Nota de CSP-Conlutas sobre el estado de excepción y el acuerdo de la COB con el Gobierno de Rodrigo Paz
CSP-Conlutas, 20-6-2026
Traducción de Correspondencia de Prensa, 24-6-2026
Luego de (más de) 50 días de movilizaciones, bloqueos y manifestaciones populares en toda Bolivia, en respuesta a la política económica y al plan de austeridad del gobierno de Rodrigo Paz -que pretende hacer recaer el peso de la crisis económica sobre los trabajadores y las trabajadoras-, el país está viviendo uno de los procesos de lucha de clases más importantes de América Latina y del mundo en los últimos años.
Las medidas adoptadas por el gobierno representan profundos ataques a la soberanía nacional y a los derechos históricos conquistados por el pueblo boliviano a lo largo de décadas de resistencia a la colonización española, a las dictaduras militares y a la represión estatal. Los pueblos indígenas y los campasinos son los herederos de esta tradición de lucha, que ha tenido entre sus principales referentes a Tupac Katari, Bartolina Sisa, Domitila Barrios Chungara y los Ponchos Rojos, entre tantos otros que se enfrentaron a la opresión y defendieron la autodeterminación del pueblo boliviano.
Esta política se inscribe en un contexto más amplio de ofensiva imperialista contra los países de América Latina y del mundo, impulsada por los intereses económicos y geopolíticos de las grandes potencias. En este escenario, los recursos naturales estratégicos de Bolivia —especialmente el litio— se convierten en objeto de una intensa disputa internacional, lo que pone en peligro la soberanía del país, el control popular sobre sus riquezas naturales y la preservación del medio ambiente.
Hasta el 19 de junio, aún había alrededor de 50 bloqueos activos en diferentes e importantes regiones del país, entre los que destacan los departamentos de La Paz y Cochabamba, así como la ciudad de El Alto, uno de los principales bastiones de la resistencia popular boliviana.
Sin embargo, algunas direcciones de organizaciones sindicales y sectores organizados —como los transportistas, los trabajadores fabriles, los cooperativistas del sector minero y parte del personal docente—, a pesar de enfrentarse a cuestionamientos y divergencias en sus propias bases, ya venían llevando a cabo negociaciones por separado con el gobierno, con el objetivo de dejar de participar en los bloqueos y las movilizaciones mediante acuerdos específicos.
La dirección de la Central Obrera Boliviana (COB), a través de su dirección nacional, tras reiterar durante semanas consignas como «Ninguna negociación con el gobierno» y «Fuera Rodrigo Paz», pasó a defender la apertura de negociaciones. Como resultado, el 19 de junio de 2026 firmó un acuerdo con el gobierno con el argumento de la «pacificación» del país, cuyo principal objetivo es poner fin a los bloqueos y las movilizaciones en curso, a pesar de la existencia de decenas de presos políticos, cientos de heridos y de luchadores populares asesinados durante los enfrentamientos con el gobierno.
El acuerdo incluye los siguientes puntos:
1. Revisión de la Ley de Pensiones;
2. Instalación de mesas de trabajo con la Central Obrera Boliviana (COB);
3. Garantías al derecho de protesta y a la organización sindical;
4. Defensa de las empresas públicas;
5. Política de financiación con soberanía nacional;
6. Garantía del suministro de combustibles;
7. Investigación sobre la denominada «gasolina basura»;
8. Creación de una mesa técnica con los sectores afectados;
9. Investigación de las denuncias relacionadas con el narcotráfico;
10. Protección del medio ambiente y de las áreas protegidas;
11. Socialización y debate de las normas de gran impacto social;
12. Medidas de protección de la canasta básica y del empleo;
13. Debate sobre la distribución de recursos y el pacto fiscal.
Según el acuerdo firmado, todos los compromisos asumidos deberán aplicarse en un plazo máximo de 90 días, bajo la supervisión conjunta del gobierno nacional y de la Central Obrera Boliviana.
Sin embargo, pocas horas después de la firma del acuerdo, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción, incumpliendo inmediatamente uno de los puntos centrales del propio acuerdo: la garantía del derecho a la protesta y a la libre organización sindical. Además, de acuerdo con la propia legislación boliviana, dicha medida debería haber sido sometida a la consideración y aprobación del Congreso Nacional, lo que aumenta los cuestionamientos sobre su legalidad y legitimidad.
