(Lima, 28 de julio). Mientras Javier Milei, Daniel Noboa, José Antonio Kast, José Raúl Mulino y Nasry Asfura asistían al Congreso peruano a la investidura de Keiko Fujimori, las calles de Lima se llenaron de protestas populares.
En un acto paralelo, el excandidato de Juntos por el Perú —quien ganó con primera mayoría dentro del país y que denunció el cambio de reglas para el voto exterior y graves irregularidades en las actas de peruanos en EE.UU., que le dieron una ventaja mínima a Fujimori— encabezó una movilización junto a familiares de víctimas de la represión del gobierno de facto de Dina Boluarte.
Los manifestantes rechazaron a la nueva mandataria por considerarla impuesta mediante fraude sistémico y exigieron justicia por los caídos, mientras coreaban consignas contra el «continuismo represivo». «Su investidura es la consumación de un pacto de élites, un gobierno que nace manchado con sangre», advirtieron los dirigentes sociales, quienes calificaron el proceso como un «golpe electoral» orquestado por los grandes grupos empresariales y respaldado por Donald Trump los grupos ultraderechistas y conservadoras a nivel internacional.
La jornada reflejó la aguda fractura social en el país, donde el blindaje diplomático a Fujimori contrasta con el creciente repudio ciudadano y popular.
En un acto paralelo, el excandidato de Juntos por el Perú —quien ganó con primera mayoría dentro del país y que denunció el cambio de reglas para el voto exterior y graves irregularidades en las actas de peruanos en EE.UU., que le dieron una ventaja mínima a Fujimori— encabezó una movilización junto a familiares de víctimas de la represión del gobierno de facto de Dina Boluarte.
Los manifestantes rechazaron a la nueva mandataria por considerarla impuesta mediante fraude sistémico y exigieron justicia por los caídos, mientras coreaban consignas contra el «continuismo represivo». «Su investidura es la consumación de un pacto de élites, un gobierno que nace manchado con sangre», advirtieron los dirigentes sociales, quienes calificaron el proceso como un «golpe electoral» orquestado por los grandes grupos empresariales y respaldado por Donald Trump los grupos ultraderechistas y conservadoras a nivel internacional.
La jornada reflejó la aguda fractura social en el país, donde el blindaje diplomático a Fujimori contrasta con el creciente repudio ciudadano y popular.
