Por Andrés Figueroa Cornejo
Este martes 17 de enero, la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, y la Asamblea Nacional de los Pueblos, ANP, realizaron una conferencia de prensa para convocar a un paro nacional el próximo 19 de enero.
El dirigente de la CGTP, Jerónimo López dijo que, «estamos convocando a un paro nacional, cívico y popular para el 19 de enero, considerando que tras la muerte de 50 personas en enfrentamientos, varias regiones del país están exigiendo democráticamente la renuncia de la señora Dina Boluarte, elecciones generales para el 2023, la convocatoria a un referéndum para que el pueblo se pronuncie respecto de convocar a una Asamblea Constituyente o continuar con la actual Constitución, y el cambio de la mesa directiva del Congreso».
El miembro de la ANP, Hernando Ceballos, manifestó que «rechazamos la violencia policial que intentó obstruir ayer la asamblea que realizamos en la sede de los Trabajadores Telefónicos. La protesta es un derecho y esperamos que el Ejecutivo y Legislativo respeten la voz y el reclamo del pueblo».
Por su parte, Jorge Pizarro indicó que «el 70 por ciento de la ciudadanía está por una Asamblea Constituyente. Además, son innumerables las entidades gremiales, sociales y profesionales que piden la renuncia de Boluarte. Y no queremos ningún muerto más, ningún perseguido más. Tiene que terminar el Estado policial de Dina Boluarte».
Una de las concentraciones centrales de la protesta nacional se realizará en Lima.
La Marcha de los Cuatro Suyos
Tal como lo prometieron, este lunes 16 de enero millares de personas provenientes de los cuatro suyos, la originaria división territorial incaica, se dirigen a la capital del país para exigir el fin del régimen Boluarte-Otárola, el cierre del Congreso golpista y oligárquico, y la convocatoria a nuevos comicios generales este 2023. La protestas en distintas localidades del Perú no se han detenido desde hace más de un mes, la cuales se han sentido con especial intensidad en Apurímac, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Madre de Dios y Puno, pese a las masacres que llegan a 50 manifestantes asesinados por agentes policiales y militares con munición de guerra, los innumerables heridos y los procesados con cargos de “terrorismo”.
La marcha de los cuatro suyos consiste en una caravana multitudinaria y colorida de los pueblos del país andino compuesta de vehículos y caminatas que comenzaron el domingo 15 de enero. Este lunes 16 las movilizaciones han multiplicado el bloqueo de carreteras y vías, alcanzando más de un centenar de ellas, cuando hace 15 días sólo llegaban a 36, de acuerdo a información oficial.
Por su parte, la dictadura, ofreciendo señales de debilidad y descomposición, estableció el estado de emergencia en las regiones de Lima, el Callao, Puno y Cusco, declaración irrespetada por las fuerzas populares y democráticas que, armadas de dignidad y razones justas, marchan legítimamente sobre la capital, como lo hicieron hace años contra la tiranía del genocida Alberto Fujimori.
La medida, que tiene un mes de duración desde el domingo 15 de enero, otorga plenos poderes a la policía para mantener el control del orden interno del país con el auxilio de las Fuerzas Armadas, y consiste en la suspensión de los derechos constitucionales de la población, como la inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales. En el departamento de Puno ya se impuso el toque de queda. No obstante, el pueblo marcha.
Desde comienzos de diciembre de 2022, se iniciaron las movilizaciones, protestas y marchas contra el régimen golpista que expulsó inconstitucionalmente al presidente Pedro Castillo, elegido por las urnas. El Congreso, tomado por los representantes de los intereses oligárquicos, es el epicentro donde se originó una larga crisis política institucional larvada desde antes de los comicios que dieron la victoria a Castillo. De hecho, es el mismo parlamento el que le impidió gobernar.
Al respecto, uno de los factores decisivos del golpe de Estado fue la eventualidad de aplicar un programa de aristas progresivas que favorecían a las clases trabajadoras y populares. Por ello, en cuanto se produjo la asonada antidemocrática, la embajadora de Estados Unidos en Perú y el propio secretario de Estado estadounidense respaldaron a Dina Boluarte.
En un marco ampliado de relaciones de fuerza a escala mundial, Estados Unidos y sus aliados y subalternos, en medio de una crisis de hegemonía planetaria contra China y sus adeptos, desde hace años viene impulsando los denominados «golpes institucionales o parlamentarios» en América Latina. Ya ocurrieron el 2004 en Haití contra Jean-Bertrand Aristide, el 2009 contra Manuel Zelaya en Honduras, el 2012 contra Fernando Lugo en Paraguay, el 2016 contra Dilma Rousseff en Brasil, y el 2019 contra Evo Morales en Bolivia.
El imperialismo norteamericano precisa asegurar las relaciones de subordinación históricas que ha sostenido con Latinoamérica para enfrentar ordenadamente esta suerte de segunda guerra fría. Por ello, el desenvolvimiento de la lucha del pueblo peruano cobra inmediatamente carácter anticolonialista y antiimperialista.
Según el Instituto de Estudio Peruanos, la población, conforme a las diversas regiones del país, rechaza el régimen de Boluarte entre un 80 y un 88 por ciento.
