Por Patricio Guzmán S.
El proceso de nacionalización del cobre fue uno de los hitos centrales del gobierno de Salvador Allende.
Culminó el 11 de julio de 1971 con la aprobación unánime en el Congreso de una reforma constitucional que transfirió la propiedad de la gran minería del cobre al Estado chileno.
Este fue el resultado de un largo camino que se puede desglosar en las siguientes etapas:
· Antecedentes (Gobierno de Frei): Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) se impulsó la «chilenización» del cobre. Este proceso permitió al Estado chileno asociarse con el capital extranjero y adquirir el 51% de las minas, aumentando su participación en la propiedad y dirección, la promesa es que eventualmente eso sentaría las bases para la posterior nacionalización total. Esta “chilenización” se hizo pagando muy bien a las empresas estadunidenses que quedaron muy satisfechas.
· Proyecto de Allende: Tras asumir la presidencia, Allende envió al Congreso el 21 de septiembre de 1970 el proyecto de ley (N°17.450) para modificar la Constitución. Su objetivo era nacionalizar la «Gran Minería» y consagrar este principio en la Carta Fundamental.
· Aprobación y Dedicación de «Utilidades Excesivas»: La reforma fue aprobada por unanimidad en el Congreso el 11 de julio de 1971. La ley estableció que, para calcular la indemnización a las empresas expropiadas (Anaconda, Kennecott y Cerro), se deducirían del monto total las «rentabilidades excesivas» que hubieran obtenido. Estas se calcularon restando una tasa de ganancia del 12% anual de las utilidades declaradas desde 1955. El saldo resultante se consideró deuda de las empresas con el Estado, lo que anuló prácticamente cualquier compensación.
· Creación de Codelco: La misma ley creó la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), la empresa estatal que asumió la propiedad y operación de todos los yacimientos nacionalizados.
En resumen, la nacionalización fue un proceso que combinó una profunda reforma constitucional, la expropiación de las empresas estadounidenses con una fórmula de compensación que deducía sus «utilidades excesivas», y la creación de Codelco como la nueva empresa estatal encargada de la explotación del cobre.
La nacionalización de la gran minería del cobre el 11 de julio de 1971, que implicó la expropiación sin compensación de las propiedades de las empresas estadounidenses, desencadenó duras reacciones tanto de las compañías afectadas como del gobierno de Estados Unidos.
Reacción de las Empresas Nacionalizadas (Anaconda, Kennecott y Cerro)
· Calificación de «confiscatorio»: Las empresas calificaron la medida como una expropiación sin compensación justa. Su principal objeción fue la deducción de»utilidades excesivas» (774 millones de dólares) para anular cualquier pago.
· Apelaciones legales: Recurrieron a tribunales especiales en Chile para impugnar la decisión, reservándose el derecho a llevar el caso a instancias internacionales.
· Presión y boicot: Presionaron al gobierno de EE.UU. para que tomara represalias y boicotearon activamente
a Chile, incluyendo el embargo de partidas de cobre chileno en Europa para dificultar su venta.
Reacción del Gobierno de Estados Unidos (Administración Nixon)
· Advertencias y presión diplomática: Advirtió formalmente que la expropiación sin compensación dañaría «seriamente» las relaciones bilaterales. El Secretario de Estado William Rogers expresó su «profunda preocupación» y el riesgo para la inversión y la ayuda externa.
· Estrategia de «mano dura»: El Presidente Nixon y su gabinete vieron la acción como un desafío directo («un guantazo») y acordaron una postura de «mano muy», con el objetivo de presionar para derrocar a Allende («darle la estocada a Allende»).
· Medidas de estrangulamiento económico: Las medidas de coerción y estrangulamiento económico se intensificaron. Se privó a Chile de asistencia económica y créditos, presionando su economía.
· Negociaciones fallidas: Tras el impasse, se realizaron cuatro rondas de conversaciones reservadas entre 1972 y 1973 que terminaron en un completo estancamiento.
En resumen, las empresas recurrieron a la presión legal y política para defender sus intereses, mientras que el gobierno de Nixon orquestó una respuesta de máxima presión que combinó la diplomacia pública, el boicot económico y planes para desestabilizar al gobierno de Allende, impulsando el golpe de Estado de 1973.
1. Producción de cobre en Chile: Codelco vs. empresas privadas
En la actualidad, la producción de cobre en Chile está mayoritariamente en manos privadas, con una participación estatal que ha disminuido significativamente desde la nacionalización.
· Codelco (estatal): Representa aproximadamente el 24% de la producción total de cobre del país.
En 2024, su producción propia fue de 1,329 millones de toneladas, de un total nacional de 5,5 millones de toneladas. Esta cifra puede variar ligeramente si se incluyen sus participaciones en otras mineras (El Abra, Anglo American Sur, Quebrada Blanca), con las que alcanzó 1,422 millones de toneladas en 2024.
· Empresas privadas: Producen cerca del 76% del cobre chileno. Este grupo incluye a gigantes como Escondida (de BHP), que en 2025 produjo 1,345,132 toneladas, superando individualmente a Codelco.
El predominio privado es el resultado de un largo proceso de desnacionalización, que comenzó tras el fin del gobierno de Salvador Allende.
—
2. Proceso de enajenación de las explotaciones mineras (desnacionalización)
El proceso de devolución de la minería del cobre al sector privado, conocido como «desnacionalización», comenzó formalmente en 1981, durante la dictadura militar, y se profundizó en los gobiernos de la Concertación y similares
posteriores. Los principales mecanismos fueron:
· Cambio constitucional y legal (1981): La dictadura aprobó la Ley N.° 18.097, conocida como Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Esta ley estableció que los yacimientos minerales podían ser entregados como «concesiones plenas» a privados, quienes pasaban a ser propietarios del mineral hasta el agotamiento del yacimiento.
· Inversión extranjera y tratados de comercio: Durante las décadas de 1990 y 2000, los gobiernos que sucedieron a la dictadura facilitaron aún más la inversión privada mediante nuevas leyes y tratados de libre comercio, que incluyeron rebajas en la carga tributaria para las mineras.
Esto incentivó una inversión privada de aproximadamente 19,000 millones de dólares en el sector, pero que prácticamente no pagaron impuestos en esos años hasta que fue introducido un modesto royalty del 7%.
Consecuencia: Mientras que en 1973 el Estado controlaba el 100% de la producción de cobre actualmente tiene solo el 24%.
Así el pueblo de Chile dejó de percibir enormes sumas que debían haber permitido mejorar la educación, la vivienda, la salud y las pensiones. Durante años las FFAA se reservaron el 10% de las ventas del cobre de Codelco.
Nuestro compromiso ahora es encaminarnos hacia un Reagrupamiento del Pueblo, y un gobierno de Trabajadores que recupere el cobre y todas las riquezas básica para Chile y su pueblo.
