por Hugo Rodríguez (Socialismo Revolucionario – CIT Chile)
La teoría materialista marxista nos enseña que el Estado no es un árbitro neutral entre intereses contrapuestos, sino una forma específica de organización del poder político que garantiza la reproducción de las relaciones sociales de producción. Por lo tanto, la llegada de José Kast al gobierno no significa simplemente un cambio de administración. Es la expresión política de los intereses de la clase dominante, que busca establecer las condiciones para la acumulación de capital ante la desaceleración económica, la incertidumbre internacional y el creciente conflicto social.
El capitalismo chileno enfrenta hoy tensiones estructurales. Durante décadas, el crecimiento económico se basó en la exportación de materias primas, la liberalización del comercio, la deriva financiera de la economía y la conversión de derechos sociales como la educación, la salud, las pensiones y la vivienda en meras mercancías. Este modelo permitió tasas de crecimiento significativas durante ciertos períodos, pero también generó altos niveles de desigualdad, concentración de la riqueza en la cima e inseguridad laboral. La expansión del crédito posibilitó sostener artificialmente el consumo de amplios sectores de la población, mientras que el endeudamiento reemplazó progresivamente los aumentos salariales como mecanismo de reproducción social.
Sin embargo, las condiciones que posibilitaron este ciclo de crecimiento muestran claros signos de agotamiento. La desaceleración de la economía mundial, la menor demanda de materias primas, la transformación de las cadenas de producción globales y la creciente competencia geopolítica reducen el margen de maniobra de economías dependientes como la de Chile. Estas dificultades no se deben a errores coyunturales de gestión, sino a contradicciones inherentes al propio sistema de acumulación capitalista.
En este contexto, las diversas propuestas impulsadas por los sectores políticos representados por Kast pueden interpretarse como un intento de restablecer la rentabilidad del capital mediante la profundización de las políticas de mercado. Estas incluyen la reducción del gasto público, la revisión de programas sociales considerados excesivos o ineficientes, la disminución de la carga tributaria para las empresas, el fortalecimiento de la inversión privada como principal motor de crecimiento y diversas iniciativas destinadas a flexibilizar el mercado laboral.
Estas propuestas responden a una lógica bien conocida: cuando la rentabilidad se ve afectada, el capital busca restablecer sus tasas de ganancia reduciendo los costos laborales, reduciendo los impuestos, privatizando espacios previamente gestionados por el Estado y debilitando el poder de negociación de la fuerza laboral.
El debate actual sobre la legislación laboral reviste especial relevancia. Las propuestas de flexibilidad se presentan habitualmente como mecanismos destinados a aumentar la competitividad, reducir el desempleo o facilitar la contratación. Sin embargo, estas reformas modifican la relación de fuerzas entre capital y trabajo. El despido más sencillo, la ampliación de la negociación individual sobre la colectiva, la mayor flexibilidad de los horarios laborales o la reducción de la normativa pueden incrementar la capacidad del empleador para obtener mayores beneficios, al tiempo que debilitan la organización sindical y disminuyen el poder de negociación de los trabajadores.
No se trata solo de un problema legal. Las relaciones laborales constituyen uno de los principales escenarios donde se manifiesta la lucha de clases. Cada cambio normativo altera el equilibrio entre quienes venden su fuerza de trabajo y quienes controlan los medios de producción. Por ello, las reformas laborales no pueden analizarse únicamente desde la perspectiva de los indicadores de productividad o crecimiento económico, sino también desde sus efectos en la distribución del poder dentro del proceso productivo.
Algo similar ocurre con la política de recortes sociales. Desde una perspectiva liberal, la reducción del gasto público suele justificarse con argumentos de eficiencia fiscal, equilibrio presupuestario o responsabilidad económica. Sin embargo, es necesario comprender que el gasto social también constituye una forma de reproducción de la fuerza laboral. La educación pública, la sanidad, las pensiones, las subvenciones y diversas políticas sociales permiten mantener las condiciones materiales necesarias para la reproducción diaria de la población trabajadora.
Reducir estos mecanismos implica transferir estos costos a las familias, incrementando la mercantilización de las necesidades básicas. En otras palabras, actividades que antes estaban parcialmente cubiertas por el Estado se transforman nuevamente en mercados donde predominan la capacidad de pago y la rentabilidad privada. Este proceso profundiza las desigualdades existentes y fortalece la acumulación de capital en los sectores que prestan estos servicios.
Sin embargo, limitar el análisis únicamente a las consecuencias económicas sería insuficiente. Cualquier recomposición del modelo de acumulación requiere también una recomposición de la hegemonía política. En este sentido, los argumentos sobre el orden público y la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el fortalecimiento de los poderes policiales ocupan un lugar central en el proyecto político de la ultraderecha.
El revolucionario italiano Antonio Gramsci argumentó que «la hegemonía combina consenso y coerción. Cuando las condiciones materiales generan crecientes conflictos sociales, el Estado tiende a reforzar simultáneamente los mecanismos ideológicos que legitiman el orden existente y las capacidades represivas destinadas a contener la protesta social. La seguridad deja entonces de ser solo una política pública y se convierte también en un instrumento para estabilizar el modelo económico».
Ultra derecha
El narcotráfico y el crimen organizado, junto con la delincuencia común, son fenómenos que han ido en aumento en Chile a lo largo de los años.
