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«Existen 457 concesiones en el país que no han sido utilizadas por la industria, por razones especulativas», dijo Juan Carlos Cárdenas, director ejecutivo del Centro Ecoceanos.
Critican lento avance en el proceso para caducar concesiones acuícolas
Publicado por el diario El Llanquihue
22 de octubre, 2023
En la Región de Los Lagos existen 209 concesiones que han sido declaradas en caducidad para el período comprendido desde 2015 a la fecha. Sin embargo, de ese total sólo han concluido 64 de esos procedimientos, por lo que otros 145 mantienen pendiente su tramitación.
Así fue informado por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas ante una solicitud que en agosto pasado presentó la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Consejo Regional (Core), en la que se pidió «informar en detalle el estado de situación sobre el reporte de causales de caducidad de concesiones entregadas a la industria salmonera en la Región de Los Lagos, informado por la Dirección Regional Los Lagos del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y que a la fecha alcanzaría a las 166 causales de caducidad», especifica el oficio N° 1.046, enviado por la secretaria ejecutiva del Core, Marcela Alarcón, a solicitud de Francisco Reyes (PS), presidente de esa Comisión.
Al conocer esa respuesta, el Core por la provincia de Osorno comentó que obtiene cuatro conclusiones. La primera es que esta es una consecuencia de «un trabajo serio, a partir de una Comisión de Medio Ambiente que ha ido fortaleciendo su radio de acción. Pusimos en comunicación a Sernapesca con la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas». Subrayó que ese intercambio de antecedentes y solicitud de nueva información «ha permitido que este proceso sea revelado en lo público y sea conocido por la comunidad incumbente».
En segundo lugar, Reyes hizo notar que en su respuesta la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas «reconoce una lentitud en la tramitación de los procedimientos de caducidad informados por Sernapesca». Destacó que a partir de ello ha quedado de manifiesto «la voluntad de este Gobierno, que ha generado mayores tramitaciones que la de gobiernos anteriores, para que se cumpla la ley en los plazos. No obstante, para que ello ocurra, la institucionalidad debe modificarse y fortalecerse».
El detalle de los expedientes de caducidad define que entre 2016 y 2021 fueron gestionados 16 de esos procedimientos; mientras que en 2022, realizaron 21; y, este año totalizan 27, para llegar a los 64 que informó esa subsecretaría.
Un tercer punto que destacó Reyes es el control desde los Gobierno Regionales, que consideró «necesarios para una comunicación más fluida con los servicios técnicos y de fiscalización del nivel central». Subrayó que ello demuestra la existencia de «un vacío en la solicitud de información y la puesta en común de información pública, entre lo que están haciendo los organismos fiscalizadores y lo que pueden solicitar autoridades y Consejos Regionales, que son los representantes del territorio».
En cuarto lugar, expuso que se hace menester convocar a la industria para generar y mantener diálogo amplio. «Más allá de declaraciones, como las del líder de SalmonChile, que se ha cerrado a cualquier compromiso que se centre, por ejemplo, en proteger el agua dulce, en abandonar los lagos de la región y las zonas protegidas», especificó.
REGULACIÓN
El Core Reyes adujo que tras estos números queda en evidencia «una acumulación de concesiones -a veces no activas, pero solicitadas para proyectos futuros, que claramente tiene que regularse». Asimismo, insistió en que los organismos públicos deben ejercer sus facultades para dar cumplimiento a la norma. «Eso significa que concesión que esté inactiva o que cumpla las causales del artículo 142 de la Ley General de Pesca y Ac cultura (LGPA), debe iniciar el proceso de caducidad». Apuntó que estas acciones no representan una oposición al desarrollo de la industria, sino que «estamos a favor de una actividad acuícola sustentable, responsable con el medio ambiente, las comunidades y con el empleo decente».
Reyes remarcó que del documento de tres carillas que firmó Juan Carlos Valdivia, jefe de la División Jurídica de esa subsecretaría, es posible inferir que «las tramitaciones de caducidad reflejan que esto no había sido revisado en lo público, hace mucho tiempo.
