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Kast propone pagar con fondos públicos a empresas si fracasan sus proyectos de inversión

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El gobierno de José Antonio Kast propone crear un mecanismo para reembolsar con fondos públicos a empresas cuyos proyectos de inversión pierdan su Resolución de Calificación Ambiental, incluso tras ser revocada en tribunales. La iniciativa, enmarcada en su plan de reconstrucción, abre debate sobre el uso de recursos fiscales para cubrir riesgos empresariales en proyectos cuestionados ambientalmente.

Por equipo editorial de Resumen.cl

Al más puro estilo neoliberal y de Estado subsidiario, el presidente José Kast busca impulsar un proyecto de ley que ha recibido fuertes cuestionamientos debido al enfoque que prioriza la inversión y empoderamiento empresarial por sobre los derechos sociales de las mayorías.

Como parte de su Plan de Reconstrucción Nacional, Kast es partidario de no solo acelerar la tramitación de cuestionados proyectos extractivistas en diferentes lugares del país, sino que también promover una desregulación generalizada en la legislación.

En esta línea, una de las propuestas busca que, dentro de la «agilización regulatoria», sea el Estado de Chile, con el dinero de todas y todos, quien le pague a las empresas cuando sus negocios fracasen.

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Específicamente, el Ejecutivo ha señalado que busca reembolsar los gastos en los desarrollos de proyectos cuando estos tengan por anulada su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El gobierno de (ultra)derecha señaló que «el otorgamiento de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es sólo el inicio de una larga trama de impugnaciones, que retrasa la inversión pese a ya estar aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental, lo que termina por desincentivar a los titulares de ejecutar los proyectos aprobados».

Esto, pese a los múltiples casos en que la revocación de la RCA se debe a insuficiencias y negligencias propias de las empresas ejecutoras de los proyectos.

Para la administración de Kast, la solución no pasa en fortalecer la institucionalidad ambiental, sino que el Estado actúe como caja chica y de seguro para las inversiones.

En concreto, el gobierno propone «un mecanismo expedito de reembolso de gastos realizados asociados al proyecto o faena con una RCA aprobada que luego es revocada o anulada en sede judicial».

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