Saúl Escobar Toledo, México
El día de mañana, jueves 11 de julio, la presidenta electa anunciará el nombre de la persona que ocupará el cargo de secretario (a) del Trabajo, entre otras designaciones de su gabinete. Esperamos que en dicha ocasión se comente la propuesta de reducir la jornada laboral. Como es de dominio público, existe ya una iniciativa para modificar la Constitución y que la jornada legal máxima sea de 40 horas a la semana. Hay que recordar que ya se llevaron a cabo diversos foros para discutir el tema en el Congreso en el que participaron empresarios, dirigentes sindicales y académicos especialistas en el tema.
El asunto es de la mayor importancia, en primer lugar, porque se trata de una recomendación de organismos como la OCDE y la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que consideran necesario “estandarizar las prácticas laborales internacionales” y, especialmente, “proteger la salud de los trabajadores, reduciendo los riesgos de accidentes”, según el reportaje de Bloomberg (06072024).
Como se ha demostrado en distintas ocasiones y por diferentes voces, las jornadas en México son muy prolongadas. De acuerdo con datos de la OIT la media de horas semanales trabajadas por persona empleada es más alta en Colombia (44.2), México (43.7) y Perú (43.1); y más reducida en Uruguay (37.3); Argentina (37) y Panamá (36.2).
En países como Chile y Colombia se está llevando a cabo una reducción de la jornada de manera gradual. En el primer caso, la jornada de 40 horas se alcanzará en 2028; y en el segundo, una jornada de 42 horas en 2026.
En Brasil, además, se están implementado proyectos piloto gracias a los cuales algunas empresas han reducido la semana laboral de cinco a cuatro días con resultados positivos: un 44 por ciento de las empresas participantes tuvo una mejora en su desempeño productivo.
En Europa y Estados Unidos desde hace años, se ha generalizado la jornada de 40 horas e incluso en algunos países como Bélgica la jornada máxima es de 38 horas y en Francia de 35 horas.
Así las cosas, no cabe duda de que México debe reducir su jornada legal de trabajo y sumarse a las naciones que ya lo hicieron o están en ese camino.
La iniciativa ha tenido el respaldo casi unánime de las organizaciones sindicales incluyendo la CTM, la CROM y los sindicatos independientes (UNT y Nueva Central); también el PRI ha manifestado su apoyo. Sin embargo, su aprobación se ha detenido por la oposición de la representación patronal. Varios problemas han señalado: en primer lugar, el aumento de costo de la mano de obra debido fundamentalmente a los incrementos de los salarios mínimos; el número de días de vacaciones pagadas; la aportación patronal al fondo de pensiones manejadas por las AFOREs; el monto de las utilidades pagadas; y la menor subcontratación de trabajadores. Estas cargas adicionales dicen, han afectado sobre todo a la pequeña y mediana empresa.
Otra razón que se ha esgrimido se refiere a la productividad. Argumentan que los índices de productividad en México (y en América Latina) son muy bajos en comparación con Europa y Estados Unidos. No obstante, como hemos visto, otros países latinoamericanos ya han reducido su jornada laboral.
Desde luego, el debate acerca de la productividad es complejo. Su evolución tiene que ver con la tasa de inversión y el desarrollo tecnológico. Pero, en las economías menos desarrolladas, también está relacionada con el tamaño del sector informal y el predominio de micro y pequeñas empresas. Se supone que en estos establecimientos la productividad crece a un ritmo menor que las medianas y grandes.
Un factor adicional, menos reconocido, es la resistencia obrera, es decir, la capacidad de negociación de los sindicatos con los patrones, y la negativa de los trabajadores a ocupar puestos mal pagados o con jornadas excesivas.
Según el informe de la OIT, Perspectivas sociales y del empleo en el mundo Tendencias 2024, “las tasas mundiales de inversión se han recuperado sensiblemente desde la crisis mundial de 2007 y han seguido al alza durante la pandemia”. Sin embargo, dice la OIT, “el
crecimiento de la productividad ha sido bajo en las economías avanzadas y se ha concentrado en un reducido número de empresas”.
Al mismo tiempo, advierte que en las economías avanzadas y en algunas economías emergentes se ha presentado una “escasez de mano de obra y de profesionales calificados” en trabajos de cuidado, transportes y comercio, así como en la industria manufacturera, la construcción y la TIC ( tecnologías de la información y las comunicaciones). Ello se debe a “malas condiciones laborales en estos sectores” y a la ausencia de trabajadores calificados. Se produce de esta manera un círculo vicioso: al disminuir la productividad, las empresas no pueden ofrecer mejores salarios, lo que a su vez lleva a un exceso de puestos vacantes que dificulta el aumento de la productividad sobre todo si esas plazas no ocupadas exigen mano de obra mejor preparada y con salarios más elevados.
Según datos de la OIT, la productividad en México (medida como el valor de la producción del PIB en dólares constantes comparables a nivel internacional de 2017 por hora trabajada) disminuyó de 21.1 en 2014 a 20.6 en 2024 aunque hay que tomar en cuenta el efecto de la pandemia pues en 2021 bajó hasta 20.4. Un fenómeno similar sucedió en Brasil: el indicador bajó de 17.2 en 2014 a 16.7 en 2022 aunque aumento luego a 17 en 2023. El promedio en estos once años fue de 17.1 para Brasil y de 20.8 para México. En resumen, la productividad ha sido más elevada en México que en Brasil y así se ha mantenido en los últimos años a pesar de altas y bajas en ambos países.
De acuerdo con esos datos, México tiene un nivel de productividad relativamente elevado, aunque se ha estancado en los últimos años. En estas condiciones, la reducción de la jornada en México puede ser un factor positivo para que la inversión se destine a aumentar la productividad y para atraer fuerza de trabajo en puestos laborales en los que los empresarios se han quejado de escasez.
Además, podrían apoyarse en una mayor capacitación de la mano de obra. Se produciría así un círculo virtuoso en el que todos salen ganando: los trabajadores y las empresas. Lo anterior también ayudaría a reducir la informalidad. Para ello, un sindicalismo activo puede jugar un papel en la negociación contractual que promueva una mejor capacitación de la fuerza de trabajo y mejores condiciones laborales incluyendo la reducción de jornadas excesivamente prolongadas.
Como señala el reportaje de Bloomberg, de acuerdo con un experto consultado, “Los países con jornadas laborales extensas cuentan con menores índices de productividad por hora y, por tanto, reducir las horas de trabajo obliga a las organizaciones a ser más eficientes… y a los trabajadores a ser más productivos”.
Lo anterior cobra mayor importancia si consideramos que, debido al “nearshoring” se esperan nuevas inversiones extranjeras en México, principalmente en la rama manufacturera de exportación.
Ahora bien, en lo que toca a la pequeña y mediana empresa, la reducción de la jornada podría ser gradual para que estos establecimientos tengan tiempo para ajustar los horarios de servicios al cliente en el caso de los establecimientos del sector servicios como restaurantes, comercios y hoteles. En la industria manufacturera la pequeña y mediana empresa podría recurrir a financiamiento de la banca de desarrollo.
En conclusión, la disminución legal de las horas de trabajo en México es posible, como lo muestran las experiencias internacionales, y, además, necesaria para propiciar un crecimiento más productivo si además se acompaña de otras medidas de política industrial.
El próximo gobierno tiene la oportunidad de conducir al país hacia un desarrollo más incluyente y próspero. La reducción de la jornada es una medida oportuna e indispensable para lograrlo. Esperamos que, en los próximos días, haya un claro pronunciamiento al respecto.
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