DIARIO UNIVERSIDAD DE CHILE Martín Espinoza |Sábado 26 de agosto 2017
La participación ciudadana, dificultada por las normativas vigentes, han dado muestra de ser efectivas si son persistentes y organizadas. Al mismo tiempo en el país se aprueban proyectos hidro eléctricos, termoeléctricos, gasíferos, mineros y de otras áreas que afectan y dañan sistemáticamente el medio ambiente. Acá el detalle de algunos de los conflictos.
El rechazo del comité de ministros al proyecto de hierro y cobre Dominga, de la región de Coquimbo, por tres votos contra dos, sienta un nuevo hito en torno a los conflictos socioambientales en Chile.
“Queremos comunicar como Andes Iron frente a la resolución del Comité de Ministros nuestra más profunda decepción a la institucionalidad”. Así reaccionó Iván Garrido, presidente ejecutivo la empresa, al enterarse de la votación de los ministros. El ejecutivo también señaló que la decisión le “ha causado un daño a la democracia de nuestro país”.
Garrido dio cuenta de las intenciones del proyecto de insistir en su aprobación, por lo que señaló que concurrirán a tribunales ambientales con el objetivo de “seguir defendiendo el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley”.
Según un estudio elaborado por el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (Cnid), organismo asesor de la Presidencia de la República, los motivos de conflictos socioambientales que más se repiten en todos los casos analizados son: el reclamo al derecho de la participación ciudadana y consulta indígena, la solicitud de incorporar el conocimiento de los habitantes del territorio, demanda por ordenamiento territorial, y localización de proyectos en el borde costero, entre otros.
Pero Dominga no es el único proyecto que tiene a las comunidades atentas y movilizadas. Acá una radiografía de los principales conflictos socioambientales que se desarrollan en Chile.
Pascua Lama
El polémico proyecto de extracción de oro, plata y cobre desde los glaciares ubicados en la región de Atacama y en la provincia de San Juan, en Argentina, hoy se encuentra detenido. La remoción de partes de tres distintos glaciares, además de un método de extracción que contemplaría el manejo de sustancias tóxicas y la supuesta contaminación de las aguas de la cuenca del Huasco despertaron el malestar de las comunidades diaguitas del sector.
La minera Barrick Gold, la empresa canadiense a cargo de proyecto, ha defendido su posición declarando que grandes sumas de dinero serán invertidas en la misma región.
La compañía norteamericana anunció en enero de este año la reactivación del proyecto minero a través de avances en un nuevo estudio de impacto ambiental. En junio de este año la Presidenta Bachelet generó controversia al saberse su reunión con los directores y altos ejecutivos de la transnacional durante su visita a Canadá.
La reacción de la Asamblea por el agua del Guasco Alto, una de las principales agrupaciones opositoras al proyecto, no se dejó esperar. Declaró en su momento que “No puede ser que el Gobierno siga amparando y celebrando la inversión de empresas cómo Barrick Gold en territorio chileno, las que han violado reiteradamente las leyes medioambientales de nuestro país y los derechos humanos e indígenas, destruido glaciares, contaminado nuestros ríos con metales pesados incluso poniendo en riesgo a la salud a la población, lo cual ha sido confirmado por los propios entes del Estado”.
Punta Alcalde
Anunciado como uno de los proyectos energéticos más grandes de Chile, la central termoeléctrica Punta Alcalde, ubicada en la comuna de Huasco, recibió el rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental en el año 2012. Las emisiones de las chimeneas y el grado de contaminación de las aguas utilizadas por la central para sus procesos internos –y que después se devuelven al mar- habrían sido las dos grandes razones de la desaprobación.
Las agrupaciones organizadas en contra del proyecto han reclamado que la zona ya se encuentra contaminada y lucharon fuertemente por lograr que fuera declarada zona de latencia, es decir, un lugar donde la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúe entre el 80 y 100% de la respectiva normativa ambiental.
A principios de 2014 la Corte Suprema aprobó el funcionamiento de la central. Esto, con la condición de que Endesa, empresa a cargo del proyecto, mantenga un monitoreo sobre las aguas que devuelve al mar después de ser utilizadas para el enfriamiento de sus chimeneas.
La conclusión alcanzada es que tales adaptaciones implicarían modificaciones mayores a la RCA aprobada de difícil tramitación”.
Til Til
Til Til en sus tierras lo tiene todo. Plantas de tratamiento de aguas servidas, desechos mineros, procesadoras de acero, cementeras y rellenos sanitarios. Las protestas se reactivaron luego de la aprobación de un centro para residuos industriales tóxicos en el sector.
El proyecto CIGRI, de la empresa Ciclo S.A., fue aprobado por unanimidad en el Comité de Ministros en julio pasado y pretende alojar los productos tóxicos que provengan desde la región de Atacama hasta la de Bío Bío.
El espaldarazo de las autoridades a un proyecto que llevará los residuos de cerca de 60% del país indignó a la comunidad de Til Til. El alcalde de se reveló contra la medida y ordenó la clausura de otro vertedero de la comuna. Los vecinos del sector, juntos con algunas autoridades, también anunciaron la presentación de un recurso de protección ante los Tribunales Ambientales para que reevalúen la medida.
