Saúl Escobar Toledo, Mexico
La huelga en el Nacional Monte de Piedad estalló el 1º de octubre del año pasado
y se mantiene en los más de 300 centro de trabajo de la institución. Este miércoles
18 de marzo cumple 169 días. En estos casi seis meses los huelguistas han
resistido no sólo la falta de pago de sus salarios; también la incomprensión de los
jueces y la indiferencia de los directivos del Monte. En noviembre del año pasado
lograron ganar un recuento: mil 408 trabajadores votaron a favor de la huelga y
sólo 460 en contra. Más del 75 por ciento respaldó el paro. No obstante,
posteriormente, un juez, Luis Antonio Hernández Berrios, inusitadamente, declaró
la huelga inexistente accediendo a un amparo de la patronal. El sindicato interpuso
un recurso de revisión y el asunto se encuentra en manos de una Tribunal
Colegiado. Los representantes de los trabajadores han señalado que, de ser
necesario, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El conflicto obedece, de acuerdo con declaraciones de los huelguistas, a la
violación del contrato colectivo y a la petición de un aumento de salarios. Debe
señalarse que no hubo incrementos de las percepciones de los trabajadores en
2021, 2022 y 2023. En 2024 se llevó a cabo una reestructuración de la Institución
que llevó a un alargamiento de la jornada de trabajo de 35 a 40 horas con la
consiguiente reducción del pago de tiempo extra y se cancelaron algunas
prestaciones para los trabajadores de nuevo ingreso. Además, se redujo el
personal sindicalizado de dos mil 753 personas trabajadoras a mil 950.A pesar de
que el sindicato mostró su voluntad de negociar y aceptó varios de esos cambios,
los directivos del Monte incumplieron el contrato firmado ese año. En particular,
desconocieron las comisiones mixtas encargadas de la promoción de los
trabajadores con base en la evaluación de su desempeño y la antigüedad.
El sindicato del Monte de Piedad se ha distinguido por su vida democrática. Dada
su historia reciente, se puede afirmar que representa la voluntad de los
trabajadores como lo mostró el recuento efectuado ante la autoridad
correspondiente. Las demandas del sindicato son, con base a los acuerdos de
marzo de 2024, evitar decisiones unilaterales en las jornadas de trabajo y en el
pago y asignación de plazas. En este último asunto reclaman que se revise la
llamada “boletinación” y se asignen los puestos bajo las reglas pactadas en el
CCT. También demandan la reinstalación de los trabajadores despedidos, el pago
correcto de las horas extras, y un aumento de salarios y prestaciones de acuerdo
con la inflación ocurrida.
Durante estos días de huelga, los empleados de confianza (los cuales suman más
de 2 mil personas), y, por supuesto, los directivos de la institución y los miembros
del Patronato siguen percibiendo el 100 por ciento de sus salarios y prestaciones,
lo que el sindicato considera ilegal.
La huelga ha afectado gravemente a millones de clientes que acudieron a la
institución a empeñar sus prendas y ahora han tenido que seguir pagando
intereses por los préstamos recibidos. Según la información disponible, el Monte
de Piedad otorga más de 7.2 millones de préstamos prendarios y atiende a más
de 1.1 millones de clientes anualmente Su cartera de préstamos alcanza los 29 mil
millones de pesos.
El responsable de la institución es el Patronato, el cual se compone de un puñado
de personas que parecen ver al Monte como una empresa y no una institución de
asistencia, legalmente una IAP (Institución de Asistencia Privada).
El manejo de los recursos de la Institución es, dicen los huelguistas, muy poco
transparente. Afirman que tiene un presupuesto solvente y que por lo tanto no
debería haber problema para enfrentar sus obligaciones laborales. Según datos
consultados que son de dominio público, tiene una utilidad de alrededor de 300
millones de pesos. Sin embargo, los trabajadores no han mejorado sus
percepciones salariales en los últimos años. En cambio, afirma el sindicato, los
miembros del patronato ganaban alrededor de un millón de pesos al año hasta
2024 y posteriormente se autodesignaron un ingreso que puede llegar a los seis
millones de pesos anuales.
El secretario general del sindicato Arturo Zayún ha declarado que “el Monte de
Piedad ha dejado de cumplir con su función social ya que sólo dedica el 2.3% a la
función social que tiene como mandato. Ello se debe, en gran parte, a los gastos
destinados al personal de confianza, principalmente a los directivos y a los
integrantes del patronato, y a pesar de que goza del privilegio fiscal que lo exenta
del pago del impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades”.
Hace casi 28 años, en junio de 1998 el Monte sufrió una huelga que también duró
mucho tiempo: del 5 de diciembre de 1997 al 3 de junio de 1998, seis meses. Fue
resuelta gracias a un arbitraje del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Cuauhtémoc Cárdenas. Se trató de una solución excepcional a un conflicto
particularmente difícil y prolongado. En esos momentos, el que suscribe estas
líneas y el licenciado Manuel Fuentes estábamos al frente de la Subsecretaría del
Trabajo de la Ciudad y propusimos al ingeniero Cárdenas que asumiera esa
responsabilidad sabiendo que la solución final tendría que tomar argumentos de
ambas partes para tratar de darle estabilidad laboral a la institución.
Sin embargo, los acontecimientos posteriores mostraron que los directivos de la
Institución no entendieron el mensaje y han persistido en la idea de que el contrato
colectivo es un estorbo y no un instrumento para concertar esfuerzos y mejorar las
relaciones laborales. Igualmente, que el sindicato no es un grupo de
alborotadores, sino que refleja, verdaderamente, la opinión de los trabajadores.
La decisión del juez Hernández Berrios ha servido para darle pretextos a la
empresa para alargar el conflicto mientras se resuelve la apelación del sindicato.
Los dirigentes y asesores legales de la organización gremial aseguran que van a
ganar este pleito dado que el juez se basó en una causal inexistente en la ley.
Sobre todo, confían en los resultados del recuento ocurrido en febrero de este año
como principal argumento a su favor.
Desde luego, la huelga podría terminarse si la Institución aceptara un acuerdo. No
obstante, hasta ahora, no ha dado señales de apertura. Tal parece que, con
alargar la huelga, se intenta destruir el sindicato y el contrato colectivo. Esperemos
que las autoridades laborales hagan ver al Patronato que debe poner en primer
lugar el interés publico y los convenzan de resolver el conflicto lo antes posible.
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