Vicente Carrere
Estados Unidos comenzó a aplicar una sobretasa arancelaria del 12,5% a gran parte de los productos chilenos, luego de concluir que el país no ha establecido ni aplicado eficazmente una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
En ese proceso participaron Fundación Libera y Centro Ecoceanos, dos organizaciones chilenas que presentaron antecedentes sobre presuntas prácticas de trabajo forzoso en la agricultura y la industria salmonera.
Fundación Libera ingresó comentarios formales ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) el 15 de abril. Posteriormente, su presidenta, Carolina Rudnick, y el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, fueron incluidos como expositores en la audiencia pública realizada el 8 de julio en Washington.
La investigación, sin embargo, había sido iniciada previamente por la USTR. El organismo abrió el proceso el 12 de marzo contra Chile y otras 59 economías.
La sanción aplicada por Estados Unidos, los productos afectados y las excepciones establecidas por la resolución se explican en esta nota sobre el arancel del 12,5%.
Qué es Fundación Libera
Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas es una organización chilena sin fines de lucro creada en 2015 por profesionales provenientes del sector público, organismos internacionales, la academia y la sociedad civil.
La fundación señala que su objetivo es prevenir y combatir la trata de personas y las distintas formas de esclavitud. Su trabajo incluye actividades de difusión, capacitación, investigación y asesoría, además de representación judicial y asistencia psicosocial gratuita para víctimas chilenas y extranjeras.
El directorio de la organización es encabezado por Carolina Rudnick.
Libera también participa en redes nacionales e internacionales vinculadas con la trata de personas, el trabajo forzoso y los derechos humanos.
Qué denunció Libera ante Estados Unidos
En su presentación ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Libera sostuvo que en la agricultura y la salmonicultura chilena podían identificarse los 11 indicadores de trabajo forzoso reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el sector agrícola, la organización centró sus antecedentes en la producción para exportación de arándanos, mandarinas y clementinas. Según el documento, las personas afectadas serían principalmente trabajadores migrantes venezolanos, haitianos y bolivianos, algunos de ellos en situación migratoria irregular.
Libera afirmó haber identificado engaños sobre las condiciones de contratación, aislamiento en predios rurales, jornadas de entre 10 y 12 horas, retención de remuneraciones, descuentos injustificados y amenazas de denunciar a los trabajadores ante las autoridades migratorias.
En la salmonicultura, el escrito apuntó especialmente a las condiciones laborales de los buzos y otros trabajadores que prestan servicios en centros de cultivo y embarcaciones. La presentación mencionó aislamiento, restricciones para abandonar los lugares de trabajo, amenazas, retención de remuneraciones, jornadas excesivas y condiciones de alojamiento deficientes.
El documento también sostuvo que entre 2013 y 2026 se habían verificado 83 muertes de trabajadores vinculados con la industria salmonera. Además, relacionó parte de los riesgos con la subcontratación, la debilidad de la fiscalización y la falta de supervisión de las empresas principales.
Centro Ecoceanos y qué antecedentes aportó
Centro Ecoceanos es una organización ciudadana creada en 1998. Su trabajo se concentra en la defensa de los océanos, la biodiversidad, las comunidades costeras, los pueblos originarios y los trabajadores vinculados con actividades marítimas.
La organización ha investigado durante años las condiciones laborales y de seguridad en la salmonicultura, especialmente las de los buzos que trabajan en los centros de cultivo del sur de Chile. También ha cuestionado los niveles de subcontratación, la fiscalización estatal y la mortalidad laboral registrada en esta industria.
Aunque Ecoceanos no aparece como firmante del documento ingresado por Libera en abril, su intervención oficial en el proceso se está confirmada por la participación de Juan Carlos Cárdenas en la audiencia del 8 de julio en representación de la organización.
A diferencia de Libera, que presentó antecedentes sobre la agricultura y la salmonicultura, Ecoceanos concentró sus denuncias en esta última industria. La organización apuntó a la seguridad de los trabajadores, las muertes registradas en el sector, las deficiencias de fiscalización en los centros de cultivo y la falta de reglamentación de la normativa aplicable a los buzos.
Las medidas solicitadas por Libera
En el documento, Libera planteó siete medidas para abordar las deficiencias que identificó en Chile:
- Tipificar el trabajo forzoso como un delito autónomo.
- Fortalecer la legislación laboral aplicable a la agricultura y la acuicultura.
- Establecer una prohibición nacional a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
- Eliminar restricciones a la libertad sindical y la negociación colectiva.
- Reforzar los mecanismos de fiscalización y cumplimiento de la legislación laboral.
- Incorporar mecanismos obligatorios de monitoreo y transparencia en los capítulos laborales de los acuerdos comerciales.
- Incluir a organizaciones especializadas y víctimas en el diseño y la implementación de políticas públicas.
La participación de Libera y Ecoceanos aportó antecedentes al procedimiento estadounidense, pero ninguna de las dos organizaciones inició la investigación ni puede ser considerada como la responsable del arancel.
La USTR abrió de oficio los procesos contra 60 economías y adoptó su decisión después de realizar dos rondas de audiencias, recibir más de 2.100 comentarios públicos y mantener conversaciones con los países investigados.
