Josu Egireiun
Viento Sur, 21-1-2023
Con una cifra de manifestantes que ya en boca del ministro del interior (1,2 millones, los sindicatos anunciaron dos millones) son superiores a las que preveían los sindicatos los días previos, todo el mundo da por bueno que esta jornada de movilización ha constituido un éxito para el movimiento sindical. No sólo por la cantidad de gente que se ha movilizado, sino también por la extensión que ha tenido la movilización en ciudades pequeñas y medianas a todo lo largo y ancho del hexágono.
Desde Perpignan (15.000) a Nantes (50.000), desde Le Havre (35.000 a Bayona y Pau (15.000), o desde Brest (13.500) a Niza (20.000), nunca se habían conocido manifestaciones -un total de 200- tan concurridas. Movilizaciones que en ocasiones han superado las cifras de las históricas movilizaciones de 1995, en las que se logró echar para atrás la reforma de pensiones de Alain Juppé.
A estas manifestaciones hay que añadir las significativas huelgas en el sector de la energía (nuclear, refinerías, servicio eléctrico), el transporte (largas distancias y cercanías), la enseñanza (elemental, secundaria y universidad) y, muy importante, el desarrollo de huelgas en el sector privado: industria alimentaria, sector del automóvil, electrónica, etc.
Y todo ello a pesar de la brunete mediática puesta a disposición del gobierno, como denuncia la asociación Acrimed (Action Critique Medias): “Desde los informativos matinales a las revistas de actualidad y los debates televisivos, el gobierno cuenta con un fuerte y nutrido escuadrón de pedagogos, empeñados en enseñar a los recalcitrantes, que necesariamente son ignorantes o están mal informados”.
El éxito de esta movilización, su masividad, se basa en dos elementos: el primero, la unidad de todos los sindicatos (CFDT, CGT, FO, CFE/CGE, CFTC, UNSA, Solidaries y FSU) y, sobre todo, la participación de la CFDT –sindicato mayoritario y que hasta la fecha ha optado siempre más por la vía del diálogo que de la confrontación–; el segundo, que si bien el detonante de esta gran movilización es la reforma de las pensiones, lo que se expresa en la calle es un enorme hartazgo tanto por la degradación continua de las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social, de sus clases más desfavorecidas (por los efectos de la inflación, el deterioro de los servicios públicos, o los recortes en las prestaciones por desempleo) como por la arrogancia de un gobierno que, fiel a su credo, sólo tiene como objetivo enriquecer a los más ricos. Hasta el punto que el ministro de economía, Bruno Lemaire, en los días previos a la huelga no tuvo ningún reparo en burlarse de la propuesta que han lanzado 200 multimillonarios del planeta ante la cumbre de Davos, exigiendo más impuestos para los ricos para salir de la crisis provocada por la covid-19. Sobre todo, cuando la razón para esta reforma de las pensiones es enjuagar el déficit presupuestario del gobierno.
Todo un gesto que muestra la dureza con la que va a actuar Macron y su gobierno frente a la movilización social. Más teniendo en cuenta que en la tramitación parlamentaria de la ley cuenta con el apoyo de la derecha tradicional (Les Republicains), lo que le permite obtener una mayoría en el parlamento.
De hecho, el mismo día 19 (en la conferencia de prensa junto a Pedro Sánchez en Barcelona), a Macron le faltó tiempo para mostrar su determinación para seguir adelante con la reforma, partiendo de la base de que en este conflicto el gobierno está cubriendo todos los trámites democráticos (léase, diálogo social -fracasado- con los sindicatos, y tramitación parlamentaria) para aprobarla. Con ello trata de oponer la legalidad institucional a la opinión mayoritaria en el país que rechaza la reforma y, sobre todo, intenta restar legitimidad democrática a la dinámica de movilización en la calle iniciada el 19 de enero.[1].
Así pues, la lucha contra la reforma de las pensiones no ha hecho más que empezar; y para ganarla, la movilización social de sindicatos, asociaciones y partidos políticos de izquierda iniciada el 19 de enero deberá ganar en extensión e intensidad, porque para que el gobierno dé marcha atrás en esta reforma de las pensiones no basta con contar con la opinión de una mayoría social en contra, sino que es necesario crear una relación de fuerzas para enviarla al basurero de la historia, para forzar a quienes gobiernan a reconocer que si no se retira la ley el caos será total.
