| Margarita Labarca Goddard |
Sin duda, pero para empezar, habría que ver en qué tribunal y por qué delitos se les podría juzgar. Existen varias Cortes Internacionales y vamos viendo cual correspondería.
Una de ellas es la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que es el principal órgano de justicia de la ONU, y sólo se aplica a Estados, por lo cual no puede imponer sanciones penales sino solamente civiles, como fijar indemnizaciones y otros asuntos de orden civil.
La CIJ es un órgano judicial que fue establecido por la Carta de Naciones Unidas firmada en 1945.
Pueden recurrir a la Corte de justicia, en materia contenciosa, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.
Pero en la práctica, los poderes de la Corte se han visto limitados, por carecer del poder de imperium o el poder de hacer ejecutar la sentencia.
Los Estados, frente al incumplimiento de una resolución de la Corte, pueden recurrir al Consejo de Seguridad, el cual, tiene la potestad de efectuar recomendaciones o dictar medidas con el fin de hacer cumplir el fallo. No obstante, en la práctica el Consejo de Seguridad a menudo no impone sanciones si el fallo va contra los intereses de alguno de los cinco países que son los miembros permanentes y tienen poder de veto sobre cualquier decisión tomada.
Pero las sanciones civiles contra el Estado de Israel, no es lo que quiere la opinión pública internacional ni el pueblo palestino ni los habitantes de Gaza. Por lo tanto, habría que recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI).
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)
Esta Corte es para juzgar a personas, no a Estados. Tienen que ser personas que hayan cometido graves delitos y que no hayan sido juzgadas en su país. Esta sería el ideal para juzgar y condenar a Netanyahu, aunque Israel nunca ha ratificado a esa Corte. Y Netanyahu es un ciudadano de Israel y ha cometido sus delitos en ese país.
Y dado que Israel no ha ratificado esa Corte ¿se le podrían aplicar a Netanyahu los delitos que establece el Estatuto de Roma, que es el que rige a la CPI? 1
Desde luego, un grupo de 280 abogados y un centenar de ONG presentaron en la primera quincena de noviembre de 2023, una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), para que se investiguen los presuntos crímenes perpetrados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre, pero sobre todo los que estaría cometiendo hoy en día el Ejército israelí en la Franja de Gaza. Es una denuncia contra los dirigentes del Estado de Israel, por “GENOCIDIO
La denuncia fue entregada por el penalista francés Gilles Devers en la oficina de las víctimas de la CPI, acompañado por otros tres letrados: Isa Gultaslar, del colegio de abogados de Bruselas; Khaled Al-Shouli, del colegio de Ammán, y Abdelmajid Mrari, del colegio de Tánger. Devers, de 67 años, lleva años pleiteando en La Haya, pero también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde representa al Frente Polisario frente a Marruecos. En esta instancia ha ganado hasta ahora todos los juicios.2
“Lo que está en juego son órdenes de detención” contra los responsables de esos crímenes, explicó Devers. “Cuando se trató de Ucrania, la CPI no dudó en actuar rápidamente contra Vladímir Putin”, objeto de una orden de arresto desde marzo de este año. “¿Por qué se comportaría de otra manera con relación a Palestina?”, se preguntó el letrado en
conversación con periodistas de El Confidencial, insinuando que las presiones de Estados Unidos (que no es miembro de la CPI) quizás expliquen las prisas que se dio la Corte con el presidente de Rusia.
Israel no reconoce la autoridad de la CPI, pero los crímenes de los que sus líderes podrían ser acusados no se han desarrollado en su territorio, sino en Palestina. Una resolución de la Asamblea General de la ONU reconoció en 2015 a Palestina como un “Estado no miembro” de la organización. Palestina se adhirió entonces al Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte. Hubo que esperar seis años más, hasta 2021, para que la CPI se considerase territorialmente competente para investigar presuntos crímenes cometidos por Israel en territorio palestino. “El genocidio es, según una de sus definiciones, el sometimiento y la negación de las personas, colocándolas en una situación de destrucción global”, explica Devers. “Es lo que sucede en Gaza con los bombardeos de hospitales y centros escolares, el desplazamiento forzoso de la población, el corte de suministros básicos”, añade.
Investigar lo que denunciaron en La Haya resultará, según él, fácil para la Fiscalía. “La Franja está plagada de trabajadores de agencias de Naciones Unidas y de diversas ONG que pueden brindar sus testimonios”, afirma. “Ellos han tenido que pagar un alto precio en vidas humanas” al permanecer allí. Otros sólidos indicios son las declaraciones del primer ministro Israel, Benjamin Netanyahu, o de su ministro de Defensa, Yoav Gallant, proclamando que aplastarían Gaza o describiendo a los palestinos como “animales humanos”.
El fiscal de la CPI, el británico Karim Khan, viajó el 29 de octubre hasta Rafah, el paso fronterizo entre Gaza y Egipto que se abre a ratos para dejar entrar en la Franja algunos pocos camiones con agua, medicinas y comida. Recordó allí que “impedir el acceso de la ayuda humanitaria puede constituir un crimen” y que “escuelas, hospitales y mezquitas” son lugares que deben ser inatacables. Refiriéndose a Hamás, añadió: “La toma de rehenes es una grave violación de las convenciones de Ginebra”. Pidió a continuación su liberación.
Diversas personalidades internacionales destacadas en la defensa de los derechos humanos han respaldado esta demanda.
El siguiente paso crucial será solicitar órdenes de detención contra dirigentes políticos y militares de Israel, concluyó el fiscal Khan.3
CONCLUSION: todas las personas decentes del mundo confían, esperanzadas, en el resultado de esa denuncia.
1. Labarca Goddard Margarita “La Corte Penal Internacional y la cosa juzgada”, México 2001
2. Periódico español El Confidencial
3. Periódico español El Confidencial
