por Mariela Jara
Plantón que cada jueves se realiza frente a la sede del Palacio de Justicia de Perú, en Lima, contra la impunidad a las violaciones de derechos humanos, en particular los cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori, cuya hija y sucesora asume la presidencia este 28 de julio. Imagen: Walter Hupiy / IPS
Ni pesimismo ni dispersión: la lucha social se articula ante gobierno de Fujimori en Perú
IPS, 23-7-2026
Correspondencia de Prensa, 28-7-2026
“Nos sentimos vulnerables y con temor a lo que nos vaya pasar a los luchadores sociales en el gobierno de Keiko Fujimori, pero debemos persistir de manera articulada y no dispersos por el bienestar de nuestros pueblos”, manifestó Sadam Chañi, un líder indígena campesino quechua de Espinar, en el departamento de Cusco, en el sur de Perú.
El temor que Cañí expresó a IPS se funda en las leyes aprobadas en los últimos cinco años por el Congreso Legislativo peruano, tiempo en que estuvo controlado por la mayoría fujimorista en alianza con otros grupos políticos conservadores de izquierda y derecha con posición antidemocrática y denunciados por corrupción.
Las leyes aprobadas tienen impacto negativo en el derecho a la protesta social, la protección de los recursos naturales, el espacio cívico, la investigación, el acceso a la justicia y la no impunidad.
El 28 de julio asume la presidencia la hija del ya fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien en 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y hechos de corrupción.
Keiko Fujimori llega al poder con su partido de extrema derecha Fuerza Popular, en su cuarto intento tras perder en el balotaje ante sus contendores Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Pedro Castillo (2021-2022).
Lo hace precedida por severas críticas a sus posiciones contrarias a los derechos humanos, de las mujeres, de las personas Lgtbi y de la naturaleza.
Y por ser considerada el poder en la sombra durante el último quinquenio, en que desde el Congreso promovió la cooptación de las instituciones del sistema democrático peruano y la inestabilidad política. El control de su bancada llevó a Perú a contar con ocho jefes de Estado en 10 años.
“Los defensores del medioambiente, de la salud, del agua nos vemos afectados por las leyes procrimen de este Congreso que ya termina. Y con el gobierno que iniciará tenemos una mayor preocupación porque si nos reprimen en las protestas sociales, los efectivos del orden ya no serán juzgados en el fuero civil sino militar o policial, entre colegas se van a defender y quedará en impunidad”, sostuvo Chañi.
El 20 de julio, el presidente del Congreso saliente, el fujimorista Fernando Rospigliosi, promulgó -una potestad que tiene tras no hacerlo el Poder Ejecutivo- la Ley 32735, que dispone que los delitos cometidos por efectivos militares y policiales en sus funciones sean vistos en sus propios tribunales y ya no por la justicia ordinaria.
En una entrevista telefónica desde Espinar, la capital de la provincia hómonima, en el extremo sur del Cusco, a unos 4000 metros sobre el nivel del mar, Chañi se refirió al casi medio centenar de civiles asesinados durante las protestas sociales de fines del 2022 e inicios del 2023, tras el presunto intento de golpe, destitución y detención del entonces presidente Pedro Castillo, un maestro rural de origen campesino.
“Todas esas muertes aun no encuentran justicia. Por eso nos preocupa que puede aumentar la vulneración de nuestros derechos colectivos en protección de nuestra tierra y bienestar”, afirmó.
Chañi, secretario general del Frente Espiranense Revolución Cana, es heredero de la lucha de su provincia por un ambiente sano, agua potable de calidad, alimentación y salud. La actividad minera en la zona ha contaminado sus ríos, agua y aire.
“Vivimos la afectación a nuestra agricultura, ganadería y nuestro bienestar, sobre todo la salud de los niños, todos tenemos metales pesados y lo que pedimos es que esto termine”, remarcó.
“Es terrible”
En el último decenio, Keiko Fujimori mediante su control del Congreso, quebró el principio democrático que divide el Estado en sus tres poderes, y forzó la destitución legislativa de varios presidentes electos o interinos.
Llega a la presidencia muy cuestionada por las organizaciones de sociedad civil, organismos de derechos humanos, movimientos sociales y colectivos gremiales, que la acusan de aprovechar el control parlamentario para debilitar la institucionalidad democrática y legislar en función a intereses particulares.
En ese proceso se ha aliado con bancadas políticas conservadoras y de vertiente evangélica, que han aprobado leyes que significan graves retrocesos en derechos adquiridos por las luchas de las mujeres y organizaciones feministas, sobre todo relacionados al cuerpo, sexualidad y reproducción.
Hace 15 años, Urpi Castro, junto con un grupo de activistas, participó en la marcha del 26 de mayo de 2011 denominada “Con esperanza y dignidad, Fujimori nunca más”, en las semanas previas a la segunda vuelta electoral en que Keiko Fujimori perdió la contienda presidencial ante el izquierdista Humala, del Partido Nacionalista Peruano.
