A horas de la votación en el Senado del proyecto que endurece las sanciones por la divulgación de antecedentes de investigaciones penales, el Colegio de Periodistas de Chile intensificó sus críticas y llamó a rechazar la iniciativa. El gremio sostiene que la propuesta no distingue entre quienes filtran información reservada y quienes la publican por su interés público, lo que podría generar autocensura y afectar el derecho de la ciudadanía a estar informada.
A pocas horas de que el Senado vote el proyecto de ley que busca fortalecer la protección de antecedentes contenidos en procesos penales y sancionar su divulgación indebida (Boletín 17.484-07), el Colegio de Periodistas de Chile renovó su rechazo a una iniciativa que considera una amenaza directa para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
La discusión está contemplada en la tabla de la Sala del Senado para esta semana, luego de haber sido puesta en segunda discusión en la Comisión de Constitución.
El presidente del Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas, Rodrigo Mundaca, llamó a los senadores a rechazar el proyecto, conocido por el gremio como «ley mordaza», argumentando que vulnera estándares internacionales sobre libertad de expresión.
«Espero que no se apruebe, porque es una moción que va contra los tratados internacionales suscritos por Chile sobre libertad de expresión y derecho a la información», afirmó.
Según explicó, la iniciativa entra en tensión con compromisos internacionales asumidos por Chile, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, al establecer sanciones que podrían alcanzar a quienes difundan información obtenida desde investigaciones penales reservadas.
El debate: quién debe responder por las filtraciones
El proyecto nació con el objetivo de proteger el secreto de determinadas actuaciones en causas penales y evitar filtraciones que puedan afectar investigaciones o los derechos de las personas involucradas. Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos apunta a que su redacción no establece una diferencia clara entre quienes incumplen el deber legal de reserva y quienes posteriormente publican información de interés público.
Para Mundaca, esa distinción resulta esencial.
«El deber de proteger las informaciones contenidas en los expedientes corresponde a los funcionarios responsables, ya sean de la Policía de Investigaciones, Carabineros o el Ministerio Público», señaló.
A juicio del dirigente, la responsabilidad institucional por la custodia de los antecedentes recae en fiscales, policías y funcionarios que participan en las investigaciones, no en periodistas que reciben información y cumplen una función de interés público al difundirla.
El Colegio de Periodistas sostiene además que el ordenamiento jurídico chileno ya contempla mecanismos suficientes para resguardar los derechos de quienes puedan sentirse afectados por una publicación, a través de la Ley de Prensa, acciones judiciales y el derecho a rectificación.
Riesgo de autocensura
Uno de los aspectos que más preocupa al gremio es el efecto práctico que podría producir la nueva legislación sobre el trabajo cotidiano de los medios de comunicación.
Aunque algunos parlamentarios han señalado que la jurisprudencia impediría condenar a periodistas por informar, Mundaca considera que ese argumento no elimina el problema.
Recordó que, conforme al artículo 3 del Código Civil, las sentencias solo producen efectos respecto de las causas específicas en que fueron dictadas, por lo que cada nuevo caso podría derivar en investigaciones o procesos distintos contra reporteros, editores o directores.
«Al final se puede producir un desfile de periodistas ante los tribunales. Eso genera autocensura, porque un editor puede decidir no publicar una investigación para evitar tener que ir a declarar a un juzgado», advirtió.
Para el dirigente, ese escenario terminaría afectando investigaciones periodísticas sobre corrupción, abuso de poder o mal uso de recursos públicos, precisamente aquellas que suelen originarse en antecedentes provenientes de investigaciones judiciales.
«Informar no es un delito»
La postura del presidente regional coincide con la declaración pública emitida previamente por el Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas bajo la consigna «Informar no es delito».
En ese documento, el gremio sostiene que perseguir penalmente a periodistas y medios representa un retroceso para la transparencia y debilita el control ciudadano sobre las instituciones públicas.
La organización recuerda que numerosas investigaciones periodísticas sobre corrupción, financiamiento irregular de la política y uso indebido de recursos públicos solo pudieron conocerse gracias a filtraciones de antecedentes reservados, por lo que considera que criminalizar su publicación afectaría gravemente el derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público.
Llamado al Congreso y a los medios
Rodrigo Mundaca también emplazó a los parlamentarios a actuar de manera coherente con los principios que históricamente han defendido en materia de transparencia y libertad de expresión.
Asimismo, pidió que organizaciones empresariales de medios, como la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), adopten una posición pública más activa frente al proyecto.
Si el Senado aprueba la iniciativa en general, ésta continuará su tramitación legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Mientras tanto, el Colegio de Periodistas insiste en que la discusión no se limita a un conflicto entre medios y sistema judicial, sino que involucra un derecho democrático fundamental.
«Esta ley no es sensata. Es un empecinamiento que puede terminar castigando a los periodistas y restringiendo el derecho de la ciudadanía a conocer asuntos de interés público», concluyó Mundaca.
Para el gremio, el desafío consiste en fortalecer los mecanismos que impidan filtraciones ilegales desde las instituciones encargadas de investigar delitos, sin transformar en potenciales imputados a quienes ejercen la labor de informar sobre asuntos que afectan al conjunto de la sociedad.
