Felipe Portales
Desde el punto de vista político, ya en agosto de 1991 el propio presidente Aylwin “notificó” al
país que “la transición ya está hecha” y que “en Chile vivimos en democracia” (El Mercurio; 8-8-
1991), en circunstancia de que a esa fecha ninguno de los requisitos planteados en 1984 por la
Alianza Democrática (antecesora de la Concertación) para acceder a una Constitución realmente
democrática se habían cumplido (Ver Patricio Aylwin.- El Reencuentro de los demócratas. Del
golpe al triunfo del NO; Edic. Grupo Zeta, 1998; p. 259). Así, lo que en 1984 se planteaban como
requisitos para la existencia de una efectiva democracia, en 1991 pasaron a concebirse como
simples factores de “perfeccionamiento” de una democracia ya existente. Todo esto culminó en
2005, cuando luego de algunos cambios importantes en la Constitución -consensuados
obviamente entre la derecha y la Concertación, pero que no alteraron su esencia autoritaria y
neoliberal, ¡como hoy todos lo reconocen!- ¡Ricardo Lagos y todos sus ministros suscribieron
fervorosamente el texto actual, dejando afuera de aquel la firma de Pinochet!…
A su vez, en el ámbito de los derechos humanos se abandonó también desde un comienzo el
compromiso programático de buscar la justicia derogando el decreto-ley de amnistía de 1978;
como lo reconoció el máximo ideólogo de la transición, Edgardo Boeninger (Ver Democracia en
Chile. Lecciones para la Gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; p. 400). Es más, se buscaron en
numerosas ocasiones -en conjunto con la derecha- aprobaciones de leyes que extendieran la
amnistía hasta 1990 o que permitieran cerrar los casos de detenidos-desaparecidos sin justicia.
Ello fracasó gracias a la fuerte reacción moral de las agrupaciones de familiares de víctimas y de
las ONG de derechos humanos. Aquellos intentos -felizmente frustrados- pueden comprenderse
por la valoración positiva que el liderazgo de la Concertación adquirió de la obra económico-social
de la dictadura. Una concordancia en los fines hace siempre menos problemática una discordancia
en los medios, por profunda que esta haya sido.
En el mismo sentido, los gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle defendieron siempre a Pinochet en
sus numerosos viajes al exterior como comandante en jefe del Ejército, cuando éste era duramente
criticado por políticos, periodistas u organizaciones de derechos humanos. Lo propio hizo el
gobierno de Frei cuando parlamentarios disidentes de la Concertación acusaron
constitucionalmente al ex dictador en 1998 como una forma de impedir su vergonzoso acceso al
Senado como miembro vitalicio. Intento que fue derrotado por el propio gobierno al aplicar toda
su presión sobre los parlamentarios concertacionistas. Todo ello culminó cuando en agosto de ese
año el presidente del Senado, Andrés Zaldívar(DC), invitó a Pinochet a la testera para presentar en
conjunto un proyecto de ley que sustituyó el feriado del 11 de septiembre por un “Día de la Unidad
Nacional” a celebrarse el primer lunes de septiembre; proyecto que fue aprobado por unanimidad.
Algo que nadie, en su sano juicio, podría achacar ya a un “temor” hacia las Fuerzas Armadas…
Además, Patricio Aylwin consideró positivo para el país ¡la permanencia de Pinochet como
comandante en jefe del Ejército (virtualmente autónomo) hasta 1998! (Ver El Mercurio, 28-9-1993;
El Mercurio, 30-4-1994; La Epoca, 9-7-1994; Caras, 18-8-2000; El Mercurio, 26-9-2003; y El País,
España, 27-5-2012).
Y como es sabido, los gobiernos de Frei y Lagos defendieron fervorosamente a Pinochet frente al
mundo cuando aquel fue detenido en el Reino Unido en octubre de 1998, a petición de la Justicia
española. Y ejercieron presiones públicas y privadas al juez Juan Guzmán -y a los tribunales de
justicia nacionales en general- para obtener la impunidad final del ex dictador, durante y
particularmente después que lograran la liberación de Pinochet del Reino Unido.
Por otro lado, pese a que en general el liderazgo de la Concertación ha guardado cierto pudor en
confesar su “convergencia” con la derecha, a lo largo de los años ha sido inevitable que en diversas
instancias su “neoliberalización” haya sido públicamente reconocida, particularmente por Alejandro
Foxley y Eugenio Tironi. El primero fue crucial –como ministro de Hacienda de Aylwin- en la
conducción económica (continuada después) de los gobiernos de la Concertación. Y el segundo
–que fue Director de Comunicaciones de Aylwin- ha sido un intelectual clave en la “renovación” del
socialismo chileno.
Así, Foxley, ya como senador DC en 2000, afirmó con total desparpajo que “Pinochet realizó una
transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este
siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después,
al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su
capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73, con
Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces
de persuadir a un gobierno militar –que creía en la planificación, en el control estatal y en la
verticalidad de las decisiones- de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar,
desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile,
que ha terminado siendo aceptada prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el
test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los
chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de
Chile en un alto lugar. Su drama personal (sic) es que por las crueldades que se cometieron en
materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado
permanentemente ensombrecida” (Cosas; 5-5-2000).
