Editorial
La impunidad en el financiamiento ilegal de la política
por EL MOSTRADOR julio, 2017
El curso de las decisiones del Ministerio Público en torno a las investigaciones sobre el financiamiento ilegal de la política, da una señal de que estamos ante la consagración de la impunidad para los autores de la mayor lesión institucional que ha experimentado Chile después del golpe de Estado de 1973. Juicios abreviados con bajas sanciones (lo que incentiva que los pocos condenados no entreguen información relevante respecto a los otros autores de los delitos), dilación de las investigaciones, diligencias erráticas, declaraciones ex tempore de fiscales, juicios a priori de sus máximas autoridades, convergen, de manera sinuosa, en el mismo escenario en el cual organismos públicos entorpecen las investigaciones, autoridades presionan a subalternos y los poderes constituidos se inhiben o actúan a contrapelo de la transparencia y la legalidad.
La frase de mayor reincidencia en la política chilena actual es “he actuado con estricto cumplimiento de la ley”. Una verdadera muletilla ideológica que trasunta la debilidad doctrinaria de todo el sistema, su falta de cohesión y coherencia institucional y de gobierno, junto a la irresponsabilidad vergonzante de la elite política y empresarial. Todo a contracara de una realidad ciudadana en la que priman la desconfianza y la duda sobre la legitimidad –si no la legalidad– de todo lo actuado por esa elite.
Esa tensión entre legalidad y legitimidad en el funcionamiento del sistema político, que ha escalado a crisis social de desconfianza, está siendo resuelta hoy mediante un consenso interelites orientado a licuar los delitos y las responsabilidades individuales y colectivas ante los hechos dañosos contra la institucionalidad política del país, dejando impunes a sus principales autores y rompiendo de hecho el pacto constitucional vigente.
El cohecho en la dictación de leyes importantes para el desarrollo nacional, la compra –directa o indirecta– de parlamentarios y de sus acciones de representación, el financiamiento tramposo de campañas políticas, incluidas las de presidentes de la República, el uso de la interpretación jurídica constitucional como argumento de autoridad para que un organismo administrativo, el SII, prevalezca por sobre la acción penal pública y no se investiguen delitos, son hechos demasiado gruesos para negar la existencia de una verdadera conspiración contra la democracia, y una serie de actos claramente subversivos del orden público.
En marzo de 2015 quedó en evidencia la doble presión política de la elite para componer el escenario y escribir el guión que dejara impune su desacato cívico. Desde La Moneda le recordaban a Michel Jorratt, entonces director del SII, que no estaba ratificado en su cargo sino que era un funcionario transitorio y provisional, con el objeto de evitar que facilitara la investigación penal sobre los financiamientos ilegales a SQM. Por su parte, el Ministerio Público recibía mensajes abiertos a “actuar con responsabilidad” en un proceso que salpicaba a casi todo el arco político nacional, y sus máximas autoridades prejuzgaban respecto a la inexistencia de tipos delictivos que permitieran sancionar a los culpables.
¿Qué perspectiva institucional y ética puede tener un país en que se decide que el financiamiento ilegal de la política –que disuelve la igualdad ciudadana y toda la teoría de la representación, que pone el dinero por encima del voto ciudadano y en que se venden decisiones legislativas– es un problema económico y no político ni criminal? ¿Uno donde se han utilizado miles de millones de pesos por un vasto número de empresas para torcer la voluntad popular y el orden público? ¿Un país donde el Tribunal Constitucional se usa para litigar como órgano de fuero común, pero no se recurre a él para dar certidumbre a la norma constitucional, como ha ocurrido con el SII y el Ministerio Público, y todo presionado por el Gobierno y la oposición de manera conjunta?
La táctica procesal no declarada pero evidente fue bloquear cualquier arista penal de los hechos, limitando el impulso investigativo a sus aspectos económicos y en manos del SII, el que, bajo la figura de eventuales delitos tributarios, cambió el foco de la ilegalidad política hacia el de la ilegalidad tributaria.
Por su parte, pese a aparentes y públicas discrepancias con esa política, el Ministerio Público nunca ha recurrido al Tribunal Constitucional para que, como organismo competente en la interpretación de la Constitución, se pronuncie sobre la supremacía de la norma constitucional que le atribuye la competencia de persecución penal exclusiva, por sobre la ley orgánica del SII.
A su vez, parte importante de la prensa en papel inició una insidiosa y persistente campaña editorial sobre la eficiencia de los recursos destinados a la investigación de los casos penales de mayor connotación, principalmente Penta, SQM, Corpesca y múltiples aportes empresariales a campañas mediante el uso de boletas por servicios que nunca se prestaron. La línea editorial fue que, si bien parecía positivo que tales investigaciones pusieran en evidencia las malas prácticas en el financiamiento de la actividad política, por otro lado parecía discutible que ellas fueran constitutivas de delitos, ni siquiera tributarios.
Así, hemos llegado al delicado punto en el cual el Poder Judicial ha iniciado la jurisprudencia de no permitir el desafuero de parlamentarios que han incurrido en prácticas ilegales de financiamiento de sus campañas, abriendo el camino a que el Ministerio Público no persevere en las investigaciones, basado en que el SII ha resuelto el tema mediante el expediente administrativo de la rectificación de declaraciones de renta y el pago de la multa.
El eje político de esta pauta está entre La Moneda y todas las directivas partidarias de la oposición y el oficialismo. Los instrumentos han sido el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público y la ambigüedad en que empieza a moverse el Poder Judicial.
¿Qué perspectiva institucional y ética puede tener un país en que se decide que el financiamiento ilegal de la política –que disuelve la igualdad ciudadana y toda la teoría de la representación, que pone el dinero por encima del voto ciudadano y en que se venden decisiones legislativas– es un problema económico y no político ni criminal? ¿Uno donde se han utilizado miles de millones de pesos por un vasto número de empresas para torcer la voluntad popular y el orden público? ¿Un país donde el Tribunal Constitucional se usa para litigar como órgano de fuero común, pero no se recurre a él para dar certidumbre a la norma constitucional, como ha ocurrido con el SII y el Ministerio Público, y todo presionado por el Gobierno y la oposición de manera conjunta?
Lo actuado, deja el país casi inerme institucionalmente frente al futuro, y la historia se encargará de evaluar lo ocurrido, si llega a concretarse finalmente la impunidad, como una de las peores afrentas a la sociedad y al Estado en la historia de Chile, y como una traición a la democracia.
