La cruda ofensiva del capital
Fabián Kovacik, desde Buenos Aires
Brecha, 21-7-2017
No son tiempos precisamente favorables a los trabajadores los que corren en Argentina. La violenta represión contra los obreros de la planta de la multinacional estadounidense Pepsico, ubicada en la localidad de Florida, al noroeste de la capital, fue un punto de inflexión en la era Macri. A los golpes y las balas de goma se sumó la violación de normas legales por parte de la patronal, con el apoyo explícito del gobierno y los sectores judiciales afines.
El 20 de junio pasado Pepsico Argentina –una fábrica de papas fritas y comidas saladas, con 58 años de presencia en el país– comunicó que la planta de Florida era inviable y sería cerrada, y que 155 de sus 691 trabajadores serían reubicados en la ciudad de Mar del Plata. Seis días después un grupo de los despedidos tomó la planta y 20 días más tarde fueron desalojados violentamente. La jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó el desalojo, que dejó heridos por los palos y gases repartidos por la Policía Bonaerense. Hay grandes dudas sobre la legitimidad del nombramiento de la magistrada, que obtuvo el cargo de jueza a fines de diciembre de 2015: su ex marido, el diputado provincial macrista Walter Carusso, integra el Consejo de la Magistratura provincial, órgano encargado de designar a los jueces. Veinte días después de asumir Carusso en el Consejo, Rodríguez Mentasty llegó a jueza.
Apenas desalojada la planta en la mañana del viernes 14, el presidente Mauricio Macri advirtió que “no es legal que veinte personas ocupen una fábrica cuando el resto de sus compañeros ya fueron reubicados por la empresa y fueron pagas las indemnizaciones correspondientes”. El titular de Pepsico Argentina es Marcelo Bombau, gerente del grupo Clarín y propietario de al menos 12 sociedades off shore, según revelaron los llamados Panama Papers, sin contar una intrincada trama de participaciones societarias que incluyen los rubros alimentario, inmobiliario y financiero. Bombau también compartió gerencia en la multinacional Milkaut con el actual vicejefe del Gabinete presidencial, Gustavo Lopetegui. Un currículum prototípico de la picaresca empresarial con vínculos políticos. Tras el cierre del 20 de junio, la empresa comenzó a importar productos desde Chile, pese a que el balance de 2016 arrojó ganancias por 4.690 millones de pesos y ubicó a Pepsico Argentina entre las 20 compañías más ganadoras según el ranking elaborado anualmente por la revista especializada Mercado.
El desalojo de la planta llevó a que la Cámara del Trabajo ordenara el martes 17 la reincorporación de 11 trabajadores a partir de un recurso de amparo presentado por los despedidos apenas fueron cesanteados. El caso se convierte en testigo y los trabajadores fueron rodeados por organismos de derechos humanos y partidos de izquierda. En año y medio de gobierno macrista se cerraron 5 mil empresas medianas y pequeñas, con un saldo de 200 mil nuevos desempleados, de acuerdo a datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
Hace dos semanas la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, advirtió que no toleraría que la empresa de pintura Cintoplom, bajo control obrero desde 2003, siguiera en manos de los trabajadores. La gobernadora vetó una ley de la legislatura provincial que beneficiaba a los trabajadores de la empresa prorrogando el plazo de otorgamiento del inmueble a la cooperativa. Según el decreto firmado por Vidal, prorrogar la expropiación “puede configurar una turbación y restricción al derecho de propiedad”.
