Frei Betto *
Revista IHU, 10-1-2023
Traducción de Correspondencia de Prensa
Al destruir los palacios de los tres poderes el domingo 8 de enero en Brasilia, los terroristas bolsonaristas mostraron sus caras y sus garras. Trumpistas miméticos, reprodujeron aquí en mayores dimensiones los actos vandálicos ocurridos en el Capitolio, en Washington, hace dos años, en una demostración cabal de que su lema es «¡dictadura sí, democracia no!»
La seguridad falló debido a la complicidad del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha (MDB), y de su Secretario de Seguridad, el ex ministro de Justicia Anderson Torres (Unión Brasil). La Policía Militar de la capital federal, responsable de la defensa del patrimonio nacional, facilitó la acción de los criminales y sólo detuvo a algunos vándalos después de que Lula decretara la intervención federal en la seguridad pública de Brasilia.
Las Fuerzas Armadas se omitieron, en una evidente postura de apoyo tácito al terrorismo. De hecho, las «incubadoras de terroristas», como bien calificó el ministro de Justicia, Flávio Dino, al referirse a las acampadas bolsonaristas frente a cuarteles, acabaron por empollar el huevo de la serpiente. La Justicia brasileña cometió el grave error de, en los inicios de la redemocratización del país, a mediados de la década de 1980, no castigar con rigor a los asesinos y torturadores al servicio de la dictadura militar que se apoderó del país durante 21 años (1964-1985). Si Brasil hubiera seguido el ejemplo de Argentina, Uruguay y Chile, habría separado el trigo de la paja.
Sin embargo, un recurso ridículo, la «amnistía recíproca» (1), impide cualquier castigo a quienes, en nombre y por cuenta del Estado, torturaron, asesinaron, secuestraron e hicieron desaparecer a opositores al régimen militar. Bolsonaro, cuya historia familiar está comprobadamente vinculada a las milicias, como demuestra el libro «O negócio do Jair – a história proibida do clã Bolsonaro», de Juliana Dal Piva (Zahar), observaba todo desde su cabaña en Miami. En la misma ciudad, Anderson Torres, ahora despedido del gobierno del Distrito Federal, estaba de vacaciones.
Afortunadamente, el golpe fue abortado por la enérgica acción de Lula, el ministro de Justicia, Flávio Dino, y el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal. La turba fue expulsada de los palacios de la República y trescientos vándalos fueron detenidos. Ahora queda por descubrir y castigar a quienes financiaron las caravanas terroristas a Brasilia y por qué las Fuerzas Armadas guardaron un descarado silencio.
Sólo hay un antídoto contra el autoritarismo: más democracia. Y eso significa reforzar la participación popular en el gobierno de Lula. La gobernanza no puede depender únicamente de las negociaciones parlamentarias y del consentimiento de las Fuerzas Armadas. Es esencial que su principal apoyo sea el pueblo politizado y organizado.
No es con el techo de gasto con lo que el Gobierno de Lula debe preocuparse. Es con el suelo firme de la movilización popular.
* Frei Betto, escritor, autor de Tom vermelho do verde (Rocco), entre otros libros. Fue asesor del primer gobierno Lula.
Nota
1) Alude a la Ley de Amnistía decretada por la dictadura militar en 1978, que permitió la liberación de presos políticos y el retorno de los exiliados. Vigente hasta hoy, opera de hecho como una auto-amnistía del terrorismo de Estado. Durante sus anteriores 14 años de gobierno, Lula y el PT contemplaron este pacto político-institucional de impunidad. (Redacción Correspondencia de Prensa)
