Attique Ur Rehman, CIT
Una región nacida del compromiso
Azad Jammu y Cachemira (AJK) ocupa un lugar constitucional peculiar. Creada tras la primera guerra indo-pakistaní de 1947-48, fue concebida como un territorio autónomo, con su propio primer ministro, asamblea legislativa y tribunales; sin embargo, la verdadera soberanía siempre ha residido en Islamabad. Durante décadas, este arreglo fue tolerado, e incluso aceptado, porque la identidad política de AJK se construyó en torno a una única causa unificadora: la solidaridad con los cachemires al otro lado de la Línea de Control, en territorio administrado por la India.
El 5 de agosto de 2019 se produjo un cambio significativo cuando el gobierno indio revocó el artículo 370 de la Constitución, poniendo fin al estatus de autonomía especial de Jammu y Cachemira y facilitando su plena integración constitucional en la India. La revocación del artículo 370 también tuvo importantes consecuencias políticas y psicológicas en Azad Jammu y Cachemira (AJK), a pesar de haber producido pocos cambios materiales inmediatos, dado que AJK se encuentra en el lado pakistaní de la Línea de Control. La decisión reforzó la percepción de que la disputa de Cachemira se estaba resolviendo gradualmente a favor de la India, lo que generó frustración con el liderazgo político de AJK, al que muchos consideraban ineficaz para responder al cambiante contexto político. Entre las generaciones más jóvenes, la movilización política se ha desplazado cada vez más de la solidaridad entre ambos lados de la Línea de Control y del conflicto de Cachemira en general hacia demandas de rendición de cuentas, justicia económica y una mejor gobernanza dentro de la propia AJK.
La entrada de Pakistán en un nuevo programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2023 tuvo importantes consecuencias socioeconómicas para Azad Jammu y Cachemira (AJK), cuya economía está estrechamente integrada con la de Pakistán. Como parte de las condiciones de ajuste fiscal del FMI, el gobierno pakistaní redujo los subsidios a la electricidad y los combustibles, al tiempo que implementaba medidas para frenar el gasto público y aumentar los ingresos. Estas reformas contribuyeron a un fuerte aumento en los precios de los productos básicos, la electricidad y los combustibles, elevando sustancialmente el costo de vida en AJK. Dado el alto desempleo en la región, la dependencia de las remesas y la limitada base industrial, muchos hogares tuvieron dificultades para absorber estos aumentos de precios.
La chispa: harina, electricidad y un nuevo tipo de movimiento.
En mayo de 2023, el gobierno de Azad Cachemira duplicó el precio de la harina. Semanas después, las tarifas eléctricas hicieron lo mismo. Para una región montañosa que depende casi por completo del trigo importado de Punjab y que alberga algunas de las centrales hidroeléctricas más grandes de Pakistán, a pesar de pagar facturas de electricidad exorbitantes, estas medidas fueron como un insulto a la injusticia. Las protestas estallaron primero en Rawalakot, luego en Muzaffarabad y después en Mirpur. De esa indignación surgió el Comité de Acción Popular Conjunta de Jammu y Cachemira (JAAC), que no es un partido político, sino una coalición de comerciantes, transportistas, abogados y estudiantes sin un líder único ni una ideología formal más allá de la justicia económica y el fin de lo que denominaban «privilegios de la élite».
Ese carácter interclasista y sin liderazgo es precisamente la razón por la que a los sucesivos gobiernos les ha resultado tan difícil negociar con el movimiento. No puede ser cooptado como un partido político, ni desacreditado fácilmente como instrumento de ninguna facción política en particular, aunque el gobierno ha intentado repetidamente, en diversas ocasiones, acusarlo de servir a los intereses de la India, una acusación que JAAC ha negado rotundamente. Pero el movimiento necesita un liderazgo que no solo no pueda ser cooptado ni desacreditado, sino que sea capaz de desarrollar un liderazgo con conciencia de clase y un programa socialista.
Mayo de 2024: El movimiento alcanza la mayoría de edad.
La primera movilización masiva se produjo en mayo de 2024. Una ola de seis días de cierres de negocios y huelgas de vehículos culminó en una larga marcha hacia Muzaffarabad que, según estimaciones locales, congregó a más de un millón de participantes de una población regional de aproximadamente 4,5 millones. La decisión del gobierno de arrestar a los líderes de JAAC antes de una manifestación planificada resultó contraproducente, desencadenando violentos enfrentamientos que dejaron al menos tres manifestantes y un policía muertos. El orden se restableció solo después de que Islamabad extendiera un paquete de ayuda de 23 mil millones de rupias (aproximadamente 83 millones de dólares) y revirtiera los aumentos de precios.
