Por Patricio Guzmán S.
Vamos tratar de la propuesta de reforma constitucional, ACOT Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Bonito nombre verdad, pero no todo lo que brilla es oro como dice el dicho.
El lunes 17 de agosto el Gobierno del Presidente José Kast ingresó al Senado un proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, iniciativa que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT). La propuesta ingreso con suma urgencia al Senado lo que se traduce en que solamente tendrán 15 días para discutir el asunto.
Un artículo de Mauricio Vargas difundido por Politika dice “Este no es el último proyecto. Es el primero de una agenda de treinta, que el propio Gobierno ha presentado como una ofensiva legislativa de alrededor de treinta iniciativas contra el crimen organizado y el terrorismo.
Hay momentos en que una sociedad descubre que el problema que está discutiendo no es exactamente el problema que tiene delante.
Chile lleva años discutiendo cómo enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la pérdida de control sobre determinados territorios. Es una discusión legítima, urgente y, a estas alturas, imposible de eludir.
Pero la reforma constitucional que José Antonio Kast acaba de poner sobre la mesa obliga a mirar un poco más lejos.
Porque una cosa es ampliar las herramientas con que el Estado combate el crimen. Otra, muy distinta, es modificar las reglas constitucionales que determinan hasta dónde puede llegar el poder cuando dice estar combatiéndolo.
Y esa diferencia importa.
Mucho.
El verdadero objeto de esta reforma no es solamente qué podrá hacer el Estado contra el crimen.
Es qué podrá hacer el poder cuando invoque la seguridad.” Hasta aquí la parte del artículo de Mauricio Vargas que hemos extractado de un texto bastante más largo.
Estamos ante la propuesta de creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. Es una propuesta preventiva para responder a la inevitable agitación social por las agresiones desde el gobierno a los derechos y conquistas sociales de los habitantes de Chile.
Se trata de legalizar la Arbitrariedad sin control de ninguna otra institución, sin pasar por el Congreso.
Bastaría la sola voluntad del presidente de la República para someter a todo el país a un estado de excepción por 8 meses.
La medida tendría una duración de cuatro meses y podría extenderse por otros cuatro meses mediante una decisión netamente presidencial. El Congreso recién tendría injerencia a partir de las prórrogas sucesivas, vale decir, ocho meses después.
¿Por qué la iniciativa ACOT? Es una respuesta a un rechazo creciente al gobierno de la gente incluso de una parte creciente de los que votaron porél.
Las dos promesas con las que Kast llegó al gobierno fueron que relanzaría el crecimiento económico y terminaría con la delincuencia que en su relato vinculaba con la inmigración. Por supuesto ninguna promesa se ha cumplido, antes del gobierno de Kast, bajo Boric, Chile sin duda en una situación económica con dificultades crecía a un 2 o 2,5%, pero ahora parece cierta la consigna de campaña de Kast “Chile se cae a pedazos”. Estamos en recesión, en decrecimiento. Y el desempleo sigue aumentando acercándose al 10%.
Las expectativas de expulsión de inmigrantes, – y entiéndase que yo no soy de ninguna manera partidario de expulsar de Chile a personas honestas que han venido a vivir, trabajar y construir el país con nosotros – la promesa de expulsión de 300 mil personas apenas llegara José Kast al gobierno quedó en una mofa, cuando ya era evidente que no hacía nada serio en ese sentido y el presidente declaró que había sido una metáfora y más tarde una hipérbole. Incluso que habría que ser muy tonto para creer una cosa así.
Lo que refleja esta iniciativa de ley así del gobierno de José Kast como las leyes de impunidad por crímenes de funcionaros armados del Estado especialmente de Carabineros, algunas de estas leyes aprobadas desde el gobierno de Boric, completamente antidemocráticas se deben al terror que el pueblo trabajador y la juventud se levanten en una nueva rebelión, es el terror al fantasma de Octubre de 2019 que tienen los privilegiados de Chile, ese escaso 1% de la población que acumula el grueso de la riqueza nacional y los ingresos quieren garantizar que los gobiernos al servicio de las clases dominantes cuenten fácilmente con herramientas para aplastar los movimientos de protesta popular con la represión brutal.
“Por la declaración del estado de excepción de seguridad pública, el Presidente de la República podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión. Podrá, asimismo, restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”. Es decir, un régimen sin libertades por 8 meses sin siquiera dar cuenta al Congreso si el ejecutivo aprecia una amenaza a la seguridad sin mayores precisiones.
La iniciativa que es una forma encubierta de establecer una dictadura a voluntad del presidente ha sido rechazada incluso por parlamentarios de derecha, algunos porque dicen que en un futuro gobierno de izquierda será una herramienta discrecional en sus manos, otros como el senador Andrés Longton, de RN quien durante su etapa como diputado llegó a presidir la Comisión de Seguridad de la Cámara, comentó que «a mí también me parece que es un exceso 240 días (8 meses), eso no lo tiene ni el Estado de Sitio, no lo tiene el Estado de Asamblea, menos sin control del Congreso. El Estado de Guerra establece incluso una pasada por el Congreso para una aprobación. Por lo tanto, me parece que el control del Congreso te permite generar un equilibrio entre los poderes, sobre todo considerando que le estás dando una herramienta muy poderosa, porque en el fondo lo que hace el Estado de Excepción es limitar garantías constitucio-nales».
¿Por qué nosotros sostenemos que estamos ante la amenaza de una dictadura? Debido a que la iniciativa ACOT termina con una característica elemental de la democracia: garantizar las libertades y los derechos básicos de la ciudadanía. Es cierto que desde el fin de la dictadura civil y militar de Pinochet, nunca hemos recuperado la democracia plenamente, no es posible hablar de verdadera democracia con una concentración de la riqueza en manos de pocos como ocurre en Chile, con el grueso de los medios de Comunicación bajo control de grandes empresarios, pero ahora quieren ir mucho más allá.
Estas nuevas leyes represivas, el propuesto cambio constitucional tratan de establecer claramente una dictadura permanente encubierta bajo formas democráticas, elecciones periódicas pero todo controlado, atado y bien atado, para garantizar el negocio y los privilegios.
El proyecto de Kast y sus secuaces un verdadero abuso de la extrema derecha pinochetista en el gobierno, con su fuerza circunstancial también en el Congreso. Donde hay abusos hay resistencia y la rebelión se justifica.
Es necesario impulsar y apoyar la organización y protesta del pueblo trabajador contra las políticas capitalistas neoliberales hasta parar a este gobierno tan reaccionario.
Solamente así podremos abrir el camino para un gobierno de los trabajadores, a un gobierno honesto del pueblo que se gana la vida con su trabajo, y poner fin a décadas de explotación abusos, y entrega de nuestro país a los interés de las clases dominantes y los imperialismos.
Donde hay opresión hay resistencia, y la rebelión se justifica.
