Amy Goodman y Denis Moynihan
Democracy Now!
El 15 de abril es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos en Estados Unidos, el día en el que la mayoría de los estadounidenses, excepto los más ricos, pagan la parte de los impuestos que les corresponde para financiar al Gobierno federal. Esto incluye tres pilares clave de la red de seguridad social del país: Medicare, Medicaid y el programa nacional de Seguro Social. Estas tres áreas, como casi todos los departamentos del Gobierno federal, están siendo desmanteladas por el presidente Trump y su principal financiador, el multimillonario Elon Musk, a quien con frecuencia se lo denomina “el copresidente” y quien lidera el llamado “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, o DOGE por sus siglas en inglés.
Durante generaciones, los políticos estadounidenses no podían tocar el programa de Seguro Social. Este programa, inmensamente popular, era considerado el “tercer carril” de la política, ese riel electrificado que da energía a las líneas de metro y que puede ser mortal si se lo toca. Ahora, a poco de cumplirse 100 días del segundo mandato de Trump, parece que hasta incluso el programa de Seguro Social está bajo ataque.
El 15 de abril, además de ser el Día de la Declaración de Impuestos, también fue una jornada nacional de movilización denominada ”El Seguro Social no se toca”, que fue convocada por la organización de defensa del sistema de seguridad social Social Security Works. En diversas partes del país se llevaron a cabo manifestaciones con pancartas que decían: “Protejamos, defendamos y ampliemos el Seguro Social” y “¡El Seguro Social funciona, los multimillonarios no!”. Estas protestas forman parte de un movimiento popular en rápido crecimiento que busca frenar el draconiano plan de deportaciones de Trump y los embates de Trump y Musk contra programas y agencias del Gobierno federal.
Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, dijo a Democracy Now! antes de dirigirse a una de las manifestaciones: “Donald Trump tiene un problema. En su recorrida por el país y en los mítines multitudinarios que celebró en estados disputados [durante la campaña] prometió que no iba a recortar el Seguro Social ni Medicare ni Medicaid. Sin embargo, todos los años de su primer mandato presentó propuestas para recortar esos programas. Pero esos recortes no se aprobaron. Ahora, entonces, afirma que hay una enorme cantidad de estafas [en esos programas] –lo cual es mentira, los casos de fraude son ínfimos–, y por eso, cuando él recorte nuestras prestaciones, dirá que está reduciendo el fraude y no los beneficios que nos corresponden”.
Esta estrategia ha sido expresada con mayor claridad por el secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, otro multimillonario, quien dijo en una entrevista reciente: “Supongamos que la Administración del Seguro Social no enviara el cheque de pago [a los beneficiarios] este mes. Mi suegra, que tiene 94 años, no llamará para quejarse. No lo hará. Ella entenderá que hubo alguna equivocación y que recibirá el pago el próximo mes. El estafador siempre hace más ruido: grita, vocifera y se queja”. Obviamente, entre los beneficiarios del Seguro Social hay muy pocas suegras de multimillonarios.
Según Social Security Works, cerca de la mitad de los adultos mayores obtiene la mayor parte de sus ingresos del Seguro Social, mientras que una cuarta parte de ellos depende enteramente de los ingresos que recibe por el Seguro Social. El pago anual promedio que reciben estas personas es de solo 20.000 dólares.
Durante su conversación con Democracy Now!, la presidenta de la organización agregó: “Es realmente difícil imaginar cuál es su objetivo, si no es destruir nuestro sistema de seguridad social. Más de 70 millones de estadounidenses reciben mensualmente [a través del Programa Nacional de Seguro Social] la pensión que les corresponde; personas mayores, personas con discapacidades. Se trata del programa de protección social para niños y niñas más importante del país. Muchas de estas personas tienen problemas de movilidad”.
En una impactante revelación, el periódico The New York Times informó recientemente que 6.300 inmigrantes que cuentan con número de Seguro Social otorgado legalmente fueron incluidos en el “archivo maestro de defunciones” de la agencia, lo que los cataloga como fallecidos a pesar de estar vivos, trabajar y pagar impuestos. El periódico informó que “el objetivo [de esta medida] es bloquear el acceso de estas personas a servicios financieros esenciales, como cuentas bancarias y tarjetas de crédito, así como a prestaciones del Gobierno”, con el fin de forzarlas a que se “autodeporten”.
La Ley de Seguridad Social fue promulgada por el presidente Franklin Delano Roosevelt hace 90 años, el 14 de agosto de 1935. La ley, que incluye el programa de Seguro Social, fue impulsada por la secretaria de Trabajo de ese entonces, Frances Perkins, la primera mujer en ocupar un cargo en un gabinete presidencial de Estados Unidos. Esta ley de amplio alcance no solo otorgó pensiones del Seguro Social a las personas mayores, sino que también estableció el seguro de desempleo, en un momento en que la tasa de desempleo superaba el 20 % durante la Gran Depresión. Asimismo, brindó apoyo económico a madres e infancias en situación de necesidad, personas ciegas y personas con discapacidad.
Frances Perkins era una política sumamente hábil y una brillante comunicadora pública. En un artículo de opinión publicado en el periódico The New York Times en enero de 1935, Perkins escribió:
“En Estados Unidos recién se está empezando a reconocer que el seguro social es una parte esencial de ese gran proceso de liberación humana que se inició con el Renacimiento. […]. El avance mundial hacia la seguridad social marca otro gran paso en el camino de ese desarrollo que denominamos civilización”.
Los políticos republicanos saben que promover la eliminación o incluso la privatización del Programa Nacional de Seguro Social es un suicidio político. Por eso, el plan del Departamento de Eficiencia Gubernamental parece orientarse a socavar su funcionamiento, mediante el cierre de oficinas locales y la reducción drástica de su fuerza laboral, y abandonar de esa manera a su suerte a las personas más vulnerables, que son las que menos influencia política tienen. Eso es, claramente, lo que Trump y Musk intentan hacer. Lo más urgente ahora es detenerlos.