Echando la vista atrás
En este sentido, no está de más recordar el balance de la derrota de las movilizaciones de 2010. En aquel momento, como señaló Alain Bihr,
La estrategia sindical, claramente expresada y repetida a voluntad por los distintos dirigentes sindicales (François Chérèque y Bernard Thibault, en particular), consistía en ‘ganar la batalla de la opinión pública’: demostrar, mediante manifestaciones callejeras masivas y repetidas, apoyadas por algunas jornadas de huelga, que la reforma gubernamental era impopular porque se percibía como profundamente injusta y que, por tanto, el Gobierno estaba privado de toda legitimidad democrática en la materia, aunque tuviera la ley de su parte. El presupuesto era que un gobierno democrático no puede gobernar contra la calle y llevar a cabo una reforma tan evidente y masivamente rechazada por el pueblo (en el sentido político del término: todos los ciudadanos). (…)
Tal estrategia no era absurda a priori. Podría basarse en el precedente de noviembre-diciembre de 1995, cuando, ante un movimiento social a gran escala, Alain Juppé (entonces primer ministro) y Jacques Chirac (presidente) tuvieron que modificar seriamente su proyecto de ‘reforma’ del seguro de enfermedad. Incluso podría invocar un éxito más reciente, el del movimiento contra el ‘contrat premier emploi’ (CPE) en la primavera de 2006 (…). Y, sin embargo, esta vez, esta estrategia fracasó (…) [Porque] El Gobierno actual ya no considera que su legitimidad provenga de las urnas y que deba rendir cuentas a sus electores y, más ampliamente, a todos los ciudadanos, de sus compromisos anteriores o, más en general, del bien público. Su única legitimidad es ahora la que ostenta a partir de su total servilismo a los intereses del capital y en particular de su fracción hegemónica, el capital financiero”. Y, más en concreto, la estrategia sindical en el otoño de 2010 no podía pasar por alto la guerra social declarada en Europa a partir del 8-9 de mayo en la reunión urgente del BCE, del ECOFIN y del FMI para definir un plan de rescate para salir de la crisis de 2008 [2] y de la que Macron es un alumno aventajado.
Por ello, la cuestión que se plantea ahora es cómo construir un movimiento fuerte para ganar. Porque no hay otra alternativa.
Hacer frente a las dificultades, construir un movimiento para ganar
Todo el mundo es consciente que la situación no se presenta nada fácil, por ello el margen de error para la estrategia sindical es, también, pequeño. Son muchos años acumulando derrotas y esta movilización se da en medio de una crisis económica y social en la que cada vez hay más gente que no llega a fin de mes con el salario, lo que puede incidir en la capacidad de mantener un movimiento sostenido de huelgas. De ahí que la respuesta a esta ofensiva gubernamental tendrá que ser de una intensidad superior a la que hemos conocido en años pasados.
La magnitud de la movilización del día 19, la voluntad de la mayoría social del país de revertir las políticas y la arrogancia gubernamental y patronal impone importantes responsabilidades a la izquierda social y política. Para que Macron retire su reforma será necesario elevar el nivel de movilización con el objetivo de atraer a nuevos sectores y bloquear el país. Ese es el único lenguaje que entienden Macron y su gobierno.
Por el momento, tras la movilización del 19, a la que le ha seguido la manifestación del sábado 21 (convocada por las organizaciones juveniles y apoyada por La France Insoumise, NPA y Generation-s ha movilizado en torno a 20.000 personas), el conjunto de organizaciones sindicales ha convocado ya una nueva jornada de huelga general para el martes 31, al mismo tiempo que llaman a “multiplicar acciones e iniciativas en todo el territorio, en las empresas y en los servicios, en los centros de enseñanza… incluso convocando huelgas, sobre todo en torno al 23 de enero en el que el Consejo de ministros debatirá el proyecto de Ley”. Una orientación que, en determinados sectores, como el transporte y refinerías o educación, ya anima debates para poner en pie huelgas renovables [en nuestro lenguaje, una huelga indefinida que se decide día a día]. Este sábado ya se conoce que el conjunto de sindicatos de la SNCF convoca una huelga renovable a partir del día 31, lo que es una buena noticia.
A diferencia de otras huelgas en las que la justificación del rechazo a las propuestas gubernamentales exigía un trabajo importante de explicación y pedagogía, en esta ocasión, estando ganada de antemano la batalla de opinión sobre la sinrazón de la reforma, el reto de cara al día 31 va a estar en organizar asambleas generales de debate en los centros de trabajo y enseñanza para reforzar y ampliar la movilización, y en crear y extender al máximo los espacios de debate y reflexión a nivel local sobre la necesidad de elevar el listón de la movilización para tumbar la reforma.
Por último, a nadie se le escapa que la importancia del resultado de esta confrontación social afecta al proyecto neoliberal de la UE, que tiene como uno de sus objetivos prioritarios el desmantelamiento de los sistemas de pensiones de reparto. De ahí la importancia de difundir la experiencia de esta lucha y de solidarizarse con la misma.
Notas
[1] En ese contexto no está de más recordar que en lo que va de los años 2000, al menos en dos ocasiones la legitimidad institucional fue totalmente deslegitimada cuando se expresó la voluntad popular. La primera, en relación al referéndum sobre el proyecto de constitución europea: votado con 760 votos a favor, 66 en contra y 96 abstenciones en la asamblea conjunta del Parlamento y Senado, el 27 de enero de 2005; el proyecto fue rechazado en el referéndum celebrado en mayo de ese año. La segunda, en marzo del año siguiente, cuando el gobierno de Villepin tuvo que retirar la Ley de Contrato del primer empleo aprobada en el parlamento el 2 de abril, dada la fuerte oposición social en la calle.
[2] http://alencontre.org/economie/une-guerre-sociale-nouvelle-s%e2%80%99ouvre-en-europe.html
