por Rómulo Pardo Silva
Los ecuatorianos sufren la violencia de grupos de narcotraficantes vinculados con carteles internacionales colombianos, mexicanos, de los Balcanes.
En el país aumentó la tasa de homicidios, el año 2023 se cometieron 7.878 y sólo se resolvieron 584.
Desde 2021 se han reportado más de 400 muertes al interior de las cárceles.
Los líderes de los dos principales grupos narcos se fugaron de sus prisiones. Recién al menos seis presos escaparon de la mayor cárcel de Ecuador, uno presunto cabecilla de un plan para atentar contra la fiscal general.
El presidente Noboa decretó “conflicto armado interno” y toque de queda. Entregó al ejército la tarea de neutralizar a las pandillas que identificó como “organizaciones terroristas”.
Aun cuando afortunadamente no se ha alcanzado un nivel de violencia como el vivido en México o en Colombia se ha producido una rápida intervención extranjera.
Washington de Gaza y Ucrania se dijo «extremadamente preocupado» y condenó los «ataques descarados» de la violencia narco en Ecuador. Envía a la Jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, con altos cargos militares y civiles junto a policías.
La Policía Federal brasileña se puso a disposición del Gobierno de Ecuador para ayudar a combatir la asonada de violencia.
El Gobierno argentino de Milei ofrece a Ecuador apoyo militar. Su canciller expresó el respaldo “contra el intento de golpe de agrupaciones socialistas narco-terroristas».
Es conocida la historia de acciones criminales de militares estadounidenses y argentinos y de policías brasileños.
En paralelo a esa forma de intervenciones y antes de ocurrir hechos el Parlamento ecuatoriano acordó “la adopción de indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de los estamentos de las Fuerzas Armadas y Policía”.
Previo también a eventuales juicios Noboa expresó: «Los jueces (y fiscales) que ayuden a terroristas serán considerados parte de la red de terrorismo».
Los ecuatorianos necesitan vivir en paz con un estricto control de los negociantes de drogas y de los agentes estatales nacionales y extranjeros.