Octopus (Bío Bío Genera)
La iniciativa, emplazada en la región del Bío Bío, contempla una inversión de US$ 150 millones y considera la construcción y operación de un terminal marítimo de Gas Natural Licuado (GNL), para recibir, almacenar y regasificar GNL, así como transportarlo a tierra mediante un gasoducto submarino.
Los detractores del proyecto han señalado que la iniciativa dañaría el ecosistema marino en el borde costero y que Chile no cuenta actualmente con una legislación que norme terminales de este tipo. Andrés Escalona, dirigente de la agrupación de Protección al Medio Ambiente y la Cultura de Penco-Lirquén, declaró en su momento que “existen normas internacionales que señalan que bajo un efecto probable de accidente, como un choque entre barcos, se podría ver afectado un radio de 2 mil metros. Esa precaución no está considerada”.
El proyecto recibió la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental de la región a mediados del año pasado. La medida fue revocada por la Corte Suprema, por la no realización de una consulta ciudadana que debía ejecutarse antes de dicha aprobación. La Corte Suprema ordenó que en mayo de 2017 se realizara dicha consulta.
Después de realizada la instancia, la Comisión Evaluadora Regional aprobó la concreción del proyecto gasífero. Las comunidades locales han manifestado su voluntad de no descansar. Carolina Arriagada, la vocera de una de las organizaciones opositoras al proyecto, declaró que acudirán al Comité de Ministros: “hay permisos que faltan, hay cosas que la empresa por obligación debía hacer y que el Servicio de Evaluación Ambiental tampoco fiscalizó. Hay un permiso que se tiene que pedir, el de compatibilidad territorial, que es un trámite que la empresa debió haber hecho y que se lo tiene que pedir a la municipalidad. Nosotros ahora estamos preparando la apelación al Comité de Ministros para llegar a las últimas instancias que es el Tribunal Ambiental de Valdivia”, sostuvo hace menos de un mes.
Central Hidroeléctrica Río Cuervo
Aprobado en mayo de 2013 por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén y rechazado tres días después por la Corte Suprema ante la carencia de estudios geológicos fundamentales, la Central Hidroeléctrica Río Cuervo aspira a construir dos presas en el río Cuervo, en la Patagonia chilena.
Una vez expuestos los estudios, el Comité de ministros de Bachelet dio el visto bueno al proyecto. Sin embargo, hace algunos días circuló en la prensa le hecho de que las empresas controladoras del proyecto, Glencore y Origin, habría desistido de concretar el proyecto porque “la línea de transmisión submarina que se analizó no era viable, a lo cual se suma el hecho que al no concretarse HidroAysén, tampoco existían los incentivos para desarrollarla.
Hidroaysén
El proyecto hidroeléctrico Hidroaysén debe ser una de las propuestas que más descontento ha generado, no solo en las comunidades locales, sino también a nivel nacional. La aprobación regional del proyecto en 2011 despertó manifestaciones en varias regiones del país. Hidroaysén recibió la venia del Comité de Ministros de Sebastián Piñera, pero meses más tarde la misma instancia, esta vez del gobierno de Bachelet, invalidó la resolución y rechazó el estudio de impacto ambiental.
Ante dicha respuesta, la empresa judicializó la causa en Tribunales Ambientales de Valdivia y Santiago. La Corte Suprema dijo que ambas causas se debían juntar. Los alegatos fueron hace dos años y el Tribunal Ambiental debería fallar dentro de los próximos meses.
Pero el proyecto tiene otra arista de conflicto. Endesa, una de las dos firmas a cargo, ha evaluado regresar los derechos de agua de los ríos Baker y Pascua al Estado. Ahí el problema lo tienen con Colbún, la otra compañía responsable, que no quiere liberar esos derechos estos ríos para poder represarlos.
Isla Riesco
El proyecto de extracción de carbón de la mina Invierno, ubicado en Isla Riesco, en la región de Magallanes, también ha generado el rechazo de la comunidad local. En más de la mitad de la superficie de Río Verde, la comuna en la que se emplaza el proyecto, se encuentra la Reserva Nacional Alacalufe, donde habitan cerca de 24 especies de mamíferos y 124 de aves.
Los opositores han señalado que el proyecto, una termoeléctrica que opera con carbón, arrasará con 1.500 hectáreas de bosques, humedales, praderas, valles y lagunas. Además se harán excavaciones de 180 metros de profundidad.
En marzo de este año, la Corte Suprema acogió el recurso de dos organizaciones ambientalistas y ordenó la realización de una consulta ciudadana sobre el proyecto, contradiciendo la resolución de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas por considerarla arbitraria.
Las tronaduras –uso de detonadores en explosivos- como método complementario para extraer material estéril en las faenas constituyen el eje central del conflicto. La vocera de Alerta Isla Riesco declaró, después de conocerse el fallo de la Suprema, que como argumento apelarán al “componente ambiental, el tema del ruido, la generación de vibración, de movimiento y contaminación de las napas subterráneas, las emisiones de polvillo y el impacto tanto en la flora como en la fauna del entorno. Y a eso sumamos el componente social productivo, ya que increíblemente ninguno de los servicios ni la misma empresa dicen, que al lado del yacimiento se realiza ganadería de ovejas. Estas zonas son sumamente delicadas en distintos momentos productivos en el año. Nadie ha dimensionado que eso existe y por lo tanto, tampoco lo han evaluado. En la práctica, eso significa que hay ciertos momentos del año en que la empresa no debería utilizar el método de tronaduras”.
