por Héctor Vega
Para el común de los mortales Chile es propietario del mineral de cobre que yace en su territorio. Desde luego se argumenta que puede concesionar el mineral a los privados sin dejar de ser propietario. Sin embargo, todo eso cambió durante la dictadura cuando en el año 1982 se promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM) y el concesionario pasó a ser propietario. Es lo que se llama concesión plena. Situación única en el mundo y objeto de comentarios y argumentación en el ambiente de la minería mundial.
La legislación así aprobada durante la dictadura es de rango inferior a la Ley de Nacionalización promulgada el 11 julio de 1971 (Ley 17450) y que después de 42 años aun sigue vigente. Sin embargo, por mandato de la LOCCM y la Disposición Transitoria Tercera de la Constitución de 1980 la nacionalización quedó reducida a las 6 minas que hoy conforman Codelco a saber, Chuquicamata, Ministro Hales, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral, El Salvador y El Teniente. Queda así establecido en la Constitución de 1980 el dominio minero patrimonial-regalista del Estado de manera formal, atribuyéndole a este último una naturaleza y carácter jurídico de exclusivo, absoluto, inalienable e imprescriptible, pero sin ninguna consecuencia real sobre el dominio minero del Estado.
La LOCCM, dictada por la dictadura, vació de contenido la reforma constitucional de 1971, y de esa manera, estableció un “dominio subsidiario del Estado”, que no es otra cosa que el dominio eminente en la versión sui géneris chilena, despojado de toda atribución sobre los recursos mineros a saber, uso, goce y disposición de esos bienes y, según ello, sienta las bases del cálculo indemnizatorio en el caso de una expropiación. Esta legislación transforma la concesión de la mina en un derecho real y propiedad del concesionario, es lo que se llama en derecho la concesión plena.
De esta manera más del 70% de la producción de cobre queda en manos de grandes poderes transnacionales que dominan el mercado del cobre en el mundo. Lo que convierte a Chile en una factoría proveedora de los grandes poderes que dominan el comercio mundial del mineral.
Esto ha llevado a una situación difícil de revertir pues en el comercio imperan variantes geopolíticas, que influyen sobre el precio, las modalidades de explotación sin respeto al medio ambiente, la extinción de las fuentes de agua para el consumo humano y la agricultura, la contaminación de las napas freáticas, la existencia de relaves sin tratamientos para aislar los efectos tóxicos sobre el medio ambiente, las secuelas de explotaciones abandonadas, socavones que amenazan los poblados cercanos a las minas, etcétera. Se trata de la explotación al menor costo posible, es decir incrementando una cuasi-renta para las empresas mineras con graves consecuencias para la habitabilidad del territorio, para cuando en un futuro próximo se agoten las reservas de los yacimientos hoy sometidos a explotación
Hasta aquí la visión parcial que proyecta la factoría. Retrotraer la situación a 1971 es imposible, pero no es inverosímil la segunda inspiración cuando Allende veía el futuro industrial del país y de su modernidad a partir de la gran minería del cobre.
Rescatar, elaborar los múltiples usos del cobre es parte de la cultura de Chile, conocemos sus aplicaciones así como su futuro, como parte de los 15 minerales más importantes de la Tierra, su tecnología, sus aplicaciones y su importancia como catalizador en la industria proyecta un futuro al alcance de Chile.
Un desafío mayor enfrenta el país pues el agotamiento de las reservas del mineral se proyecta al año 2050 con secuelas previsibles de desempleo, migraciones internas, poblaciones locales con bajos niveles de vida y probablemente fuertemente dependiente del Presupuesto Nacional.
Todo ello es inevitable a menos que en el presente se echen las bases de un subsector minero-industrial, capaz de irradiar hacia nuevas especialidades y crear nuevos puestos de trabajo. Si miramos hacia el futuro, el itinerario 2024-2050 se entiende como el comienzo de una nueva economía donde el mercado internaliza un precio que refleja el costo-oportunidad de Bienes Públicos que en lugar de generar Deuda Pública sea parte del progreso de una región que busca su reconversión productiva.
El sinnúmero de desafíos que plantea el cambio climático marca un giro en el hábitat humano con éxodos definitivos de tierras inhabitables, lluvias torrenciales, inundaciones, tornados, huracanes, migraciones masivas, hambrunas, desempleo…Siendo el cobre parte de valiosos materiales disruptivos (DMAT), el desafío, frente a la transición energética y tecnológica es poseer la ciencia y la tecnología destinadas a captar las energías renovables y las aplicaciones científicas a la base de las industrias de automóviles y vehículos eléctricos, computadores, cables, aleaciones, construcción, energía eólica y solar, industria de barcos, aviones y sector aeroespacial, etcétera.
Argentina, Bolivia, Chile y Perú, países del Cono Sur, con riquezas naturales que caen en el área de interés estratégico de EEUU, tienen como desafío desarrollar una estrategia de regionalismo abierto de productos elaborados mediante acuerdos regionales inéditos, en una mirada hacia otros continentes, que las generaciones actuales aún no han explorado – desafío gigantesco por superar históricas disputas todavía no superadas.
La tarea es enorme, sin la conciencia del Pueblo no será posible recuperar la riqueza que la naturaleza nos ha deparado y revertir un orden colonial que creíamos superado pero que hoy nos golpea con la realidad de países-factoría al servicio de poderes imperiales. Enfrentar los desafíos del siglo XXI, es una empresa inalcanzable sin la unidad de países hermanos que hoy nos miramos desde fronteras separadas.
Santiago, noviembre 23 2024