Y, en lo interno, había tramitaciones pendientes por mucho tiempo, que obligan a poner en común y debatir este tema que es primordial para un desarrollo sustentable de la actividad».
Para ahondar sobre las causales de caducidad, el Core por Osorno volvió a oficiar al subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, para solicitar una audiencia presencial «la cual se requiere lo más pronto posible».
«PERMISOLOGÍA»
Al consultar a SalmonChile, especificaron que el hecho que una concesión tenga causal de caducidad no significa que esté caducada. Especificaron que la gran mayoría de esos casos bajo esa categoría se mantienen así «por problemas de «permisología» que, como sector productivo, hemos expuesto a las autoridades pertinentes en el último tiempo».
Desde el gremio precisaron que existe un retraso de dos a tres años en la gestión de prácticamente todos los trámites administrativos que regulan la actividad acuícola, que «dependen de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, información que -además- no está en línea con Sernapesca y Subpesca», apuntaron.
Añadieron que se trata de «una información conocida» y que lo han planteado a organismos públicos correspondientes «para que rectifiquen esta situación». Subrayaron que la salmonicultura «es un sector altamente regulado y fiscalizado por más de 25 organismos públicos».
INSTRUMENTO FINANCIERO
El director ejecutivo del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, expuso que las concesiones salmoneras «se han convertido en un instrumento financiero no productivo, en un mercado que compra, vende, arrienda estas concesiones. Es decir, son un activo comercial especulativo de la industria salmonera que utiliza para hipotecar, respaldar sus créditos y seguros en el sistema».
Advirtió que, de no haber una modificación, la «banca será la mayor propietaria de concesiones salmoneras en Chile, debido a las frecuentes crisis que sufre esta industria».
Cárdenas, quien es médico veterinario de profesión, cuestionó al subsecretario Eidelstein, del que dijo que «está presentando vías de escape para las megacompañías salmoneras transnacionales». Entre ellas, mencionó que «relativiza la no actividad en estos centros de cultivo, que signifiquen caducidad»; sumó que se argumenta poco personal para desarrollar estos procedimientos, así como falta de coordinación entre esa Subsecretaría y la de Pesca y Acuicultura (Subpesca), lo que redunda «en el retraso de la tramitación administrativa de dos a tres años, en la implementación de estas caducidades».
El director ejecutivo de Ecoceanos también se refirió a una «falacia» que se ha sostenido para exponer posibles efectos en el desempleo. «Existen 457 concesiones en el país que no han sido utilizadas por la industria, por razones especulativas. Si estuviesen tan preocupados del empleo, estas concesiones estarían operando y trabajando. Al contrario, cuando ellos tienen que eliminar puestos de trabajo, no tienen ningún escrúpulo», sentenció.
QUE SE APLIQUE LA LEY
Mientras que Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, consideró como «relevante que el gobierno del presidente Boric tome una posición clara al menos sobre las concesiones que están en causal de caducidad de acuerdo a la ley e instruya a los servicios públicos para que se aplique la legislación vigente».
También descartó efectos en el empleo y explicó que «la ley señala que están en condición de caducidad las concesiones que después de haber sido otorgadas no han iniciado sus operaciones en un periodo de un año, como también aquellas que, habiendo operado alguna vez, hayan suspendido sus actividades por dos años. Resulta evidente que si nunca han operado o si han suspendido operaciones por un periodo igual o superior a dos años, no hay puestos de trabajo asociados», manifestó.
Liberona también acusó una excesiva tramitación, puesto que «sólo hemos recibido respuesta sobre la revisión que ha hecho la Subsecretaría de cinco procesos» de 720 que identificaron en causal de caducidad a nivel nacional, «lo cual, sin lugar a dudas, denota una extremada lentitud».
Reveló que, a través de una investigación propia, identificaron 280 concesiones en causal de caducidad al interior de áreas protegidas, lo cual «fue denunciado a la Contraloría General de la República en septiembre de 2022, para que dicho organismo realice una auditoría en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y Sernapesca, ante estas graves omisiones».