Era un patrón que se repetiría y las concesiones económicas trajeron la calma. Sin embargo, no sirvieron para resolver la cuestión fundamental a la que el movimiento volvía una y otra vez: ¿quién gobierna Azad Cachemira y para quién?
Octubre de 2025: De las subvenciones a la reforma estructural.
Para septiembre de 2025, JAAC se había transformado de un grupo de protesta centrado en los subsidios a algo más cercano a un movimiento reformista, presentando una extensa Carta de Demandas de 38 puntos. Junto a las demandas económicas habituales —electricidad más barata con un precio basado en el costo real de producción en la presa de Mangla, restablecimiento de los subsidios a la harina—, se encontraban demandas estructurales mucho más ambiciosas: un gabinete más pequeño, la fusión de los organismos anticorrupción, investigaciones judiciales sobre la conducta policial y, la más controvertida, la abolición de los 12 escaños de la asamblea reservados para los refugiados cachemires que viven fuera de Azad Cachemira (AJK). Estos refugiados tienen una influencia desproporcionada porque son ocupados por representantes elegidos fuera de AJK, pero participan plenamente en la formación de gobiernos y en la elaboración de leyes que afectan a la región. Por lo tanto, muchos residentes de AJK perciben este sistema como una forma de diluir la representación política de la población local y de permitir que Islamabad influya en los resultados electorales y mantenga el control sobre el gobierno de AJK. En consecuencia, el sistema de escaños para refugiados se ha convertido en un tema polémico en los debates sobre la representación democrática, la autonomía política y el autogobierno en AJK.
Además, estos refugiados que residen en Pakistán ya cuentan con representación política a través del sistema electoral pakistaní, y continúan eligiendo representantes para la Asamblea Legislativa de Azad Jammu y Cachemira (AJK). Sostienen también que estas circunscripciones reciben asignaciones financieras y otros beneficios de los recursos públicos de AJK, a pesar de que sus residentes viven fuera del territorio. En consecuencia, muchos en AJK perciben este acuerdo como una forma de representación política desigual y una distribución inequitativa de los recursos públicos.
El consiguiente confinamiento, un bloqueo de las comunicaciones de seis días y el cierre de toda la región a partir del 29 de septiembre, volvió a ser mortal: las estimaciones de muertos oscilan entre nueve y quince, con más de cien heridos, incluidos más de 170 policías. Un acuerdo negociado, firmado en Muzaffarabad el 3 de octubre y posteriormente denominado «Agenda de 38 Puntos», comprometió a los gobiernos federal y de Azad Cachemira a indemnizar a las víctimas, crear comisiones judiciales, reducir el tamaño del gabinete, invertir en infraestructura y, fundamentalmente, establecer un comité conjunto para revisar la cuestión de los escaños para refugiados.
La línea de falla sin resolver
Ese último compromiso es donde se origina la crisis actual. A mediados de 2026, el gobierno de Azad Cachemira informó que 24 de las 44 demandas ampliadas se habían implementado por completo, y que la mayoría de las restantes estaban en proceso. Sin embargo, los cupos para refugiados permanecieron intactos, y la JAAC insistió en que el gobierno estaba exagerando sus propios avances.
Los escaños en sí mismos son un legado de la partición: seis reservados para refugiados de la división de Jammu y seis para los del Valle de Cachemira, elegidos no por los residentes de Azad Cachemira, sino por cientos de miles de votantes registrados dispersos por Punjab, Sindh y más allá. Sus defensores los consideran un símbolo constitucionalmente protegido de una disputa sin resolver, prueba de que Pakistán no ha abandonado la causa de los cachemires desplazados. Los críticos los tachan de instrumento de control externo, señalando que quienes ocupan estos escaños, sin haber vivido nunca en Azad Cachemira, se convierten habitualmente en figuras clave en una cámara de tan solo 53 miembros, mientras perciben salarios gubernamentales, cuotas de empleo y fondos para el desarrollo que se gastan íntegramente fuera del territorio que supuestamente representan.
A principios de junio de 2026, el Tribunal Supremo de Azad Jammu y Cachemira resolvió la cuestión legal, si bien no la política: los escaños están protegidos por el artículo 22 de la Constitución Provisional de 1974 y no pueden ser abolidos sin una enmienda constitucional formal. Pocos días después, el gobierno declaró a JAAC organización ilegal en virtud de la ley antiterrorista y arrestó a decenas de sus miembros. Los enfrentamientos en Rawalakot los días 7 y 8 de junio dejaron al menos once muertos más.
