Por Gustavo Espinoza M.
792 días tuvieron que transcurrir para que se iniciara formalmente el juicio contra Pedro Castillo Terrones, el Presidente de la Republica ilegalmente depuesto por un “golpe blando” el 7 de diciembre del 2022 ocurrido por un acuerdo sucio entre la ultraderecha y Dina Boluarte, quien hoy ejerce ilegalmente la Jefatura de la Nación.
En ese lapso el acusado estuvo no solamente privado de su libertad, sino también impedido de recibir visitas que pudieran interesarse por su caso.
El jurista argentino Guido Croxatto, no pudo entrevistarlo pese a acreditarse como especialista en materias penales y Derechos Humanos y no obstante haber sido solicitado por el propio Castillo.
Esta sola negativa, absolutamente inmotivada, es suficiente para desacreditar la objetividad jurídica de Tribunal encargado del tema, y constituye una muestra clara de la humillación a la que es sometido el procesado.
Por lo demás, el juicio en cuestión aparece claramente amañado. Los Magistrados que integran la Sala no pueden acreditar la solvencia requerida. Por lo menos en el caso de la doctora Norma Carvajal, se sabe que adelantó opinión en torno a la materia y condenó de antemano a Castillo considerándolo culpable del delito de Rebelión. Como es público, sostuvo que puede ocurrir ese delito sin uso de armas, como un modo de justificar su juicio.
Adicionalmente, el Proceso Judicial no se ventila en un recinto legalmente previsto para tal efecto, sino en el Centro Penitenciario en el que se mantiene virtualmente secuestrado al reo. Esto se hace con un doble propósito: Desarrollar el tema sin audiencias públicas, es decir sin presencia ciudadana; y además mostrarle al incoado que no saldrá del Penal en el que se halla porque allí será condenado y así quedará por vida.
Y por si fuera poco, Betsy Chávez denunció ser golpeada y amenazada. Y eso se probó.
El Ministerio Público ha pedido para Castillo 34 años de prisión, lo que, además, luce como un claro despropósito. Como se sabe, la legislación vigente establece para el delito de Rebelión una pena de 10 años.
Para elevarla a 34 la Fiscalía ha sumado otros delitos incluido el “abuso de autoridad”, que nunca se ha acreditado. Entonces le han “juntado” varios “delitos” y le han acumulado diversas penas. En otras palabras, la Fiscalía ha partido de un delito que no ha cometido, y le ha añadido otros que no han existido. Ficción jurídica, se podría llamar a una trama así urdida.
Todo esto, acredita la inviabilidad del procedimiento en marcha y se refleja en otros despropósitos, como el de incluir en el juicio a otros procesados que el mismo Castillo, ha exculpado expresamente. Ni en el presidente ni en ninguno de los coacusados, se ha encontrado el menor indicio de responsabilidad en la causa que se imputa para condenar a los acusados con un claro espíritu de castigo y venganza. Y en el colmo de la impudicia, el INPE lo “reprende” como si fuera un escolar malcriado y anuncia “castigos” contra él.
Probablemente no se ha registrado el número exacto de Golpes de Estado -o intentos de este- que se han producido en el Perú desde el inicio de la República. Hay quienes los sitúan entre 148 y 168. Leguía tuvo su cargo por lo menos tres; Oscar R. Benavides, dos; Odría hizo el Golpe en octubre del 48.
Y se podría hablar de los Golpes Militares de julio del 62, de octubre del 68 y de agosto del 75. Y también, naturalmente, del registrado el 5 de abril de 1992. El fenómeno fue tan común que Martín Adán dijo que formaban parte de la normalidad.
Pero en ninguno de estos alzamientos armados se procesó a nadie. Incluso Fujimori, fue condenado por otros hechos también punibles. No porque hubiese cerrado el Congreso ni los otros Poderes del Estado. Por el tema de los Golpes Militares, no se conoce sentencia alguna.
A Pedro Castillo tampoco podrían condenarlo por un Golpe que no hizo. En el fondo, lo habrán de sancionar por otros hechos que no se atreven a confesar: Pobre, campesino, maestro rural, indio; pero, sobre todo, porque les generó pánico. Alguien les dijo -falsamente- que era comunista, revolucionario, socialista, o marxista; que les iría a “quitar lo suyo”; apenas porque Castillo habló de igualdad, de justicia, de dignidad. Y eso, no lo soportan.
Por eso arremeten contra el presidente ilegalmente encarcelado y depuesto. Y por eso, quisieran verlo tras las rejas el resto de su vida. Que no salga más, Y que no venga nunca otro que hable de lo mismo.
A eso aportan también los bustos parlantes de la TV mafiosa, desde Milagros Leiva hasta Mávila Huerta, que buscan hacer escarnio del acusado y burlarse del drama que afronta. Todo esto, es lo que configura una afrenta intolerable.
El juicio a Castillo “se ha movido” rápido, Mucho más que otros similares. Y es que pareciera que aquí todas las piezas forman parte de un rompecabezas. No es difícil. entonces, sumar una con otras y consumar el propósito planteado. Pareciera que los que conducen el juicio, lo tienen todo aprendido. En otras palabras, que la condena, ya está pactada.
Eso explica el que Castillo busque desacreditar el juicio descalificándolo moralmente. Y eso, tiene resultado. Si las encuestadoras consultaran hoy la opinión ciudadana, el presidente depuesto tendría por lo menos veinte veces más aceptación pública que la usurpadora.
Teniendo al frente a los monstruos que han creado esta situación, llegar a la conclusión que “los Caviares” son “el principal peligro” para el país, es -parodiando el refrán- como ver la paja en un ojo y no darse cuenta de que la viga está en el otro.