La ultraderecha se aprovecha de estos conflictos sociales para promover nuevas políticas de represión que, aparentemente, buscan combatir la delincuencia, pero que, sin embargo, terminan articulándose políticamente para legitimar la represión de la protesta social.
No cabe duda de que todas las leyes de seguridad que se pretenden promover y aprobar en el Congreso tienen como objetivo preparar al aparato estatal para una posible nueva explosión social debido a toda la política de recortes y ataques a los derechos sociales de la clase trabajadora.
Otro elemento relevante corresponde a la relación entre capital nacional y capital transnacional. Chile sigue ocupando una posición de dependencia dentro de la economía mundial, caracterizada por la exportación de recursos naturales y una importante presencia de inversión extranjera. Este gobierno, orientado hacia la desregulación económica, probablemente busca consolidar esta inserción internacional mediante mayores incentivos a la inversión privada y menores restricciones regulatorias.
Ante la situación internacional actual, la creciente dependencia de Chile de la inversión extranjera solo agravará la precariedad de la clase trabajadora chilena. Muchas de las inversiones realizadas no generan una gran demanda de mano de obra y, por lo tanto, no crean un gran número de empleos. Si bien la expansión de las inversiones puede generar crecimiento económico en ciertos sectores, se trata de empleos precarios con bajos salarios que no necesariamente modifican la estructura productiva ni reducen la dependencia tecnológica, financiera e industrial que caracteriza a las economías periféricas como la chilena.
Ante este panorama, cabe preguntarse también sobre las posibilidades de respuesta de las organizaciones populares. El movimiento sindical chileno enfrenta una fragmentación significativa, bajos índices de sindicalización en muchos sectores y un marco institucional construido durante la dictadura que ha limitado la negociación colectiva. A esto se suma la creciente heterogeneidad del mundo laboral, donde aumentan el empleo informal, las plataformas digitales y diversas formas de subcontratación.
Al mismo tiempo, el capital mismo enfrenta límites objetivos. Una estrategia basada exclusivamente en la reducción de los derechos laborales y el gasto social puede generar mejoras temporales en la rentabilidad empresarial, pero también profundiza las tensiones sociales, reduce la demanda interna e incrementa los niveles de conflicto político. En este sentido, las políticas de austeridad contienen una contradicción inherente: buscan estabilizar el proceso de acumulación, pero debilitan los fundamentos que sustentan la «legitimidad del sistema».
La historia reciente de Chile ofrece múltiples ejemplos de estas dinámicas. Durante décadas, el modelo neoliberal logró combinar el crecimiento económico con una relativa estabilidad política. Sin embargo, el persistente aumento de la desigualdad, la concentración económica y el endeudamiento de los hogares terminaron generando un profundo malestar social que comenzó a mediados de la década de 2000 con las movilizaciones estudiantiles y la llamada Revolución Pingüino, y que encontró su máxima expresión en el estallido social de 2019.
A día de hoy, tras los cuatro años de gobierno de Gabriel Boric con el Frente Amplio y el Partido Comunista y los cuatro meses de gobierno de José Kast, los problemas sociales que provocaron el levantamiento social siguen siendo exactamente los mismos, e incluso podemos decir que se han agudizado, por lo que es muy probable que la acumulación de ira acabe estallando de nuevo.
En resumen, el gobierno de José Kast puede interpretarse como un nuevo intento de la élite capitalista por restablecer una «dictadura democrática» profundizando las políticas de los neoliberales «Chicago Boys», fortaleciendo el orden público y recomponiendo la autoridad estatal. Las reformas laborales, la reducción del gasto social y el énfasis en la inversión privada no son políticas aisladas, sino componentes de una estrategia destinada a fortalecer la posición del capital frente al trabajo en un contexto de crecientes crisis económicas.
La historia demuestra que las relaciones de clase son dinámicas y que toda ofensiva del capital genera, en mayor o menor medida, respuestas sociales, sindicales y políticas. Las contradicciones del capitalismo chileno difícilmente desaparecerán mediante ajustes institucionales o reformas de mercado. Por el contrario, es posible que las tensiones entre crecimiento económico, desigualdad, legitimidad democrática y derechos sociales sigan configurando el eje central de la política chilena en los próximos años.
Como hemos dicho en numerosas ocasiones, el drama de la clase trabajadora chilena e internacional pasa por la debilidad del factor subjetivo sobre el objetivo.
La atomización del movimiento social, los intereses caudillos de los diferentes puntos de referencia de la izquierda chilena fuera de las instituciones, representan un problema adicional en la enorme labor de construir una alternativa de clase que pueda afrontar de manera unitaria los ataques de los capitalistas contra los derechos sociales y laborales.
Para nosotros, los marxistas, la situación es clara. El sistema capitalista es el problema; no es posible ninguna solución dentro de ese sistema, y las políticas reformistas han demostrado su fracaso.
En resumen, las políticas del gobierno de José Kast solo agravarán la crisis y la precariedad de la clase trabajadora y, tras un tiempo sin ver resultados, volveremos a tener movilizaciones masivas en las calles.
Por ahora, incluso aquellos llamados a movilizarse tienen poco poder de masas, pero esto cambiará en un futuro no muy lejano.
Nuestra tarea sigue siendo la de crear una organización representativa de la clase trabajadora con un programa revolucionario orientado a derrocar el sistema capitalista y que luche por establecer una sociedad socialista.
