Ecuador Today
“El Ecuador es un territorio de paz.
No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras
ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares.
Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
Artículo 5, Constitución de la República del Ecuador, 2008.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, abrió la puerta a “la guerra”. El volcán del crimen organizado, que tiene muchas aristas, terminó por estallar a inicios del presente año en este país de la mitad del mundo. De un enfrentamiento conocido como de “mano dura”, ahora se propone uno de “súper mano dura”. En concreto se decretó un “conflicto interno armado” y se estableció una serie de “objetivos militares” a neutralizar. En este empeño, la militarización de la sociedad asoma como el eje rector, aplaudido por amplios grupos de una sociedad desesperada y atemorizada. Y así, las Fuerzas Armadas asumen un papel dominante, subordinando a la Policía Nacional.
Esta primera aproximación al tema despierta, con razón, preocupación. Como certeramente anota el jurista y docente universitario Luis Córdova Alarcón, “el régimen democrático puede ser asfixiado por una tenaza, conformada por el crimen organizado, por un lado, y por los militares por otro, que podrían ir desplazando a las instituciones civiles”. Más militarización de la sociedad, conducirá a menos democracia.
El asunto es aún más complejo en la medida que se cristaliza la pretensión de diversos sectores dentro del país, que, desde hace varios años, vienen clamando por el retorno de miembros de la fuerza armada norteamericana. No se conformaron nunca con el cierre de la Base de Manta, en el año 2009. Es más, no han dudado en sostener permanentemente una campaña de acusaciones en contra de esta decisión, con la que, sin escatimar mentiras, pretenden convencer a la sociedad que allí estaría el origen del auge del narcotráfico.
Una compleja y poco conocida historia de pretensiones imperiales
Recordemos que, a fines del siglo pasado, el Ecuador, durante el gobierno del democristiano Jamil Mahuad, vivía una de sus mayores crisis sociales, económicas y políticas. En ese complejo entorno, de forma reservada, se permitió la instalación en territorio ecuatoriano de lo que se conoce como Base de Manta, cuyo nombre oficial era de Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, Forward Operating Location).
Así se posibilitaba, una vez más, la instalación de tropas de los EEUU en territorio ecuatoriano. ¿Cómo que una vez más? Si, en diciembre de 1941, sin que el gobierno ecuatoriano hubiera aún concedido la autorización para ocupar espacios del territorio nacional, contingentes de la marina y del ejército norteamericano desembarcaron en posiciones estratégicas en Salinas, en la costa ecuatoriana, y en Baltra, en las Islas Galápagos. En esos días, el Ecuador vivía una gravísima crisis política: su provincia de El Oro estaba invadida por tropas peruanas con las que Lima trataba de imponer un arreglo limítrofe.
Esa agresión no preocupaba mayormente o casi nada en la región. Los países americanos estaban conmocionados por el ataque japonés a Pearl Harbor el día 7 del mismo mes de diciembre. La solidaridad panamericana estaba en su apogeo. La defensa colectiva del continente, inspirada en los convenios multilaterales de Lima y la Habana, se complementaba con varios convenios bilaterales.
El presidente Carlos Alberto Arroyo del Rio, del gobierno liberal-conservador, incapaz de dar una respuesta a la doble invasión, se sumó a esa solidaridad internacional, reclamando, un par de años más tarde, “el procerato de la lealtad”… a Washington. En la práctica toleró la ocupación del territorio nacional por las tropas yanquis y aceptó las imposiciones peruanas. Recién el 24 de enero de 1942 se firmó el convenio para normalizar la presencia de tropas de los EEUU en Salinas y el 2 de febrero en Baltra. Entre estas dos fechas, con la presencia de las fuerzas armadas peruanas en territorio ecuatoriano y con una enorme presión panamericana, el 29 de enero de 1942, se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Rio de Janeiro, con el que el Perú intentó dilucidar la larga disputa de límites con su vecino.
Cuando se avizoraba el fin de la segunda guerra mundial, los EEUU trataron de prolongar la ocupación de esas dos bases por 99 años, con un pago de 20 millones de dólares. Esas negociaciones con el gobierno liberal-conservador de Quito se frustraron por la revuelta popular del 28 de mayo de 1944, conocida como “La Gloriosa”. Durante el nuevo régimen se mantuvieron las pretensiones de la gran potencia del norte. Empero, en la Asamblea Constituyente de 1944 se exigió buscar una salida que evite al país “la más humillante ofensa a la dignidad soberana”. Las presiones y negociaciones continuaron. Inclusive fueron parte de la agenda en los debates de otra Asamblea Constituyente, la de 1946. Sería en ese año, el 1º de julio cuando se retiraron las tropas de Washington. Al salir sus soldados dejaron desmantelados los equipos y en escombros las construcciones.