La CSP-Conlutas considera que la responsabilidad de esta grave situación no se limita al Poder Ejecutivo. El Congreso Nacional y los distintos gobiernos departamentales y municipales que se mantuvieron al margen ante la escalada represiva o que prestaron apoyo político a las medidas gubernamentales también son responsables del agravamiento de la crisis y de los ataques contra los derechos democráticos del pueblo boliviano.
En la madrugada del 20 de junio se desató una fuerte ofensiva represiva contra manifestantes, dirigentes sindicales, líderes campesinos, indígenas, jóvenes y populares que permanecían en los bloqueos y movilizaciones. Las detenciones, las persecuciones y las operaciones policiales son parte de la intención del gobierno de desarticular el movimiento de resistencia.
La militarización de las regiones en conflicto y el uso de las Fuerzas Armadas y de los aparatos represivos del Estado contra los trabajadores, los campesinos, los pueblos indígenas y los sectores populares representan una grave amenaza para las libertades democráticas y los derechos humanos. La CSP-Conlutas denuncia la ocupación militar de las zonas en conflicto y exige el retiro inmediato de las fuerzas represivas de las calles, las carreteras y las comunidades, así como el fin de las persecuciones, las detenciones arbitrarias y todas las medidas destinadas a criminalizar la lucha social.
Ante estos hechos, la CSP-Conlutas considera un grave error político por parte de la dirección de la COB haber iniciado negociaciones y firmado un acuerdo con un gobierno que, hasta la fecha, no ha cumplido ni sus principales promesas electorales ni los compromisos asumidos durante los primeros meses de su mandato. Los acontecimientos ocurridos inmediatamente después de la firma del acuerdo demuestran, en la práctica, que el gobierno no ofrece garantía alguna de que vaya a cumplir los compromisos ahora asumidos.
La experiencia demuestra que no es posible confiar en un gobierno que responde a las reivindicaciones legítimas del pueblo con represión, criminalización de los movimientos sociales, persecución de los dirigentes y restricción de las libertades democráticas.
La CSP-Conlutas considera que esta política tiende a agravar aún más las condiciones de vida del pueblo boliviano, al tiempo que refuerza la persecución contra los dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, jóvenes y populares que se encuentran en primera línea de la resistencia.
En nuestra opinión, la mejor alternativa para el movimiento sindical, campesino, indígena y popular habría sido la convocatoria de una amplia Asamblea Popular (Cabildo Abierto), democrática y soberana, capaz de reunir a trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, jóvenes y demás sectores en lucha para decidir colectivamente el rumbo de la movilización, discutir un programa de salida a la crisis en favor de la mayoría del pueblo y evaluar la actuación de sus organizaciones y direcciones.
La lucha del pueblo boliviano forma parte de la resistencia de los pueblos latinoamericanos contra las políticas de dominación económica, política y social impuestas por el imperialismo y los intereses del capital internacional.
La CSP-Conlutas repudia el decreto de estado de excepción, exige su revocación inmediata y reafirma su apoyo incondicional a las movilizaciones del pueblo boliviano. Denunciamos la represión promovida por el gobierno de Rodrigo Paz, la militarización del país y las tentativas de criminalizar a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares.
Exigimos el respeto a las libertades democráticas, al derecho de organización, al derecho de huelga y a la libre manifestación.
Defendemos la liberación inmediata de todos los presos políticos y manifestantes detenidos durante las movilizaciones, la investigación y el castigo de los responsables de las muertes y de la represión contra el movimiento popular, así como el retiro de las fuerzas militares y policiales de las regiones movilizadas. Solo la movilización independiente de los trabajadores, los campesinos, los pueblos indígenas y los sectores populares podrá derrotar los ataques del Gobierno y garantizar una salida a la crisis que beneficie a la mayoría del pueblo boliviano.
¡Libertad inmediata para todos los presos políticos y manifestantes detenidos en las movilizaciones!
¡Fin inmediato de la represión y del estado de excepción!
¡Retiro de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas represivas de las regiones movilizadas!
¡Viva la lucha del pueblo boliviano!
¡Todo el apoyo y la solidaridad internacional a la lucha del pueblo boliviano!
¡Fuera Rodrigo Paz!
¡Fuera el imperialismo de América Latina!
