El Grupo de Trabajo “Memorias colectivas y prácticas de resistencia” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) manifiesta su rechazo ante las resoluciones y condenas dispuestas por el Poder relacionadas con el denominado “Caso Perseo” en Perú. La decisión de disolver el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) fundado en 2009 y condenar a 35 de sus integrantes bajo acusaciones de “pertenencia a una organización terrorista” (el Partido Comunista del Perú- Sendero Luminoso), representa una grave vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y pensamiento crítico.
El proceso judicial se prolongó diez años (2014-2024), durante los cuales las personas procesadas enfrentaron serias limitaciones para ejercer su derecho al trabajo y participar plenamente en la sociedad. Las penas impuestas oscilan entre los 15 años de prisión y la cadena perpetua. Cabe señalar que la sentencia no fue unánime, ya que de los tres magistrados que la dictaron, uno expresó su disconformidad, queriendo absolver a la mayoría.
Es importante resaltar que en Perú el terrorismo dejó de ser un fenómeno vigente hace más de tres décadas. Utilizar este argumento como pretexto para perseguir disidencias políticas, como ocurre también en otros países de la región, no solo es falaz, sino que representa un grave retroceso democrático. La criminalización de movimientos sociales y de posturas políticas divergentes erosiona los principios básicos de un Estado de derecho y amenaza la pluralidad democrática.
El derecho a la reintegración política es un principio esencial en cualquier sistema democrático que respete los derechos humanos y promueva la reconciliación social. El caso de muchos ex miembros de grupos alzados en armas que en la actualidad buscan participar en el debate público y ser parte del proceso político nacional, pone de relieve la importancia de garantizar un sistema plural e inclusivo.
Diversas personalidades y organizaciones internacionales ya han condenado esta sentencia, destacando que estas acciones judiciales podrían ser parte de un patrón más amplio de estigmatización y persecución de las ideas críticas hacia el gobierno o el sistema imperante.
Estas medidas han encendido la alarma internacional por la grave violación a los derechos humanos y configuran un grave precedente para la región. Sin embargo, resulta preocupante que los principales organismos de DD.HH. peruanos aún no hayan emitido pronunciamientos institucionales claros y contundentes frente a este caso. Esta ausencia amplifica la urgencia de adoptar posturas firmes en defensa de los derechos fundamentales y el respeto a la diversidad política.
El Grupo de Trabajo de CLACSO hace un llamado a los organismos de derechos humanos, tanto en Perú como a nivel internacional, a pronunciarse y actuar frente a esta situación.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la justicia social y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Instamos a las autoridades peruanas a detener la criminalización de las ideas y a promover un entorno donde el pluralismo político sea un pilar fundamental de la convivencia democrática.
3 de enero de 2025
Grupos de Trabajo CLACSO
Memorias colectivas y prácticas de resistencia
