por AntiWatch
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua ha revocado la prisión preventiva de Eduardo Macaya, un empresario acusado de delitos sexuales.
En su lugar, Macaya ha quedado bajo prisión preventiva domiciliaria, debiendo pagar una caución de 150 millones de pesos.
Este fallo ha desatado un alud de críticas, sobre todo por parte de las víctimas y sus defensores, quienes sostienen que la justicia parece favorecer a aquellos con recursos monetarios para manejar sus procesos judiciales.
El hecho de que Macaya sea padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, también ha alimentado la percepción de un sistema judicial sesgado en favor de los privilegiados. Hernán Fernández, abogado de una de las víctimas, ha expresado su descontento con el fallo, afirmando que esto envía una señal contradictoria por parte del tribunal.
La seguridad de las víctimas, sostiene Fernández, se ve comprometida al haber un peligro potencial debido a que el entorno de Macaya ha negado los hechos, lo que aumenta el temor hacia él. Además, resalta que este tipo de delitos se cometen con persuasión, seducción, y encandilamiento del entorno.
En palabras de Fernández, hay una tendencia y un largo periodo de tiempo en que Macaya ha estado cometiendo estos delitos.
El hecho de que una de las víctimas ahora sea adulta, pero era menor cuando ocurrieron los hechos, evidencia la duración de este patrón de comportamiento.
Este caso ha expuesto una vez más el espinoso tema de la equidad en el sistema judicial chileno, alimentando la percepción de que aquellos con mayores recursos tienen más probabilidades de recibir un trato preferencial.
