Desde 2014, las comunidades de Intag, en Ecuador, luchan contra el proyecto Llurimagua, de Codelco y su par ecuatoriana (Enami EP), logrando recientemente la revocación de la licencia ambiental. Requerida Cochilco, entidad estatal fiscalizadora de Codelco, sobre antecedentes de esta operación que compromete dinero público y devela una nefasta relación con comunidades campesinas y pueblos indígenas, se negó a entregarlos, aduciendo que es información comercial estratégica y materia de interés nacional.
El Tribunal Único de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura Ecuador, revocó la Licencia Ambiental concedida al proyecto Llurimagua de Codelco, en asociación con la Estatal ecuatoriana Enami-EP, y suspendió toda actividad minera en la zona de influencia del mismo. Por casi 10 años, las comunidades sufrieron presidio, criminalización y vulneración de los derechos colectivos, en un proceso que fue acompañado desde Chile por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, quien pese a levantar denuncias, iniciar acciones administrativas y evidenciar los daños que la estatal estaba generando en comunidades hermanas, jamás logró siquiera algún pronunciamiento público de parte de Codelco.
Una vez logrado el histórico fallo en Imbabura, comprobando la legitimidad de las denuncias comunitarias y la inviabilidad del proyecto, Lucio Cuenca, director de OLCA, solicitó vía ley de transparencia, actas e informes de fiscalización, auditorías y montos de inversión del rechazado proyecto. Sin embargo, Cochilco se amparó en toda una arquitectura jurídica, que en la práctica exime a Codelco y a los propios fiscalizadores de la obligación de reportar a sus accionistas, todos los chilenos y chilenas, de sus actos.
La Comisión Chilena del Cobre, una vez recibida la solicitud, avisó a Codelco que se podía oponer, tras lo cual la empresa estatal armó la justificación legal para sostener la oposición, y con los mismos argumentos, en un documento de 8 páginas, Cochilco respondió denegando el acceso a la información. El escrito apeló a la Constitución Política, al D.F.L. N 1/19.653 (SEGPRES), la Ley 19.880, la Ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública y su Reglamento, los artículos 5 (letra g), 6 y 12 del Decreto Ley 1.349, del Ministerio de Minería; la Resolución Exenta 293, y el Decreto Supremo 10 del Ministerio de Minería. Es decir, consolidó una batería legal que determina que la información solicitada no sería puesta a disposición de la ciudadanía. Esto evidencia que hay un blindaje para una fiscalización activa, en el que convenientemente, se echa mano a la doble condición de empresa estatal sometida a la legislación común aplicable a un privado según la Constitución, y de órgano estatal que se beneficia de excepciones que establece la ley de Acceso a la Información Pública (Transparencia) apelando al interés nacional.
Para Cuenca «es evidente que hay todo un andamiaje institucional para que pese a ser la estatal de todos los chilenos y chilenas, nuestras capacidades de fiscalización se encuentren neutralizadas por las leyes del mercado». El director de OLCA sostiene que esta situación es particularmente grave al proyectarse públicamente una imagen de probidad y de control social, que habilitaría a Codelco para una buena gestión empresarial estatal del litio, por ejemplo. «En la práctica se puede apreciar que Codelco está operando como cualquier transnacional minera, y que su estampa de empresa pública no es garantía de operaciones respetuosas de la vida, la democracia y la sustentabilidad. En este sentido, sería muy pertinente que la bancada oficialista de la cámara de diputados instruya la constitución de una comisión investigadora sobre el proceder de Codelco en Ecuador y su fracasado intento de internacionalización, para constatar si existe alguna vía de monitoreo ciudadano o tendremos que seguir siendo cómplices pasivos de gestiones negligentes de la estatal».
Para Cuenca la solución pasa por fortalecer la empresa pública, pero ello requiere al menos revisar los mecanismos de fiscalización y de rendición de cuentas, y mostrar la voluntad política de ser pioneros en la implementación de los instrumentos que buscan asegurar el resguardo de los derechos humanos y de la naturaleza.
