Desde la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, denunciamos con fuerza que la decisión de eliminar el Programa de Derechos Humanos (PDH), contenida en las instrucciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda —encabezado por el ministro Jorge Quiroz—, no es un hecho aislado. Por el contrario, se inscribe en una serie de instrucciones asociadas al presupuesto 2027, que no hacen sino desmantelar la institucionalidad en materia de derechos humanos y sociales alcanzada por el Estado de Chile.
Asimismo, se anunció también la discontinuidad del Programa en Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Bajo el argumento de la “estrechez fiscal” y el “ajuste estructural del gasto público”, el Ejecutivo pretende suprimir una institucionalidad esencial para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Esta medida no solo es regresiva, sino que resulta injustificada, arbitraria y contraria a derecho.
Un desmantelamiento deliberado de la política de derechos humanos
Sostenemos que el Programa de Derechos Humanos, creado en 1997 como el órgano continuador de las comisiones de verdad, constituye una pieza estructural en la búsqueda de verdad y justicia en Chile. Su rol ha sido fundamental en la representación judicial de víctimas, en el impulso de investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos y en la coordinación estatal en esta materia.
Hoy, además, es el órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Su descontinuación implica la eliminación de una política de Estado de apoyo transversal comprometida con las víctimas y con el país.
Asimismo, el Programa en Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, creada el 1991 y por ley, desde 2004, es política pública chilena del Ministerio de Salud que ofrece atención médica integral y gratuita en la red pública a víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familias (1973-1990).
Una medida regresiva y contraria a obligaciones internacionales
Advertimos que esta decisión vulnera el principio de no regresividad y el principio de continuidad del servicio público, al eliminar capacidades institucionales consolidadas sin ofrecer alternativas que garanticen su continuidad.
El Estado de Chile tiene obligaciones internacionales claras en materia de investigación, sanción y reparación de violaciones a los derechos humanos. Estas no son opcionales ni subordinables a criterios de eficiencia fiscal. La reducción del gasto no puede ser utilizada como excusa para desmantelar derechos.
Consecuencias directas para las víctimas
Esta medida tendrá efectos inmediatos y concretos: debilitará la representación judicial de víctimas, afectará investigaciones en curso, pondrá en riesgo los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, así como el derecho a la reparación de los familiares de las víctimas pero también a las víctimas sobrevivientes de la represión del Estado.
Implica retirar al Estado de su rol activo en causas de graves violaciones a los derechos humanos, trasladando una carga imposible de sostener a las víctimas y sus familias, y niega su derecho a la reparación y atención integral en salud.
Exigimos explicaciones y responsabilidades
- Exigimos al Ministerio de Hacienda y al Ejecutivo explicar públicamente las razones de esta decisión y transparentar los criterios utilizados para priorizar el gasto público, especialmente cuando se trata de materias que comprometen derechos fundamentales.
- Emplazamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a pronunciarse con claridad frente a esta medida y a ejercer su rol en la defensa de la institucionalidad que le compete resguardar. De igual forma, al Ministerio de Salud en torno a la reparación y atención en salud integral de las víctimas y sus familias.
Llamado urgente a los poderes del Estado y a la comunidad internacional
- Llamamos al Congreso Nacional a ejercer su función fiscalizadora e impedir la aprobación de cualquier medida presupuestaria que implique retrocesos en materia de derechos humanos.
- Instamos a los organismos internacionales de derechos humanos a observar con atención esta situación, en tanto podría constituir un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile.
- Convocamos a organizaciones sociales, académicas y de la sociedad civil a mantenerse alertas y a movilizarse frente a un retroceso que compromete décadas de lucha por verdad, justicia y memoria.
No a la regresión en derechos humanos
Reiteramos que la eliminación del Programa de Derechos Humanos no es una decisión técnica ni neutra: es una definición política que debilita la acción del Estado en una de sus obligaciones más fundamentales
No aceptaremos retrocesos en derechos humanos.
Red de Observadoras en Justicia y Memoria
