por Gustavo Burgos
La noticia de la acusación constitucional en contra de Piñera ha recorrido el mundo. Los medios refieren la inminencia de la destitución del Presidente-empresario por negociaciones incompatibles expuestas a la luz en el marco del escándalo de los denominados Pandora Papers. Es la segunda vez en la historia que se acusa a un Presidente, la primera fue en 1931 a Ibáñez quien ya estaba fuera del país, por lo mismo la noticia ha impactado en Chile tanto como por la maratónica templanza del lector de la acusación, el diputado socialista Jaime Naranjo quien leyó ininterrumpidamente por 15 horas para doblar la mano a la testera de la Cámara y permitir que votaran dos diputados —Jackson y Sabag— con restricciones sanitarias. Sin embargo, luego de esta votación que abre espacio al juicio político de destitución a Piñera, la misma Cámara hace lugar al pedido del propio Piñera para extender por 15 días más el Estado de Excepción constitucional en la llamada «Macrozona» de la Araucanía. Este gesto político pone en evidencia el carácter de clase del Congreso, patronal, al cual le preocupa más el desempeño empresarial de Piñera, que su condición de criminal violador de DDHH. Al igual que a Pinochet, se le lleva a juicio no por sus crímenes, sino por su pulsión de hacer negocios fuera de norma.
