por Franco Machiavelo
Hay palabras que, pronunciadas con suficiente solemnidad, pretenden disfrazar la realidad. «Reconstrucción». «Modernización». «Libertad». Son vocablos nobles, pero también pueden convertirse en máscaras cuando detrás de ellos se esconde un proyecto donde el mercado vale más que las personas y la rentabilidad pesa más que la dignidad.
Toda época tiene su gran ilusión. Antes fue creer que el sacrificio de los trabajadores era el precio inevitable del progreso. Hoy se nos vuelve a decir, con un lenguaje más elegante y mejores campañas comunicacionales, que hay que apretarse el cinturón para que los grandes inversionistas recuperen la confianza. Curiosamente, el cinturón siempre aprieta la misma cintura.
La pregunta no es si un país debe crecer. La verdadera pregunta es: ¿quién cosecha ese crecimiento? Porque cuando las grandes reformas alivian la carga tributaria de los sectores más acomodados mientras los derechos laborales y sociales quedan sometidos a la lógica del costo, el crecimiento deja de ser una promesa colectiva y comienza a parecerse a un privilegio cuidadosamente administrado.
La desigualdad ya no necesita cadenas. Le basta con discursos impecablemente vestidos de eficiencia. Ya no golpea la puerta con uniforme; entra por la televisión, por las columnas de opinión y por los discursos que repiten que la solidaridad es un gasto, que los derechos son privilegios y que el Estado sólo estorba cuando intenta proteger a quienes nacieron con menos oportunidades.
Ésa es quizás la victoria más profunda del poder: cuando logra que los propios perjudicados aplaudan aquello que reduce su fuerza; cuando consigue que un trabajador defienda políticas que debilitan su negociación, que un jubilado celebre recortes que terminarán afectándolo y que los sectores populares crean que los intereses de las grandes fortunas son exactamente los suyos.
No es casualidad. Ningún modelo económico se sostiene únicamente con cifras. Necesita también construir sentido común. Necesita convencer de que no existe alternativa, de que cuestionar el orden establecido es irresponsable y de que toda crítica representa una amenaza para el progreso. Cuando eso ocurre, la batalla ya no se libra en el Congreso; se libra en la conciencia de las personas.
Mientras tanto, los recursos estratégicos del país aparecen cada vez más como mercancías antes que como patrimonio colectivo. El cobre, el litio, el agua y otros bienes comunes dejan de entenderse como herramientas para construir bienestar social y pasan a medirse exclusivamente por la rentabilidad que generan. Es como vender las raíces de un árbol para celebrar que todavía conserva algunas hojas.
Y entonces aparece el viejo argumento: «si los más ricos prosperan, todos prosperarán». Una promesa repetida durante décadas que sigue esperando demostrar su milagro. La riqueza ha crecido muchas veces; lo que no siempre ha crecido con ella es la justicia social.
El sarcasmo alcanza su máxima expresión cuando se llama «libertad» a un sistema donde millones de personas sólo son libres para endeudarse, para aceptar empleos precarios o para elegir cuál necesidad dejará sin cubrir este mes. Esa no es la libertad de una ciudadanía fuerte; es la libertad del mercado para imponer sus condiciones.
Una democracia pierde profundidad cuando el poder económico concentra una influencia desproporcionada sobre las decisiones públicas. Votar sigue siendo indispensable, pero deja de ser suficiente si las reglas del juego benefician persistentemente a quienes ya parten con ventaja.
La historia enseña que las sociedades no se debilitan porque los trabajadores exijan dignidad. Se debilitan cuando la riqueza se concentra, cuando el poder deja de rendir cuentas y cuando la mayoría termina convencida de que resignarse es una virtud.
Chile no necesita construir un pasado donde el trabajo barato era presentado como modernización, donde la desigualdad era disfrazada de éxito y donde los sacrificios de la mayoría eran considerados el precio inevitable del progreso.