Ella y otras cinco activistas, entre ellas la madre de sus sobrinos que entonces acababa de dar a luz a su segundo hijo, realizaron una acción performativa para, desde el cuerpo, denunciar las esterilizaciones forzadas, un crimen de lesa humanidad cometido durante el gobierno de Fujimori, contra cerca de 300 000 mujeres, la mayoría indígenas, en pobreza, quechua hablantes o rurales.
Vestidas con atuendos andinos y pintadas las piernas con pintura roja simbolizando la sangre corrida por la masiva esterilización que privó de sus derechos reproductivos a las mujeres afectadas -parte de una política pública de salud sobre la que está pendiente el acceso a la justicia en Perú-, las activistas recrearon y corearon lemas como “Mi cuerpo no es tu campo de batalla”, “Sin mi permiso no”, “Esterilizaciones forzadas nunca más”.
“Con la llegada al gobierno, Fujimori tendrá ahora todo el poder; se inscribe en un contexto global de mayor presencia de la extrema derecha en diferentes centros de poder. Su partido se alinea con esa tendencia y le da más fuerza. Me parece terrible”, dijo a IPS Castro, socióloga y activista de derechos humanos.
En su análisis las esterilizaciones forzadas fueron un acto racista con la intención de eliminar a la población indígena. “Fue descarado, brutal, un crimen de lesa humanidad. Tiene que ver el problema no abordado del racismo y que está en el fondo del nuevo gobierno”, remarcó.
Perú es un país sudamericano de 34 millones de habitantes, con cerca de 25 % en pobreza, aunque el índice es mayor en zonas rurales y entre población indígena y afrodescendiente. Según los resultados del último censo nacional publicados este mes de julio, cerca de nueve millones de personas se identifican como parte de esta población.
Seguir, no desanimarse, luchar articuladamente
Chañi y Castro coinciden en que el duro contexto para la democracia y los derechos humanos que se abre en Perú el 28 de julio, no debe llevar al pesimismo ni a la parálisis en la lucha y acción social.
“Nuestros pueblos no pueden seguir sufriendo el olvido de las autoridades, más ahora que se viene una presidenta que está gobernando hace tiempo desde las sombras. Debemos estar unidos en nuestras demandas, no salir dispersos porque si no estaremos propensos a seguir sufriendo más vulneraciones a nuestros derechos humanos”, afirmó Chañi.
Su organización se ha sumado a un proceso colectivo llamado La Ruta de los Pueblos que el año pasado inició la construcción participativa a nivel nacional de una agenda que articula las demandas y propuestas de población indígena, campesinas, organizaciones sociales de cara a una democracia con respeto a la justicia ambiental y climática.
En una reunión sostenida en Lima el 14 de julio con delegados de organizaciones de las regiones de la Amazonia, la Costa y la Sierra, donde articularon las propuestas de género, ambientales, territoriales y de derechos humanos en el contexto del nuevo gobierno, se planteó la conformación de un bloque democrático en el nuevo Congreso, que vuelve a ser bicameral y a contar con cámaras de Senado y Diputados.
“Tenemos esa expectativa, al menos hay un compromiso de un sector grande que es de centro izquierda que posiblemente pueda tener ese carácter de plantarle cara a la derecha autoritaria, porque lo que nos van a hacer es criminal. Hemos visto que los partidos puedan formar una bancada de unidad democrática para contrarrestar lo que se viene a futuro”, anunció Chani.
En el nuevo Congreso el fujimorismo no tiene mayoría absoluta, pero podría lograrla con una alianza con la derechista Renovación Popular. En el Senado, la fujimorista Fuerza Popular cuenta con 22 de 60 escaños y en Diputados con 41 de 130.
El bloque conformado por las bancadas izquierdistas Juntos por el Perú, -que perdió en segunda vuelta con Fujimori por una diferencia mínima-, Ahora Nación y el centroizquierdista Obras, han anunciado una política de alianzas para hacer un contrapeso a las posiciones de derecha y ultraderecha en el Congreso, y han mostrado apoyo a las propuestas de la Ruta de los Pueblos.
Para Urpi Castro, las personas deben seguir actuando desde sus propios ámbitos. “No podemos caer en el pesimismo, me parece sí que los activismos tienen que tomar nuevas rutas. Yo, por ejemplo, estoy en un proyecto donde nos convocamos con jóvenes y nos cuestionamos temas como la racialidad”, señaló.
Agregó que “hay que seguir haciendo, activando, pensando, no creer que ya entendimos todo, seguir investigando, salir a la calle, estar con la gente, sobre todo con quienes están en mayor riesgo como son los indígenas porque son quienes protegen los territorios que quieren ser tomados”.
“Sigamos generando alianzas, encuentros, sensibilización, porque el pesimismo es una especie de desensibilización, como que no se puede hacer nada”, planteó ante el retorno de la ultraderecha fujimorista.
