Este sábado 8 de febrero se cumplen tres meses desde la desaparición de Julia Chuñil Catricura. En el marco de las demandas por su aparición con vida y la denuncia sobre la responsabilidad del Estado en el conflicto por la restitución de tierras ancestrales, las desapariciones forzadas en democracia vuelven a ocupar un lugar central en la discusión pública.
Teresa Melipal Santiago de Chile
Sábado 8 de febrero Izquierda Diario
En el contexto del Estado chileno, la desaparición forzada se refiere a la práctica ilegal en la que una persona es detenida por agentes del Estado o personas que actúan bajo su autoridad, y luego es mantenida en secreto, sin que se le dé acceso a un juicio o información oficial sobre su paradero. En términos internacionales, la desaparición forzada es considerada un crimen bajo la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la cual Chile es parte. El Estado chileno tiene la obligación de garantizar la no repetición de este tipo de crímenes, y de buscar y garantizar justicia para las víctimas.
Sin embargo, existen numerosos testimonios que dan cuenta de la desaparición de jóvenes y activistas sociales después de ser detenidos por agentes estatales. Un ejemplo de esto es el caso de José Huenante, conocido por ser el primer detenido desaparecido en democracia. En 2005, a los 16 años, fue detenido por un grupo de Carabineros en Puerto Montt, tras lo cual su familia perdió su rastro para siempre.
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Otro caso emblemático es el de Hugo Arispe, conocido como el ’Floretti’, quien fue detenido y desaparecido en Arica. En enero de 2001, Hugo fue arrestado por encontrarse en estado de ebriedad en la vía pública. Ya había sido detenido anteriormente por la misma razón, pero en esta ocasión, después de ser llevado a un recinto carcelario, su paradero se perdió por completo, sin que se diera información oficial sobre su destino.
José Vergara fue detenido el 13 de septiembre de 2015 en Alto Hospicio. La intensa búsqueda de su familia, que denunciaba su desaparición tras ser arrestado por funcionarios de Carabineros, generó un fuerte cuestionamiento al Estado chileno por la manera en que se abordan los casos de desaparición y detención ilegal por parte de la policía. El 3 de abril de 2018, se dictó un veredicto sobre la demanda por desaparición forzada de José Vergara, implicando a cuatro carabineros de la zona. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique solo acreditó la detención ilegal, y los cuatro ex carabineros acusados fueron finalmente liberados.
La familia de Ramón Elías Pacheco Giacomozzi, de 23 años, perdió su rastro el 22 de junio de 2008 en Hualqui, Talcahuano, cuando salió de su casa. Nueve días después, la noche del 1 de julio, un grupo de personas lo vio durmiendo en la calle y llamó a Carabineros para evitar que muriera de frío. Al lugar acudió una patrulla con tres funcionarios, quienes se llevaron al joven. Monchito, como lo llamaban sus seres queridos, era mudo y tenía capacidades diferentes.
Otro caso, que la comunidad migrante y la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile han calificado como desaparición forzada, es el de Jean Fedor Louis, haitiano, 36 años, desaparecido la noche del 20 de mayo de 2020, en Quilicura, durante horas del toque de queda, estando la ciudad bajo control de las fuerzas armadas y policiales.
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Mujeres desaparecidas en contextos políticos o de violencia estatal
Según la declaración conjunta de Comité contra la Desaparición Forzada, la desaparición forzada de mujeres es una forma de violencia basada en el género cuando las mujeres son objeto de un ataque debido a su sexo o género. En ciertos países, las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios y las mujeres afectadas por la pobreza y las desigualdades sociales están particularmente expuestas a las desapariciones forzadas.
En Chile, la violencia estatal en las comunidades mapuche y en los sectores en disputa territorial con grandes empresas extractivistas ha dado lugar a numerosos relatos inquietantes sobre desapariciones y hallazgos de cuerpos de dirigentes que han muerto en circunstancias sospechosas. En este marco, se encuentra la denuncia de la desaparición de la dirigenta mapuche y ambiental Julia Chuñil, quien a tres meses de su desaparición no logran encontrar su paradero.
El caso de Nicolasa Quintreman Calpán, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en las aguas del lago artificial Ralco la mañana del 24 de diciembre de 2013, suscitó gran intriga. Nicolasa, dirigente mapuche, lideró la oposición al proyecto hidroeléctrico Ralco durante las décadas de 1990 y 2000, denunciando que la represa desplazaría a familias pehuenches y destruiría sitios sagrados. El conflicto llegó a tribunales internacionales, como la CIDH, y expuso las contradicciones de la Ley Indígena chilena frente a los intereses empresariales. A pesar de la resistencia, la represa se construyó, inundando cementerios indígenas y territorios ancestrales. Más de 70 familias pehuenches fueron reubicadas por la fuerza. Nicolasa y su hermana Berta fueron las últimas en resistir, convirtiéndose en símbolos de la lucha por la defensa territorial.
Otra situación similar es el emblemático caso de Macarena Valdés, quien fue encontrada colgada en las vigas de su casa el 22 de agosto de 2016. donde su muerte queda hasta el día de hoy en una gran interrogante sobre quiénes fueron los culpables de su fallecimiento, tras desechar la tesis de suicidio por el perito Luis Ravanal. El conflicto contra la empresa hidroeléctrica y las cinco instalaciones de centrales hidroeléctricas que se realizarían en la zona durante el año 2016, se tradujeron en innumerables ocasiones de hostigamientos y acoso de parte de miembros de las empresas hidroeléctricas hacia los integrantes y activistas de la red por la defensa de las aguas de la comuna de Panguipulli.
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Por una coordinación nacional e internacional
Entonces, tomando en cuenta todos estos precedentes, es importante reforzar la demanda al Estado para que garantice la aparición con vida de Julia y todas las personas desaparecidas en democracia, junto con el juicio y castigo a los culpables. La impunidad en cada uno de estos casos, -a partir de la desviación investigativa, el cierre de causas con carátulas de muerte dudosa o desaparición simple- busca encubrir a los responsables materiales y políticos. Y es una vía libre para que se sigan produciendo estos crímenes hacia quienes buscan enfrentar a los capitalistas forestales, latifundistas, o exportadores en el despojo, la expropiación, para el extractivismo profundo y explotación de las tierras que forman parte de las zonas protegidas y ancestrales.
La campaña por Julia Chuñil, reabre esta discusión en tanto a la disputa por la recuperación de las tierras, el rol del Estado -con sus leyes de militarización, judicialización, asesinatos y encarcelamientos políticos- y los intereses capitalistas. Desarrollemos una coordinación masiva a nivel nacional en internacional, con independencia politica y con un pliego de demandas que unan a las organizaciones ambientales, originarias, de trabajadores, mujeres, disidencias, juventus, ddhh entre otros, por:
Aparición con vida ya de Julia Chuñil
Por una comisión investigadora independiente
Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales
Desmilitarización ya del Wallmapu
Restitución de tierras ancestrales
