cuando el déficit púbico saltó del 3.4 al 5% del PIB y obligó al
gobierno de Sheinbaum a un fuerte ajuste y bajarlo a 3.6% en 2026. Para el
próximo año, la meta es reducirlo aún más, a 3.4%
Debe señalarse que esta orientación conservadora ha ocurrido en condiciones
internas y externas muy complejas. El triunfo de López Obrador en 2018 fue
recibido con preocupación por las cúpulas empresariales. De manera alarmista,
advirtieron riesgos de expropiaciones, gastos públicos exorbitantes, y medidas
contra los empresarios y las empresas privadas.
En el ámbito externo, AMLO pronto tuvo que enfrentar los cambios de la política
comercial de Estados Unidos debidos a la elección de Trump en 2016, y luego la
pandemia en 2020-2021. Ya con Claudia Sheinabum al frente del gobierno, el
nuevo mandato de Trump ha resultado mucho más agresivo que el primero.
Seguramente todas estas circunstancias han pesado en la conducción de la
política económica., lo que ha conducido a elegir la estabilidad por encima del
crecimiento económico. Sin embargo, la “austeridad” del gasto ha tenido
repercusiones adversas. Ha frenado la inversión pública, la cual se ha mantenido
en niveles muy reducidos; ha debilitado las instituciones públicas en renglones tan
sensibles como salud, educación y trabajo; y ha afectado la creación de nuevas
plazas laborales, alentado la expansión de las ocupaciones informales.
No obstante, al mismo tiempo, los sexenios de AMLO y Sheinbaum han procurado
una política laboral que contrasta notablemente con los sexenios anteriores. El
crecimiento del salario mínimo y las reformas laborales han, sin duda, beneficiado
a millones de trabajadores lo que se ha reflejado en la caída de la pobreza laboral
y un mejor equilibrio entre las utilidades y los salarios. Por su parte, los programas
sociales, particularmente el de adultos mayores y las becas Benito Juárez,
también han ayudado a mejorar los ingresos de las familias.
La apuesta por la estabilidad fue acompañada de medidas que han representado
una mudanza indudable en comparación con la etapa anterior caracterizada como
neoliberal. Se podría decir entonces que durante estos ocho años hemos vivido un
estancamiento económico con distribución del ingreso. Un desarrollo más
incluyente y al mismo tiempo menos productivo. O para decirlo con una frase
simplista, el pastel se ha repartido mejor pero no ha aumentado de tamaño.
Lo anterior podría ayudar a entender por qué las políticas de la cuarta
transformación han tenido como efecto un cambio de tendencia sin lograr una
transformación estructural. Las mejoras en los ingresos de la familias no han
logrado reflejarse en la superación de viejas desigualdades: en primer lugar, como
ya se dijo, el aumento en términos absolutos y relativos de la ocupaciones
informales; en segundo lugar, la brecha en materia de pobreza, empleo y
capacidades productivas entre el Sur-sureste, especialmente Guerrero, Oaxaca y
Chiapas, y el eje geográfico más ligado al sector exportador que corre de
Querétaro pasa por Jalisco y Aguascalientes hasta los estados fronterizos del
norte del país. Tampoco se han cerrado otras brechas laborales y de ingresos, por
ejemplo, entre hombres y mujeres; o entre jóvenes y adultos. Muchas de estas
disparidades obedecen a la falta de empleos formales, de tal manera que otra
manera de entender los resultados de las políticas de AMLO y Sheinbaum
consiste en advertir que los salarios (en términos generales, medidos por el salario
medio del IMSS) han corrido por un camino ascendente mientras que los empleos
formales se han estancado. Esta divergencia representa quizás la falla principal de
ambos sexenios porque en el mediano plazo (y quizás en el corto) no será posible
sostener un aumento de los ingresos laborales cuando la oferta de puestos de
trabajo es cada vez más insuficiente.
Los presupuestos de egresos, es decir la cuantía y composición del gasto público
han sido, como es natural, instrumentos muy importantes para conducir la política
económica bajo el modelo de “estancamiento redistributivo”. Dos características
los han distinguido: por un lado, la búsqueda de un déficit público cada vez menor,
lo que ha llevado a restringir el gasto en áreas prioritarias y, sobre todo, en
inversión pública en infraestructura. Por otro, el incremento presupuestal de los
programas sociales de transferencias monetarias.
Así, por ejemplo, el PPEF 2027 los programas sociales prioritarios (principalmente
transferencias monetarias) suman 1 billón 25 mil pesos, mientras que los de
inversión alcanzan la suma de 560 mil millones de pesos. Para este año, el PEF
aprobado por los diputados dispuso para el primer rubro 987 mil millones de pesos
y para el segundo, los de inversión, 537 mil millones.
En el proyecto para el próximo año se ha tratado de corregir un poco esta
situación, ya que los programas sociales tendrán un incremento en términos reales
igual a la inflación (con la excepción de la pensión mujeres bienestar), mientras
que las inversiones prioritarias (principalmente PEMEX y los nuevos trenes)
crecerán en alrededor del 1%, aunque destacan los proyectos para Defensa y
Marina que registran un brinco de más del 150% (nominales).
Los presupuestos, incluyendo el del próximo año, no sólo han estado presionados
por la magnitud de los programas de transferencias monetarias; también, por el
gasto en pensiones contributivas, lo cual es una paradoja pues fueron diseñados
para ser financieramente sostenibles, un costoso fracaso que arrastramos desde
finales del siglo pasado. En 2026 absorberán casi el 25% del gasto programable
(es decir sin contar, principalmente, la deuda pública) y en 2027, se propone una
erogación de proporciones similares.
Además, desde luego, está el peso de la deuda pública. Para 2027 el SHRFSP
(Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público) que es la
clasificación más amplia que abarca la deuda contratada y por contratar, los
intereses, el capital e incluso los Pidiregas y el IPAB, llegará a 55.0% del PIB,
mientras que en 2026 se espera que alcance 54.0%. Hacienda considera que
seguirá subiendo hasta 56.5% en 2031 y 2032.
Lo anterior se debe a que los esfuerzos por conseguir una mayor recaudación
fiscal han ido en aumento, pero no han sido suficientes. La austeridad tampoco lo
ha sido y en cambio ha afectado el crecimiento económico y las instituciones
públicas. Las cúpulas empresariales y las agencias financieras extranjeras insisten
en que el ajuste presupuestal debe ser mayor.
Bajo estas condiciones, el afán de preservar la estabilidad económica implica un
costo social y productivo cada vez mayor. ¿Hay otra alternativa? ¿Una que
promueva el crecimiento con estabilidad y una mejor distribución del ingreso?
Diversos proyectos, incluyendo el llamado Plan México, pretenden alcanzar estos
objetivos. Sin embargo, los gobiernos de la Cuatro T siguen entrampados en la
opción de sacrificar el crecimiento en aras de la estabilidad como lo refleja el
paquete económico para 2027.
No obstante, las circunstancias externas y las presiones sociales internas podrían
llevar a un cuestionamiento del paradigma dominante. Ya veremos como pintan
las cosas después de los procesos electorales en Estados Unidos en noviembre y
en junio del próximo año en México.
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