No se trata de hechos y pretensiones aisladas. Las apetencias imperiales, contando con la complicidad de varias personas relevantes en Ecuador, han estado desde hace mucho tiempo presentes. Su mayor atención se ha fijado en las Islas Galápagos. Una y otra vez, desde el siglo XIX, este territorio formó parte de negociaciones para tratar de resolver los acuciantes problemas de la “deuda eterna”. Antes de la instalación de la base de Baltra, ya en el año 1935, el presidente Franklin D. Roosevelt, preocupado por razones de geoestrategia y ante la no aceptación de Ecuador para vender las islas, buscaba mecanismos para que sea su país el que proteja la biodiversidad allí existente. Incluso se sugería la sesión de soberanía para que sea la Unión Panamericana la responsable del patrullaje de las islas y la encargada de financiar el proyecto.
Lo cierto es que Washington, insistentemente, ha desplegados esas intenciones. Los EEUU inclusive asoman prestos para “ayudar” cuando este pequeño país ecuatorial sufre alguna grave calamidad. En esta historia, larga y triste, bastaría traer a colación la llegada de tropas norteamericanas luego del terremoto de 1987, que golpeó duramente al nororiente del país y que destruyó el oleoducto transecuatoriano, ahondando la crisis económica desatada poco antes por el insostenible peso de la deuda externa. Llegaron reservistas norteamericanos para ayudar en la construcción de una vía que uniría San Pablo-Río Hollín-Huaticocha. Lo que buscaban esas tropas era aprender a construir carreteras en territorios selváticos, por eso su aporte real fue prácticamente nulo. Y aún cuando el Congreso Nacional dispuso su salida, el gobierno del socialcristiano León Febres Cordero permitió que continúen en territorio ecuatoriano para cumplir con el plazo de seis meses acordado con los EEUU.
Para cerrar este breve repaso se podría mencionar también como el gobierno de Guillermo Lasso negoció la protección del archipiélago cediendo parte de la soberanía nacional a través de una confusa negociación financiera.
La cruda realidad de la Base de Manta
A contrapelo de quienes sostienen lo contrario, vale conocer que la base norteamericana en Manta no contribuyó a resolver el flagelo del narcotráfico. Durante su existencia la tasa de criminalidad se disparó, los envíos de droga se triplicaron y decenas de personas, particularmente pescadores, denunciaron abusos de parte de soldados yanquis e inclusive se registraron varias violaciones a los Derechos Humanos, como denunció un informe del INREDH, en el año 2016. Es más, como se demostró posteriormente, las acciones de los aviones norteamericanos no se ciñeron a los términos del convenio pactado, pues en muchos casos estaban orientadas a la lucha contra la insurgencia en Colombia y la interdicción de emigrantes.
Muy lejos quedó el sueño de transformar a Manta en una suerte de Miami en el Pacífico. Los bares, discotecas y cabarets crecieron y los empleos que se crearon tuvieron la duración de la remodelación de las instalaciones del aeropuerto, o sea ocho meses, y luego los trabajos ofrecidos fueron en labores de limpieza y transporte de carga, con sueldos muy inferiores a los de los norteamericanos. El crecimiento del turismo y el comercio que se esperaba llegó para pocos. Las tropas allí instaladas consumían escasos productos locales.
También cabría traer a colación que luego del desmantelamiento de la base de Manta, los norteamericanos establecieron dos bases más en Colombia, en donde en la actualidad ya existen 7 bases de los EEUU, sin que se haya logrado parar hasta ahora el narcotráfico; es más, la producción de cocaína sigue en alza en el territorio colombiano y también en el peruano, en donde funcionan 5 bases militares norteamericanas.
Otra oportunidad propicia para Washington
Ahora, en medio de otra crisis de enormes proporciones, que ha desembocado en un enfrentamiento armado contra el narcotráfico y afines, aparecen nuevamente las condiciones para otro desembarco de tropas norteamericanas. La declaración del “conflicto interno armado” empata con las pretensiones de Washington, siempre presto a profundizar los lazos de sumisión de su patio trasero, sobre todo en la actualidad cuando las grandes potencias mundiales están empeñadas en consolidar sus espacios de influencia y de ser posible ampliarlos.
Los EEUU, lo sabemos muy bien, están metidos hasta el cuello en una larga y casi inútil guerra contra el narcotráfico; bastaría con recordar su aparatosa derrota en lo que se conoce como “la guerra del opio” en Afganistán, el año 2021. La guerra contra el narcotráfico, sin embargo, es parte de su geo-estrategia, sobre todo en nuestra región.
