El gobierno de Kast ha dejado en evidencia su carácter antipopular. Su Plan de Reconstrucción Nacional que hace unas semanas se aprobó en el Senado, solo beneficia los intereses del gran capital. Una “megareforma” que reduce los impuestos a los más ricos a la vez que abandona a la clase trabajadora con recortes y medidas que afectan directamente a las familias trabajadoras.
Esta fórmula no es nueva en el continente y demuestra la determinación del imperialismo, en alianza con las clases dominantes locales, para mantener la explotación de la fuerza de trabajo mientras saquean los recursos nacionales, sean fiscales o naturales.
En primer lugar, la rebaja del impuesto a la renta de las empresas a un 23%, significa una disminución relevante en los ingresos fiscales, lo que generaría un déficit estructural de hasta US$13 mil millones entre 2027 y 2030, según advirtió la propia Dirección de Presupuestos (DIPRES). Esta disminución de la recaudación fiscal sólo tendrá efectos en las condiciones de la calidad de vida de la clase trabajadora, ya que, al no contar con esos recursos, la disposición inmediata (como ya han insinuado en varias ocasiones) será recortar presupuesto de los servicios básicos para nuestro pueblo: vivienda, educación, salud, cultura.
Por otro lado, recientemente se firmó un acuerdo entre Chile y Estados Unidos para la explotación de minerales críticos y tierras raras. Esta alianza con el imperialismo yankee que los beneficia de manera directa no solo con la reducción del impuesto, sino también con las posibles revocaciones de las resoluciones de calificación ambiental que buscan eliminar las trabas para las empresas que hacen uso y explotación de los recursos naturales de nuestro país tales como el litio, cobre y ahora las tierras raras donde buscarían recursos esenciales para la «tecnología moderna» y la «transición energética».
Otra arista y quizás la más crítica es la norma que establece un sistema escalonado y proporcional según el volumen de capital que ingrese al país, lo que se traduce en que aquellas empresas o grupos que realicen inversiones mayores a US$350 millones congelen las tasas de interés y condiciones en sus proyectos y/o inversiones durante 20 años.
Es decir, el Estado chileno voluntariamente asegura el camino de acumulación para multinacionales y élites dueñas del país prometiendo no subirles impuestos en 20 años mientras que traspasa el costo de mantenimiento de la sociedad a las espaldas de la clase trabajadora. Mientras aumenta la pobreza, el Estado chileno asegura por contrato la protección hacia las empresas.
¿Y cómo se cruza este saqueo con nuestra realidad estudiantil?
El recorte presupuestario y el desfinanciamiento del Estado tienen un objetivo claro, fortalecer la educación de mercado y la privatización de nuestras necesidades básicas. Mientras el gobierno les garantiza a las transnacionales 20 años sin subir impuestos para proteger sus ganancias, a los estudiantes nos condenan a 20 años de endeudamiento bancario para poder estudiar y un embargo si ese pago no se efectúa. Este déficit fiscal fabricado será la excusa perfecta para negarnos cualquier avance o respuesta a nuestras demandas.
Luchar contra la educación de mercado es enfrentar en la práctica, al mismo modelo que arremete contra la clase trabajadora. Frente a las medidas antipopulares del gobierno, resulta más urgente que nunca levantar y fortalecer la organización de base, articular nuestras luchas y protestar en conjunto a nuestro pueblo.
No existe salida individual frente a un gobierno antipopular que legisla para los ricos.
Estudiantes por la Causa Popular
Agosto del 2026
