Saúl Escobar Toledo. México
De acuerdo con los datos más recientes del INEGI (https://www.inegi.org.mx/temas/pib/)
el crecimiento de la economía mexicana, medida por el índice del Producto Interno Bruto
(PIB), ha sido nulo si se mide entre el cuarto trimestre de 2018 y el de 2022 ya que apenas
alcanzó un 0.08%. Si tomamos en cuenta los datos anualizados, el año pasado todavía no
alcanzaba los niveles de 2018, y presentaba un decrecimiento de -0.9% aunque superaba
los de 2017 en 1.3%. Se trata de cifras que pueden ajustarse, pero muestran, sin duda,
que la economía mexicana no ha crecido en los últimos cinco años. Este fenómeno se
explica por varias razones, desde luego por el trauma de la pandemia que impactó
principalmente 2020 y 2021. También por la situación internacional y los problemas que
se presentaron: primero el freno de las actividades en todo el mundo, después la
interrupción de las cadenas de abastecimiento (refacciones y materias primas), y luego la
inflación y el aumento de las tasas de interés. Otro asunto que ha pesado tiene que ver
con la política económica pues se optó por la moderación y la estabilidad para no poner
en riesgo la balanza de pagos y evitar una devaluación de nuestra moneda. El “supero
peso” es entonces resultado de una administración conservadora de la economía y refleja,
paradójicamente, la ausencia de medidas suficientes y oportunas para reanimar el aparato
productivo.
Ahora bien, si nos fijamos en el comportamiento por sectores entre 2018 y 2022, vemos
que el sector primario (agricultura) fue el que creció más (8.8%); el sector secundario, por
su parte, tuvo un comportamiento negativo (-1.25%) y en cambio, las actividades
terciarias (servicios) crecieron en un 0.38%. Sin embargo, hay que recordar que, sin tomar
en cuenta los impuestos, las actividades primarias representan una porción muy pequeña
de la actividad económica (4.2%) en tanto que el grueso de éstas se ubica en los servicios
(59%) y en la industria y la minería (32%).
Por su parte, la ocupación y los salarios han tenido un comportamiento menos negativo. Si
medimos el primer rubro con el concepto de brecha laboral, la cual incluye la
desocupación abierta; los subocupados; y las personas que no buscan un trabajo pero
estarían dispuestas a aceptarlo debido a que necesitan esos ingresos (la Población no
Económicamente Activa disponible), ésta representó alrededor del 18% a finales de 2018
y en marzo de 2023 fue de 17.5%. Un progreso pequeño que, no obstante, resulta mejor
que el comportamiento de la economía en su conjunto.
En materia de salarios, el mínimo ha aumentado de diciembre 2018 a marzo de 2023 un
134% en términos nominales y de alrededor de 90.75% en términos reales (descontando
la inflación, según el Banco de México). Los contractuales han tenido un desempeño más
modesto. En el caso de las empresas privadas, habrán ganado un o dos puntos por encima
de la inflación. En cambio, los trabajadores de las empresas públicas, tan sólo en el inicio
de este año, han perdido por lo menos cuatro puntos porcentuales de su poder
adquisitivo. La política de austeridad les ha recortado sus salarios.
Hay otro elemento que hay que tomar en cuenta: en la medida en que la economía se fue
recuperando, todas las modalidades del empleo informal (por cuenta propia, empleo en
empresas familiares o en puestos laborales sin seguridad social) también se expandieron.
En marzo de 2023, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 32.5 millones de
personas y la Tasa de Informalidad Laboral fue 55 % de la población ocupada. Lo que
quiere decir que la mayoría de los trabajadores mexicanos laboran en condiciones
vulnerables: carecen, en su mayoría, de seguridad social, estabilidad laboral y reciben
ingresos muy reducidos.
