En el ejercicio de nuestra responsabilidad nos vemos en la obligación de declarar nuestro total rechazo a la forma cómo la H. Cámara de Diputados ha resuelto el prolongado trabajo desarrollado para levantar un diagnóstico y propuesta ante la situación que viven los niños y niñas que están bajo la tutela del Estado, a través de SENAME.
El Informe de la Comisión Sename II, más allá de las críticas a su rigurosidad en los datos o calificativos que realiza, es un aporte para que el Estado y la ciudadanía tomen conciencia definitiva acerca de las deficientes –y en algunos casos inhumanas- condiciones y trato que reciben justamente aquellos niños y niñas que debiesen tener una respuesta que les garantizara sus derechos a la supervivencia y al pleno desarrollo.
Es claro en el Informe SENAME II –pero también en otras investigaciones de medios de comunicación responsables, de la “jueza Jeldres”, la Contraloría y el propio INDH-, que la acción y omisión del SENAME, en los casos de los 1.313 niños y niñas muertos requieren de una investigación, pues no basta con tener las cifras si no se hace justicia, reparación y se sacan las lecciones de los casos que se demuestren como violaciones al derecho a la vida de esos niños y niñas.
Llama la atención, que luego de tan largo y sistemático esfuerzo por evacuar un informe de consenso respecto del diagnóstico y las medidas que se proponen, los parlamentarios no hayan sido capaces de construir un consenso sobre cómo tratar el tema de las responsabilidades tanto individuales e institucionales como políticas y penales.
La idea que queda en la ciudadanía es que cuando se trata de los y las niñas pobres, se anteponen otros intereses al interés superior del niño (artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
Así, llamamos al Gobierno y a los parlamentarios de todos los partidos políticos a que consideren tres cuestiones relevantes del Informe:
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- Son las políticas de protección general de los derechos del niño lo que ha fallado, pues no hay un sistema de garantías que permita actuar de modo preventivo evitando que la política del Estado (tanto del gobierno, las policías, los tribunales y fiscalías) opere deficientemente y sólo de manera punitiva o cuando el daño al desarrollo y supervivencia de los niños y niñas ya se ha consumado.
- Hay medidas urgentes que se deben tomar para reparar el daño que se infringe a la niñez bajo tutela del Estado y que no pueden esperar. Esto significa alistar un conjunto de decisiones y coordinaciones para hacer efectiva la protección de los derechos de niños y niñas en esta situación.
- Se requiere de una acción clara respecto de las responsabilidades políticas y judiciales que tendrían aquellos funcionarios públicos que, en conocimiento de los hechos que ocurrían no obraron con el sentido de responsabilidad y urgencia que la situación ameritaba, incurriendo en un evidente abandono de sus deberes. En esto sin duda no hay un solo responsable político pues han sido varios ministros de justicia y directores de SENAME de distintos partidos, por ello no se pueden construir “chivos expiatorios” para que luego todo quede igual.
En consideración a lo anterior proponemos generar un Comité de Urgencia compuesto por un representante de la Comisión Sename II, un miembro del Consejo Nacional de Infancia, un miembro del Poder Judicial y un miembro del Bloque por la Infancia, con el objeto de evaluar las medidas más urgentes propuestas por la Comisión de la Cámara de Diputados y que en esta etapa se pueden operar para revertir la situaciones más graves de vulneración de derechos. Este Comité de Urgencia solo tiene sentido si sus conclusiones son vinculantes para el poder ejecutivo.
Lo anterior no debe mediatizar lo fundamental que es la aprobación de una nueva institucionalidad para garantizar los derechos de los niños. Esto implica que el Senado debe profundizar su labor, sacar las lecciones del comentado Informe y legislar para que sea efectiva la garantía de derechos en la ley, tanto porque crea una institucionalidad vigorosa y coherente, como porque le entrega los recursos adecuados. Esta ley debe ser considerada efectivamente como una inversión del país en sus niños y niñas como para las generaciones futuras. Junto a lo anterior se debe promulgar una ley que crea la Subsecretaría de la Niñez, que tenga atribuciones efectivas para que sea un ente rector de las políticas universales y especiales hacia los niños y niñas, de otro modo sólo será ampliar la burocracia de forma ineficiente.
También se requiere que el Defensor de la Niñez se apruebe con urgencia y se constituya sin demora, pues su gestión ayudará a promover acciones de protección de derechos y una consciencia social e institucional sobre las responsabilidades del Estado y la sociedad respecto de sus niños y niñas.
Entendemos que los otros proyectos de ley en tramitación se concretarán en la próxima legislatura, por lo que llamamos a los candidatos presidenciales a tener en consideración la actual crisis que vive el sistema de protección especial para los niños, con el objeto que integren en sus respectivos programas y de forma prioritaria, la culminación definitiva en el próximo período presidencial de un sistema de protección integral moderno, eficiente, eficaz y humano que le garantice a todos los niños y niñas una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos reconocidos hace más de 25 años en la Convención.