Una causa que se ha internacionalizado
Los disturbios también han atraído considerable atención de la diáspora cachemir, especialmente en Gran Bretaña, donde se han organizado manifestaciones en Londres, Birmingham, Bradford y otras ciudades en apoyo de JAAC y sus demandas. Los parlamentarios británicos han manifestado cada vez con mayor frecuencia su preocupación por la situación en Azad Cachemira. En junio de 2026, una moción parlamentaria, respaldada por decenas de diputados, expresó inquietud por los informes sobre cortes en las comunicaciones, arrestos masivos, restricciones a la reunión pacífica y la detención de manifestantes, y pidió diálogo y respeto por los derechos humanos. Si bien la moción no es jurídicamente vinculante, refleja el creciente escrutinio parlamentario de los acontecimientos en Azad Cachemira y demuestra cómo la movilización de la diáspora ha internacionalizado lo que antes se consideraba una disputa política principalmente interna.
Un futuro incierto
Lo que distingue esta fase de la crisis de las anteriores es que ya no tiene una solución obvia. Los subsidios pueden restablecerse con una subvención federal; el gabinete puede reducirse por decreto. Pero una enmienda constitucional requiere que la misma asamblea que acaba de votar, en una resolución multipartidista, preserve los escaños que la JAAC quiere eliminar; y, según argumentan los opositores, hacerlo le daría a la India una victoria simbólica en la disputa más amplia de Cachemira que Pakistán no puede permitirse conceder.
Atrapada entre una cuestión legalmente resuelta y otra política sin resolver, Azad Jammu y Cachemira se encamina hacia las elecciones previstas en un ambiente marcado por organizaciones prohibidas, activistas encarcelados y una población que ha pasado gran parte de los últimos tres años alternando entre las calles y la mesa de negociaciones. Que la votación suponga un verdadero reinicio o simplemente una pausa antes de la siguiente ronda de disturbios puede depender menos del resultado en las urnas que de si alguna de las partes está dispuesta a tratar la cuestión de los escaños para refugiados como un tema de auténtico debate constitucional, en lugar de limitarse a la presión callejera o a una resolución judicial definitiva.
El levantamiento en Azad Cachemira (AJK) va más allá de una protesta contra la inflación o la mala gobernanza. Refleja un sistema más profundo de dependencia económica y control político. La crisis manifiesta la austeridad impulsada por el FMI, el aumento del costo de vida y la interconexión de los acuerdos constitucionales de la región, lo que permite a las élites locales e Islamabad beneficiarse de los recursos de AJK mientras los ciudadanos comunes soportan la carga económica. Desde esta perspectiva, un cambio duradero requiere más que la simple restitución de subsidios; exige la propiedad pública de los recursos hidroeléctricos, la abolición de los 12 escaños reservados para refugiados, un mayor control local sobre las instituciones políticas y económicas, y organizaciones de base más fuertes capaces de desafiar las estructuras de poder arraigadas. Sin embargo, los partidarios de JAAC favorecen la reforma constitucional y las soluciones negociadas por encima de la transformación económica sistémica, mientras que el gobierno pakistaní rechaza las afirmaciones de que el marco constitucional de AJK representa una forma de control colonial, argumentando en cambio que refleja el estado no resuelto del conflicto más amplio de Cachemira.
¿Qué rumbo debería tomar el movimiento?
Las protestas y la oposición en Azad Cachemira son significativas y, como se ha explicado, tienen su origen en reivindicaciones económicas y en el deseo de un control político independiente. Sin embargo, estas reivindicaciones no pueden satisfacerse simplemente mediante reformas constitucionales ni aboliendo los escaños controlados por el Estado pakistaní. La cuestión clave reside en quién controla los recursos y toma las decisiones. Los principales sectores de la economía —educación, sanidad, electricidad, agua, etc.— deben quedar bajo el control y la gestión democrática de los trabajadores. Estas reivindicaciones económicas están intrínsecamente ligadas a la demanda de independencia política de Azad Cachemira. Lograr este objetivo requiere medidas organizativas claras. El apoyo a JAAC sugiere potencial, pero debemos ir más allá, estableciendo comités organizados democráticamente en los centros de trabajo y en todo Cachemira para impulsar estas reivindicaciones. Esto se puede conseguir fortaleciendo la organización. Se deben hacer llamamientos a los trabajadores, agricultores, jóvenes y activistas de todo Pakistán, de la India (incluidos los territorios ocupados por la India) y a los trabajadores chinos para que muestren solidaridad y actúen conjuntamente. Este llamamiento, junto con la movilización de los trabajadores de toda la región para forjar una lucha unificada, es necesario para hacer frente a los estados capitalistas inmersos en una competencia geopolítica que buscan explotar la región. Por lo tanto, la lucha por la libertad socioeconómica y el derecho a la autodeterminación de Azad Cachemira debe vincularse a la construcción de una lucha unificada y al establecimiento de una confederación socialista voluntaria de nacionalidades en el sur de Asia y más allá.