De esta manera, puede decirse que la ocupación ya superó los niveles previos a la
pandemia; sin embargo, no ha cambiado su estructura: seguimos arrastrando los mismos
problemas, las brechas de desigualdad entre trabajadores formales e informales; entre
hombres y mujeres; entre las distintas regiones del país; y con un nivel de desempleo
juvenil elevado, pues más de la tercera parte de las personas sin ocupación tienen menos
de 24 años. En resumen, superamos el golpe de la pandemia, pero seguimos arrastrando
una situación muy deficiente.
La regulación de la subcontratación y, quizás el alza de los salarios mínimos, hayan servido
para impedir que el estancamiento económico redundara en una caída más fuerte de la
ocupación. En lo que se refiere al último asunto, hay que tomar en cuenta que los salarios
de menores ingresos se han elevado más que los intermedios y los que reciben ingresos
más elevados. Fenómeno que merece una investigación más minuciosa.
Las expectativas de crecimiento para este año apuntan a una cifra menor al 2% (1.6%
según el Banco de México). Sin embargo, el contexto internacional sigue siendo incierto y
los efectos de una recesión o una crisis financiera en Estados Unidos no pueden
descartarse.
Lo que resulta indudable es que se requiere de una nueva política económica que acelere
el crecimiento y dé lugar a una estructura ocupacional más justa para los trabajadores. No
puede apoyarse solamente en los aumentos al salario mínimo ni en los programas de
inversión en infraestructura que se están realizando.
Por lo pronto, resulta imperativo detener el aumento de las tasas de interés, como ya lo
están haciendo otros países, incluso de América Latina. El tipo de cambio del peso
mexicano no puede ser el objetivo más importante de la política económica.
Viendo hacia el futuro inmediato, han surgido propuestas para esbozar lo que podría ser
una agenda de reformas desde el lado progresista, entre las que se encuentran, por lo
menos, las siguientes: una reforma fiscal que grave a los sectores de mayores ingresos
(quizás apenas al 1% más rico) y disminuya los impuestos de los que menos ganan; una
política industrial apoyada en tres pies: inversiones públicas en infraestructura y servicios,
incluyendo no sólo aquella indispensable para las empresas (energía, comunicaciones,
internet) sino también para el reordenamiento urbano. Una segunda pata, consistiría en
su orientación “verde”, para evitar el saqueo de recursos naturales, principalmente el
agua; y una tercera, el aumento del gasto en Ciencia y Tecnología.
Asimismo, se requiere seguir avanzando en la agenda laboral. La reforma de 2017-2019
necesitará mayores recursos para que las nuevas instituciones funcionen mejor,
principalmente los juzgados laborales y los centros de conciliación. Un seguro de
desempleo es otra falta que se arrastra desde hace décadas. Asimismo, es indispensable
desplegar una red de instituciones estatales en materia de cuidados, especialmente
dirigidos a la mujer trabajadora (guarderías, escuelas de tiempo completo, alimentación
para menores, etc.). Por su parte, el Congreso tiene varios asuntos no resueltos: la ley
para la protección de los trabajadores que laboran para plataformas digitales y la semana
de cuarenta horas con dos días de descanso.
Dejemos para otra ocasión el tema del sistema de pensiones privado (manejado por las
AFOREs) debido a su complejidad. Anotemos, solamente, que el problema no está
resuelto. Tampoco hemos abordado el grave problema de las instituciones públicas de
salud y el retroceso en esta materia que quedó demostrado con la desaparición del
INSABI.
Todos estos asuntos por resolver deben verse a la luz de las lecciones que nos dejó la
pandemia, pero también observando que, en los fundamental y a pesar de algunos
cambios, seguimos teniendo un crecimiento insuficiente y una estructura productiva y del
empleo que persiste desde hace décadas. El cambio estructural no ha llegado y por lo
tanto, la pobreza, la desigualdad y el abandono de millones de mexicanos siguen siendo
una deuda pendiente.
saulescobar.blogspot.com