Como ya lo señalamos, desde la salida de la base militar estadounidense de Manta se ha mantenido una campaña de diversas fuerzas políticas para que se autorice su retorno. En todo este tiempo, representantes del Comando Sur han ofrecido de forma reiterada la “colaboración” militar. Hubo varios acercamientos cobijados con lo que significa la coordinación en la lucha contra el narcotráfico; no faltaron los aplausos desde el Norte a las acciones del gobierno de Rafael Correa, en cuyo primer período se produjo la salida de la Base de Manta por una disposición constitucional a la que se llegó luego de un largo proceso de resistencia en el país, desplegado desde el año 1999, con el liderazgo de la Coalición No Bases – Ecuador.
Las acciones para conseguir una mayor coordinación entre los militares de los dos países avanzaron aceleradamente en el gobierno de Guillermo Lasso, justo cuando desde la Embajada norteamericana en Quito se denunciaba el accionar de narco-generales en la fuerza pública. En ese contexto, mientras se profundizaba / toleraba la infiltración de los narcos en la institucionalidad estatal y entraban a raudales los narcodólares en toda la economía, se redobló el paso para la preparación de un “Plan Ecuador”, emulando el “Plan Colombia”, que no solo que no resolvió la cuestión del narcotráfico en ese país, sino que de diversas maneras es también uno de los causantes de la creciente presencia de las bandas delictivas transnacionales en Ecuador.
En junio de 2022 se concretó un primer acuerdo entre los dos países. En diciembre del mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos”, estableciendo un plazo de medio año para que el Departamento de Estado propusiera un plan de acción concreto. Posteriormente, el Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa entre ambos países, a mediados del 2023, propuso invertir más de 3.100 millones de dólares en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, con un plazo de 7 años de duración.
En mayo del mismo año, en el régimen de Lasso se firmó un acuerdo para la interceptación aérea. En setiembre se alcanzó otro acuerdo para prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas. Ambos tratados, por dictamen de la Corte Constitucional, no fueron conocidos, ni aprobados por la Asamblea Nacional. Y en ese mismo 2023, en octubre, a espaldas de la sociedad, como sucedió con la Base de Manta, el canciller ecuatoriano y el embajador de Estados Unidos suscribieron el “Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas”, que ha también recibido luz verde por parte de la Corte Constitucional.
Estas decisiones del órgano encargado de velar por la vigencia plena de la Constitución, sorprenden, por decir lo menos. Por mandato constitucional están prohibidas bases o instalaciones extranjeras con fines militares en el territorio nacional; en realidad no se trata de una prohibición para tener tropas extranjeras en un espacio físico reducido, sino de una clara prohibición de tropas foráneas en el Ecuador. Nuestro país fue declarado por la Constitución del 2008 -aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en las urnas- como un territorio de paz. Lo grave es que la Corte determinó que este acuerdo no constituye un acuerdo militar, sino más bien es solo un “compromiso de asistencia” en el marco del enfrentamiento al crimen organizado. Por lo tanto, no ameritaría debate alguno en la Asamblea Nacional, tal como sucedió con la Base de Manta en el año 1999. Es decir, este acuerdo puede ser ratificado directamente por el presidente Noboa.
Quizás, como una anotación para la historia queda el voto salvado de tres magistrados de la Corte, que resaltaron la magnitud y la trascendencia de los compromisos acordados y los privilegios concedidos a una fuerza militar extranjera, que comprometen la soberanía nacional y que al menos debió ser tratado por la Asamblea Nacional. Intentar confundir el aporte militar de los EEUU como un simple apoyo policial es una conclusión realmente audaz; ese subterfugio legal sirve para no cumplir con el claro mandato constitucional: artículo 419, que establece que para suscribir tratados internacionales políticos o militares, se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional.
Los propósitos militares del acuerdo relacionado al estatuto de las fuerzas son evidentes. Basta revisar sus términos. El acuerdo se aplica a personal militar, tanto como al personal civil y contratistas estadounidenses que intervengan en diversas actividades, incluyendo entrenamiento y ayuda humanitaria, con una serie de privilegios e inmunidades. Se establecen exenciones tributarias para las tropas norteamericanas. También se entrega el uso gratuito del espectro radioeléctrico. Se obvia la jurisdicción penal sobre ese personal; no solo es, inclusive se acepta la resolución de conflictos de acuerdo a las leyes estadounidenses y no a las ecuatorianas. Y, por cierto, esto es clave, se asegura el libre movimiento de vehículos y buques; en otras palabras, las tropas norteamericanas no necesitarán una base específica, pues podrán recorrer libremente todo el territorio nacional y acceder en la práctica a todas las instalaciones, bases y cuarteles de las fuerzas armadas ecuatorianas.
