OLCA 8 de mayo, 2023
La última semana de abril de 2023 la empresa Rucalhue Energía Spa -propiedad de China International Water & Electric, subsidiaria de la transnacional China Three Gorges Corporation- recibió un revés en su proyecto hidroeléctrico que pretende instalar en la localidad de Rucalhue, ubicada en la provincia del Biobío, Chile.
La Corte de Apelaciones de Santiago emitió su fallo ante un recurso de protección interpuesto por la empresa contra la Corporación
Nacional Forestal (CONAF). ¿El motivo? La empresa de capitales chinos buscaba deslegitimar la decisión de la CONAF de no declarar como de
interés nacional el proyecto hidroeléctrico que afectaría el río Biobío. La solicitud de que el proyeto sea reconocido como de “interés nacional” justificaba -según la empresa- la tala de especies de bosque nativo como el Naranjillo y el Guindo Santo, ambas especies endémicas de Chile, clasificadas como vulnerables en el registro de especies protegidas. No obstante, la propia empresa afirma en su recurso de protección que “la corta es indispensable para el proyecto y que sin ésta no puede continuar con su construcción”.
En la tramitación del recurso, la Corte de Apelaciones solicitó informes a diversas instituciones estatales. De un total de seis entidades, cinco organismos se pronunciaron contra la declaración de interés nacional para el proyecto, siendo instituciones que van desde Ministerios del Gobierno hasta Municipalidades en representación de gobiernos locales. La única entidad que se mostró a favor fue el Ministerio de Energía, que entre sus fundamentos planteó que Central Rucalhue forma parte de los 220 proyectos prioritarios establecidos por el Gobierno de Sebastián Piñera con la justificación de reactivar la economía ante los efectos de la crisis sanitaria por la Covid-19.
En su fallo, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estableció que “el concepto de interés nacional trasciende lo puramente económico y se transforma en una evaluación mucho más integral”. Este argumento es sumamente valioso para la comprensión profunda referida al interés nacional, concepto que ha sido recurrentemente manipulado por el empresariado y los Estados en contra de la defensa de los
territorios, facilitando la explotación en manos públicas o privadas, como también negando acceso a información a la población. Así, continúa el fallo, la inclusión de los gobiernos regionales y locales mediante informes establece una “perspectiva desde la cual no puede decirse que el acto cuestionado carezca de motivaciones, fundamentos razonables o lógicos”.
El hecho marca un punto esencial a considerar no solo para el conflicto que se vive en Rucalhue, sino a escala nacional e internacional como una experiencia en donde un tribunal acredita que el interés nacional no es netamente algo sustentado en aspectos y lógicas económicas, sino que contempla un amplio espectro de consideraciones y elementos donde es esencial el rol de los gobiernos locales, los cuales en este caso se han visto reiteradamente emplazados por las comunidades para tomar posición contra el negocio hidroeléctrico en favor de la naturaleza y de las comunidades locales.
Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, resaltamos que la persistente lucha que se sostiene contra el proyecto hidroeléctrico ha sido esencial para llegar a este punto. Esta lucha incluye la defensa de especies vulnerables como Naranjillo y Guindo Santo, cuya protección es prioritaria, tal como lo han acreditado los organismos gubernamentales pertinentes.
En este sentido, el estándar de los proyectos no puede rebajarse cuando la biodiversidad está en crisis. Al contrario, esta resolución reconoce que es asunto de interés estratégico para Chile la conservación de las especies y proteger su relación de interdependencia con las comunidades aledañas.
Sin embargo, el historial de conflictividad no se cierra tras este fallo. La empresa ha ingresado una nueva solicitud de excepción para que su proyecto sea declarado como interés nacional, la cual entró a tramitación al mismo organismo que lo rechazó inicialmente: la CONAF. A esto se suma una serie de denuncias de parte de comunidades y organizaciones que continúan en curso contra la iniciativa hidroeléctrica, como lo es la solicitud de caducidad de su concesión eléctrica debido a los notorios retrasos del proyecto, una denuncia por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por modificaciones estructurales al proyecto y, además, denuncias referidas a amedrentamientos contra la población, lo que se suma a dos querellas criminales contra opositoras y opositores al proyecto, que aún se encuentran en trámite.
Hoy, ante una intención de darle un empujón a la Central Rucalhue por parte de la empresa, la lucha de las comunidades continúa para no solo declarar nuevamente que el negocio hidroeléctrico no es de “interés nacional”, sino también para reforzar el hecho de que la defensa de los ríos está por sobre la ambición transnacional.