El tan mencionado Plan Fénix para enfrentar el crimen organizado, al que se ha referido con frecuencia el mandatario ecuatoriano, a la postre parece ser un plan elaborado so por el Pentágono. En palabras de la jefa del Comando Sur: “EEUU tiene un plan de seguridad de cinco años para Ecuador”. Un plan bautizado como la Hoja de Ruta de Asistencia de Seguridad. Ella, adicionalmente, al celebrar la aceptación de este acuerdo y al tiempo de participar en la ceremonia de entrega de una nueva donación de equipos militares de los EEUU, declaró que “estoy orgullosa de servir con ustedes en el equipo democracia”, refiriéndose a los militares ecuatorianos presentes. Democracia, seguridad, desarrollo… todos conceptos con los que con frecuencia se disfrazan las apetencias imperiales.
Ecuador territorio en disputa de intereses geoestratégicos
Aceptemos que, si los capitales del crimen organizado han transformado al Ecuador en una plataforma de sus transnacionales negocios, los EEUU responden con su lógica geoestratégica. Desean una vez más poner en marcha lo que podría ser visto como una suerte de Plan Cóndor del Siglo XXI. De esta manera las fuerzas armadas del Ecuador -así como de otros países de la región- asumen cada vez más papeles policiales para combatir al narcotráfico, al terrorismo e inclusive la insurgencia popular. Una realidad que se constata en muchas partes de Nuestra América – cada vez más influenciada por el bukelismo-, incluso en países con gobiernos progresistas, como México.
Este devenir nos recuerda aquellos viejos principios de la Seguridad Nacional, orientados a fortalecer esquemas de contrainsurgencia -quien sabe si también apuntalados con agrupaciones paramilitares-, que se los puede maquilar como de lucha contra el crimen organizado.
Como para redondear este breve análisis cabría anotar el posicionamiento del gobierno de Daniel Noboa a favor de objetivos e intereses norteamericanos. Mientras cada vez más gobiernos levantan al menos su voz de preocupación e incluso de rechazo por las brutales violaciones de derechos desatadas por el sionismo en contra del pueblo palestino, el gobierno de Noboa apoya la posición del gobierno de Netanyahu y profundiza la cooperación en el ámbito de la represión que recibe Ecuador de Israel. Igualmente, el hecho de que Ecuador haya resuelto entregar arnas de origen ruso y ucraniano a los EEUU a cambio de nuevo armamento norteamericano, implica asumir una posición en ese conflicto europeo, que tiene, sin lugar a dudas, series repercusiones en la geopolítica mundial. No falta, por cierto, la renovada declaración oficial de desconocer al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Finalmente, si nos atenemos a las experiencias en México y Colombia, con sus fracasadas guerras en contra del narcotráfico, bien podemos anticipar el desastre de la estrategia belicista asumida por el gobierno de Noboa. Sin embargo, el “conflicto interno armado” parece tener otros objetivos colaterales, como sería profundizar aún mas las estructuras autoritarias en el país vía militarización de la sociedad –reforzada con la presencia de tropas norteamericanas-, al tiempo que en paralelo a la acción bélica se camina hacia una creciente neoliberalización de la economía. Así, la próxima estación, en una economía dolarizada, sostenida en gran medida por los narcodólares, sería un nuevo acuerdo con el FMI…
*****
Sin minimizar la necesidad de enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico, la salida de esta compleja encrucijada no pasa por la represión militar y el populismo penal, que terminan por crear las condiciones para seguir criminalizando a grupos empobrecidos y racializados, lo que podría transformar esa acción represiva en una estrategia para frenar las protestas populares y las resistencias territoriales en contra de los extractivismos. En definitiva, no es tolerable la transformación del Ecuador en una suerte de protectorado de Washington.
Algo tenemos que hacer frente al narcotráfico, nadie lo duda. El enfrentamiento a las bandas y carteles no puede obviar el desmantelamiento de todas aquellas estructuras delictivas infiltradas en el Estado y en toda la economía. Tratándose de organizaciones criminales transnacionales se requieren respuestas de genuina cooperación policial y judicial internacional, sobre todo sur-sur, que en ningún caso menoscaben la soberanía de los países, y que propugnen simultáneamente respuestas orientadas a la despenalización de la droga y al tratamiento del consumo como una cuestión de salud pública. Además, es indispensable mejorar sustantivamente las condiciones de vida de la población tradicionalmente marginada y explotada, reduciendo los insultantes niveles de concentración de la riqueza. Por igual, se deben respetar las diferentes preferencias culturales. Y en todo momento se tienen que garantizar los equilibrios ecológicos.
Estos son apenas algunos pocos elementos para construir una estrategia que asegure la seguridad al pueblo ecuatoriano, que no se alcanzara sacrificando derechos y libertades. En definitiva, con estos elementos se define el principal campo estratégico de acción, que demanda siempre más democracia nunca menos.
Quito, 29 de enero del 2024
Nota: Una versión más corta publicó en el Observatorio Económico de Latinoamérica- OBELA. ↑
